Tras cuatro años de discusión, Uruguay se encamina a tener una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, incorporando mejoras y ajustes a la normativa vigente, una vieja asignatura pendiente que parece conveniente incorporar antes de que se inicie un nuevo año electoral.

Este martes se votará en la Cámara de Diputados un proyecto que tiene algunos consensos en el sistema político, pero otros de sus aspectos centrales siguen en discusión.

Sobre este tema habló con En perspectiva el diputado frenteamplista Mariano Tucci, integrante de la Comisión Especial sobre Financiamiento de la Democracia que ha venido funcionando en la Cámara baja.

El Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente elaboraron un documento unificado con 26 artículos, entregado a la Comisión para su evaluación y votación posterior.

Tucci admitió que las declaraciones en Fiscalía de la exsubsecretaria de Cancillería Carolina Ache sobre el caso Marset “fueron un disparador para el Frente Amplio” para retomar este tema.

Tucci aclaró que no fue así para los miembros de la coalición que integran la Comisión que discute el financiamiento de los partidos en Diputados.

“Nuestra tradición democrática nos obliga a revisar el marco normativo que regula la cristalinidad de los procesos electorales y el financiamiento permanente de los partidos”, expresó, y agregó que estamos en un tiempo en donde “el mundo da señales contundentes sobre lo que representa el crimen organizado para los Estados nacionales”. 

Tucci también agregó que hay una demanda ciudadana sobre estos temas.

Si bien ya existe una ley de financiamiento de los partidos políticos (ley 18.485), esta ya tiene casi 15 años, ya que fue sancionada en 2009. Según sostiene el frenteamplista, “hay que mejorarla porque la política lo requiere a gritos, porque los peligros están a la vuelta de la esquina y el Uruguay siempre ha sido un país de avanzada en materia legislativa que ha sabio anticiparse a los problemas y es lo que estamos tratando de hacer ahora”.

El proyecto no solo incluye el financiamiento de campañas electorales, sino que también regula los dineros que ingresan por la actividad permanente de los partidos y agrupaciones políticas. “Cuando valoramos lo que estaba sucediendo a nivel nacional, lo que valoramos políticamente es que lo que queremos es que haya un ley”, manifestó Tucci.

En los artículos que obligan a los canales de televisión a ceder minutos gratis en el horario central para que los partidos realicen sus propagandas para la campaña electoral radica la principal diferencia entre las posturas del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente con respecto a la visión del Partido Nacional.

El diputado aseguró que “hay algunos límites en esta negociación”. “Los frenteamplistas sentimos que es fundamental para fortalecer la calidad del proceso democrático especialmente en los ciclos electorales”, manifestó, y agregó: “Estamos convencidos de que, por razones de interés general, los partidos tienen que tener acceso a publicidad gratuita, por supuesto que respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pero sin perder de vista el objetivo central, que es que quienes compiten electoralmente puedan, de alguna manera, ofrecerle al electorado nacional sus propuestas programáticas e ideas de manera masiva a través de los medios nombrados por la ley”.

Consultado sobre si este tipo de regulación no está contemplada por la ley de medios, Tucci afirmó: “La ley de medios de comunicación seguramente se esté derogando casi en su completitud en las próximas horas”.

Con respecto a eliminar los dos artículos que refieren a brindar estos espacios gratuitos del proyecto, el legislador frenteamplista habló de que “hasta el día de hoy, no está documentada”.

Según la legislación actual, se permite 15 minutos de publicidad por hora en el horario central. Este proyecto habilita pasar a un máximo de 20 minutos, con la puntualización de que de esos 20, 10 deben estar destinados a la publicidad electoral gratuita. El reclamo de la compensación a los canales sería por esta diferencia de 5 minutos, que podrían comercializar.

“Se pretende compensar eventuales pérdidas que sufrirían los canales sin ofrecerle al Parlamento una proyección económico-financiera de los privados que cuantifique los eventuales perjuicios”, dijo.

“Sin datos es como firmarle un cheque en blanco al gobierno para que disponga con la más absoluta libertad”, ponderó. 

Para Tucci, de hecho, el tipo de facultad de brindar compensaciones a privados es propia del poder Ejecutivo. Sostuvo: “Mañana el presidente de la República Lacalle firma una iniciativa que compense a los canales por sus eventuales pérdidas y se termina el problema y, para eso, no necesita de los votos del Frente Amplio”.

A continuación, opinó: “Lo que busca la coalición es licuar la responsabilidad de la millonada de plata que le va a dar [a los canales] con la unanimidad de todos los partidos, porque sabe que el costo es grande y que se suma a otros beneficios que ya le han dado a los particulares”.

En esta línea, detalló los beneficios que, a su entender, han recibido estas empresas: “El 100% de los 80 millones del fondo audiovisual, la exoneración de casi medio millón solo este año por el no pago de canon establecido en la ley de medios y la concentración mayoritaria de la publicidad oficial”.

Otra idea que trajo a la mesa Tucci en la conversación fue fijar un monto para la tarifa por segundo que se les cobra a los distintos sectores. 

El parlamentario ejemplificó que en las elecciones de 2014 a la fórmula que ganó (Tabaré Vázquez-Raúl Sendic) “se le cobró el segundo a $ 636; al sector de Amorín Batlle se les cobró $ 763”, mientras que al herrerismo, de acuerdo con el integrante del MPP, se les cobró “$ 259”. Su fuentes son las declaraciones de ingresos y gastos de las fórmulas presidenciales ante la Corte Electoral.

Tucci dijo que puede llegar a “entender el funcionamiento global” del mercado, en referencia al aumento de competencia de los canales con las plataformas de streaming, pero alegó que “el Parlamento no es un boliche”. 

“Para tomar decisiones de esa magnitud nosotros tenemos que conocer la cuantificación de los eventuales daños y pérdidas que puedan tener los privados en este sentido”, consideró.