Alejandro Astesiano fue condenado ayer a cuatro años y medio de prisión al final de un juicio abreviado en el que llegó a un acuerdo con Fiscalía. El exjefe de la custodia presidencial también deberá afrontar una multa de 100 Unidades Reajustables (unos $ 150.000) e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por cuatro años.

El juez Alejandro Asteggiante convalidó el acuerdo en el que la fiscal Gabriela Fossati responsabiliza penalmente a Astesiano como autor de un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y del público y un delito continuado de revelación de secretos.

El fallo abarca, por un lado, el rol de Astesiano en la organización que gestionaba pasaportes irregulares para ciudadanos rusos, que fue el motivo de su arresto, y, por otra parte, los ilícitos que aparecieron después, a partir del peritaje de su celular, y detectados en las comunicaciones que mantenía con policías, jerarcas del Ministerio del Interior y otras personas.

En setiembre del año pasado, pocos días después de su detención, y a raíz de su participación en la banda que vendía pasaportes uruguayos realizados con base en partidas de nacimiento falsificadas, a Astesiano se le había tipificado los delitos de suposición de estado civil en reiteración real, asociación para delinquir y tráfico de influencias. En la condena de ayer se quitó el delito de suposición de estado civil y se agregaron los de conjunción del interés personal y del público, y revelación de secreto.

Sobre el retiro de uno de los delitos incluidos inicialmente, Fossati explicó a la prensa que en la indagatoria “se pudo determinar que Astesiano no tuvo ninguna participación efectiva en la gestión de esa documentación, que se le está atribuyendo a quienes sí estaban asociados con él”. Aclaró que “sí asumió un compromiso” y “el solo hecho de la asociación le permite ser castigado por ese hecho, pero no hizo ninguna acción positiva para inscribir a ningún ciudadano con documentación adulterada”.

En el escrito, señala que uno de los líderes de la organización le ofreció, en agosto de 2021, “que cumpliera un rol de ‘facilitador’ dados sus contactos por su condición de jefe de seguridad móvil del presidente de la República y su familia”. Luego de varias reuniones, Astesiano recibió “como adelanto por su actividad […] la suma de U$S 10.000”. “Sus socios le entregarían testimonio de la documentación que debía facilitar o agilizar. Recibió alguna documentación, pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”.

En el segundo capítulo, los intercambios que fueron surgiendo desde octubre en adelante, a partir de la pericia de su teléfono celular, la fiscal resume de esta manera lo que hacía Astesiano: “Accedía a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia de la República y extraía información de su interés o de terceros; a documentación reservada del SGSP [Sistema de Gestión de Seguridad Pública] para sí o para proporcionársela a terceros; solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior; en ocasiones, le enviaban las respectivas filmaciones; recibía información de interés de terceros por parte de funcionarios públicos; pedía y hacía ‘favores’, gestionaba el traslado de un agente de Policía que le había proporcionado información y asesoría en un caso familiar; solicitaba la intermediación de autoridades para la intervención de otro caso familiar y recibía en su despacho de trabajo personas que le realizaban planteos de toda índole (agilitar trámites, traslados, trabajo, etcétera), ajenos a su rol, que no siempre solucionaba”.

Sin embargo, la magistrada aclaró en la conferencia de prensa que no todos los hechos que causaron polémica configuraban delitos. Fossati explicó que se tuvieron en cuenta todos los chats de Astesiano y consideró que el condenado fue objeto de una “investigación paralela” por los medios de comunicación.

La fiscal también se refirió al cambio de actitud que tuvo Astesiano desde que fue imputado en setiembre. “En un primer momento” se ubicó en una postura “negadora”, pero luego “evolucionó”: “A veces proyectaba su responsabilidad en terceros y luego terminó aceptando su responsabilidad, queriendo pagar su pena y queriendo cumplir con la sociedad a los efectos de poder reiniciar su vida”.

¿Qué repercusiones hay a nivel político? Sobre esto habló el senador frenteamplista Alejandro Pacha Sánchez en En Perspectiva.

“Fue sorpresivo lo del acuerdo con Fiscalía, en una investigación que hasta hace unos meses la fiscal decía que tenía un volumen muy importante para analizar de prueba”, señaló el senador opositor, y agregó que, “efectivamente, se cometieron un conjunto de delitos, porque llegar a un acuerdo con la Fiscalía implica el reconocimiento de que los delitos existieron, algo que, de alguna manera, varios integrantes del Poder Ejecutivo había negado”.

Asimismo, dijo que la carpeta de investigación sigue abierta y “lo que resta saber es quién daba esas órdenes”. “Las distintas líneas de investigación que surgieron a partir del caso Astesiano deberían seguir abiertas en la Fiscalía para ver si existen cómplices de Astesiano, si tienen responsabilidades penales o no y si existen quienes dan esas órdenes”, expresó.

“Aquí lo cierto es que se utilizaron los recursos del Estado para fines que no eran tales y, por tanto, ahora hay que seguir investigando quiénes más están en la asociación para delinquir”, insistió.

En la misma línea, sostuvo que “habrá que ver también qué posibles cómplices tiene, tanto en la Torre [Ejecutiva] como en otras oficinas del Estado, para llevar adelante muchas de las acciones que se hacían”.

“De hecho, algunos de estos posibles cómplices hoy todavía están indagados, en el caso de algunos jerarcas del Ministerio del Interior que eran cómplices de Astesiano en algunos de los delitos de los cuales se le ha imputado”, añadió.

“Manija y humo, dijo el presidente. Hoy hay un procesado que reconoció los delitos. Me parece que el que tiene que hacer una autocrítica es el presidente de la República y las autoridades de la Torre Ejecutiva que mintieron en el Parlamento diciendo que Alejandro Astesiano no era lo que era, dijeron que no lo conocían y queda probado que sí lo conocían, que sí sabían y lo que ha pasado aquí es que el Gobierno es el que ha ocultado la verdad, no era humo y manija cuando terminó procesado por toda esta cantidad de delitos”, aseveró.