El Frente Amplio (FA) anunció que no votará en el Senado la venia para designar a Virginia Cáceres como nueva presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La oposición entiende que ese nombramiento es ilegal.
Cáceres fue nominada por el Poder Ejecutivo para suceder a Robert Silva, que renunció a su cargo en octubre para dedicarse a su campaña electoral como precandidato presidencial en el Partido Colorado.
En el FA se argumenta que Cáceres no cumple con los requisitos exigidos por la ley para desempeñarse en ese puesto.
El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini sostuvo que “no se puede argumentar haciéndole decir a los adversarios lo que no dijeron”. Las palabras del legislador del Frente Amplio se refieren a los dichos del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que acusó a la oposición de no votar la venia de Cáceres porque se trata de “una mujer joven”.
“Es un golpe bajo, además de que no es cierto. Hay que discutir con los adversarios en base a lo que dicen, no con lo que no dicen”, expresó Sabini.
El senador indicó que la ley establece que Cáceres debe tener trayectoria en el ámbito educativo, pero el FA entiende que la jerarca no la tiene, porque “solo” estuvo tres años en la ANEP desde que Robert Silva asumió la titularidad del organismo.
“El gobierno debería, cuando modificaron la ley en el mecanismo de urgente consideración, eliminado todos los requisitos y nosotros hubiéramos acompañado”, añadió en entrevista con En perspectiva.
Sabini explicó que el Frente Amplio escuchará a Cáceres y luego podrán cambiar la determinación de no votar la venia. “Cuando decimos que no cumple los requisitos y se nos responde que es porque es mujer, es bastante payasesco”, insistió el legislador.
De todas formas, Cáceres puede ser designada porque el Poder Ejecutivo puede dejar pasar 60 días —en caso de que la venia no sea otorgada— y reiterar el nombre de la jerarca. En este caso, la ley establece que basta con mayoría simple de la Cámara alta.
“No se puede obligar, en nombre de decir que se va a dejar sin conducción a un organismo, a un legislador a votar una decisión que entiende que es ilegal”, consideró Sabini.