Los delitos vinculados al narcotráfico se han instalado como un asunto de primer orden en la agenda política. Desde el oficialismo, por ejemplo, se promueve mayor acción policial y una reforma constitucional en la que se habiliten los allanamientos nocturnos.

Pero para Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Uruguay no está siendo eficaz en el combate al lavado de activos.

En conversación con En perspectiva, el exjerarca del gobierno anterior señaló que “en todo delito por plata hay lavado, porque necesariamente tenés que hacer algo para ocultar el origen para ingresarlo en la economía, no solo en el narcotráfico”.

Y agregó que, sin embargo, “una de las características de los últimos cuatro años en Uruguay” es que hay “poquísimos casos judiciales de lavado (seis en total) y todo chiquitaje, es decir, parecería que no hay lavado grande, y yo creo que sí lo hay”.

El extitular de la Jutep apuntó que “en la legislación uruguaya es muy amplia la forma que adopta el lavado”. Y detalló que “incluso hay algunos delitos, como el hurto, la rapiña y el abigeato, donde la ley dice: ‘Hay lavado cuando es más de tanta plata’, básicamente hoy son 15 mil dólares, y cuando atrás de eso hay crimen organizado, o sea, hay un grupo de gente que de manera estable se dedican a delinquir para ganar plata”.

“Creo que, en Uruguay, a diferencia de otros países, todavía hay gente que dice: ‘Bueno, si viene plata, aunque sea de origen delictivo, que vengan porque es bueno tener inversiones; eso genera actividad, empleo, impuestos, entonces no nos preocupemos tanto’. Yo estoy absolutamente en contra de eso, me parece que es un error, que debilita al país y que, justamente, lo que ha pasado es que se han abierto las puertas para que vengan inversiones y se cuele mucha cosa que no deberíamos colar”.

Con respecto al lavado de activos vinculado con las inversiones, manifestó que, si bien cree que “las trabas nunca son buenas y hay que preocuparse de que las trabas no enlentezcan”, también “en el mundo de hoy no solo se miran las trabas, también se mira la transparencia y la sanidad de las economías”.

También apuntó a que si un país tiene “fama de lavador” pierde “algunas inversiones”, pero que “la línea de razonamiento no es si estás o no estás en una lista gris, sino qué país querés tener”. “En definitiva, si vos querés tener un país donde los delincuentes metan plata y vos hacés la vista gorda o bajás la guardia, estás generando un país donde seguramente las instituciones van a decaer, la confianza de la gente va a caer y la economía va a caer”, manifestó.

Por otro lado, Gil Iribarne consideró que “el principal sujeto obligado” en este tema es el Estado. “Lo importante es que el Estado asuma su responsabilidad, y lo normal es que el Estado le transfiera responsabilidades al sector privado”, destacó.

Para ilustrar esto último explicó que si “un delincuente” compra una casa o abre una cuenta corriente, “eso de por sí no es delito”. Para saber que se está delinquiendo, en esos casos, “el Estado les traslada a las inmobiliarias, a los bancos, etcétera, esa responsabilidad” de reportar los movimientos sospechosos.

“La vara de medida son los delitos: ¿Cuánta gente presa tenés?, ¿cuántos bienes recuperaste para la sociedad?”, manifestó.

“Sabemos que el narcotráfico es un actor importante, lamentablemente, en la sociedad actual. Hay dos casos de lavado provenientes de fondos del narcotráfico en los últimos años y son chicos”, destacó y, a continuación, se preguntó: “¿Nadie lava plata del contrabando, cuando en cuatro años decomisaste 72 millones de dólares de mercadería? ¿A dónde va la plata de lo que no agarraste? Se lavó y no agarraste a nadie”, consideró.

“El gran problema de hoy es que no tenemos resultados”, aseguró, y añadió: “Se está trabajando mal y el punto de partida es una mala evaluación y percepción de riesgo; parecería que no hay riesgo”.

Para el extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, “hay elementos objetivos en la última evaluación nacional de riesgo” para afirmar esto. 

Finalmente, Gil Iribarne afirmó que en 2019 había 33 personas procesadas, 50 personas sentenciadas por lavado de activos, mientras que de 2019 hasta ahora hubo solo seis condenados por el mismo delito. “¿Qué pasó? ¿Erradicamos el lavado o estamos haciendo las cosas mal? Estamos haciendo las cosas mal”, se preguntó y se respondió.