El presidente Luis Lacalle Pou confirmó ayer que la población de la ciudad de Rivera va a ser incluida en el orden de prioridades para el plan de vacunación.

El anuncio del mandatario surge en respuesta a un pedido que habían hecho el intendente de Rivera, el colorado Richard Sander, y varios legisladores oficialistas de ese departamento.

Rivera es el departamento de mayor riesgo epidemiológico en este momento, debido a que está en la zona roja de la escala de Harvard con 45,79 contagios en una semana cada 100 mil habitantes, el índice más alto del país.

Para profundizar en la situación que vive ese departamento, los periodistas Romina Andrioli y Felipe Llambias, conductores de En Perspectiva en Radiomundo, entrevistaron en la mañana de este jueves al senador colorado Tabaré Viera, uno de los legisladores que hicieron el pedido para priorizar a Rivera en el plan de vacunación.

"Su situación geográfica, la vida de esta ciudad fronteriza con 200.000 habitantes hace imposible cerrar fronteras. Son ocho kilómetros solo de frontera urbana. Hay un trasiego natural de personas. Se vive más la situación sanitaria de Brasil que de Uruguay", comenzó Viera.

Con respecto a la prioridad a la hora de vacunar, Viera explicó que debería aplicarse "a toda la frontera terrestre", y aclaró que no se trata de departamentos, sino de "puntos fronterizos", en este caso, la ciudad de Rivera.

"Rocha está en una situación que se acerca y se debería tomar como prioritario también", ejemplificó.

El senador aclaró que "obviamente" la población de riesgo de todo el país será la primera en recibir la vacuna, el personal de salud y los mayores de edad, y que luego regiría la prioridad para los puntos fronterizos.

"No es por la salud de los fronterizos, es para formar una barrera sanitaria. Es una medida práctica y efectiva para proteger a todo el país. Completando el cierre de fronteras con una barrera sanitaria", argumentó, y señaló que se está en conversaciones con autoridades de el municipio de Livramento para coordinar acciones para que "la vacunación sea en conjunto".

De todas formas, descartó que brasileños puedan ser vacunados en Uruguay: "Cada uno tiene su estatus sanitario, cada país tiene sus políticas. No es la misma estrategia. No creo que tengamos posibilidad de abastecer a población que no es uruguaya".

¿Y mientras tanto?

Andrioli consultó a Viera si no se debería acompañar este pedido de priorización con medidas más duras de prevención, como el cierre de comercios. Al respecto, Viera dijo que esa sería una medida "muy drástica" y que "cuando se habla de cerrar comercios se habla del trabajo de la gente".

"En este departamento el 50% de la economía depende del comercio, que ya está bastante afectado. Cerrar los comercios significa la pérdida de fuentes de trabajo, porque una vez que cierren no podrán volver a abrir", dijo.

"Cada medida hay que analizarla desde las consecuencias y del beneficio que trae. No hay absolutamente ningún indicador que muestre que el comercio sea el responsables en forma importante de la pandemia. Los datos que nos dan los técnicos del MSP es que el 80% de los contagios se dan de forma intrafamiliar", prosiguió sobre el tema el senador, y agregó que la medida tendría "consecuencias muy importantes y no traería tantos beneficios".

Consultado por En Perspectiva sobre los mensajes de dirigentes de la coalición, como el senador blanco Juan Sartori, que piden restringir actividades y aumentar el gasto social del Estado, Viera dijo que no lo compartía.

"Basta mirar las experiencias de los otros (países), no muy lejos, Argentina. Países que tomaron medidas de cierre y no resolvieron el tema de la pandemia y generaron una profunda crisis laboral y social que realmente agrava las cosas. Nuestro país es pequeño y tiene menos espalda que otros países, además", señaló.

"Los cierres masivos creo que no son una solución. Tenemos que ser cada uno responsable de nosotros mismos", sentenció.

Por último contó que se ha detectado casos de personas que deberían hacer cuarentena y no la cumplen. En este sentido están trabajando junto a Fiscalía para determinar que las personas positivas o que están a la espera de un resultado de hisopado firmen una declaración jurada que tienen que cumplir con cuarentena. Esto generaría efectos legales en caso de incumplimiento.