La Intendencia de Montevideo (IM) y la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura quedaron envueltas en una polémica por la construcción de una nueva ciclovía en la Rambla Sur de Montevideo.

La obra forma parte del plan Late la rambla, una iniciativa que además incluye obras de remodelación en el Teatro de Verano, en las canteras del Parque Rodó y en el Paseo de los Pescadores.

La comuna inició las obras de la ciclovía la semana pasada. Pero inmediatamente la Comisión de Patrimonio salió al cruce y aclaró que no había dado autorización para esa intervención, en un paseo que fue incorporado como Monumento Histórico Nacional en 1986.

Luego de días de idas y vueltas, la Comisión y la comuna acordaron esta semana “demorar” los trabajos de la ciclovía para que Patrimonio pueda “estudiar el proyecto” antes de aprobarlo.

De todas maneras, la polémica quedó abierta.

Por ejemplo, la semana pasada, el economista Gonzalo Márquez, experto en temas de tránsito y exdirector de la Intendencia de Montevideo, señaló que “hay que repensar” las atribuciones de la Comisión de Patrimonio, que “aparece en general en actitud negativa sobre cualquier intervención centrada en movilidad sostenible”.

Este miércoles, el conductor de En perspectiva Emiliano Cotelo conversó con el arquitecto William Rey, director general de la Comisión de Patrimonio.

Sobre la polémica vinculada a la ciclovía en la Rambla Sur de Montevideo, dijo que cuando se van a realizar obras en un bien con características paisajísticas o urbanas, como es el caso, “es necesario presentarle a la Comisión de qué se trata la intervención”.

“Se pide una memoria, se piden detalles y las terminaciones. Eso pasa al Departamento de Arquitectura, y muchas propuestas que pueden ser muy descalificadoras tienen un no rotundo. Pero en la mayoría de los casos se cita a quien va a hacer la intervención, se intercambia. No es un sí o un no. Normalmente se llega a un acuerdo para mitigar los efectos negativos que pueda tener esa intervención y darle viabilidad. La ley es muy clara en este sentido”, desarrolló Rey.

En particular, sobre el caso rambla, Rey señaló que los 18 kilómetros de borde costero “tiene una protección de carácter paisajístico”.

“Se entiende que es un paseo, con valor social para los montevideanos y el Uruguay en su conjunto. Y en algunas de sus partes tiene una calidad de diseño muy alta, que le da a la ciudad una identidad muy fuerte. Cuando se piensa en Montevideo, es muy difícil que alguien no mencione la rambla”, valoró Rey.

En esta línea, el jerarca destacó que la rambla tiene varios elementos fundamentales a preservar: afloraciones rocosas sobre el mar, playa, vegetación.

“Todo eso está asociado a una línea de paseo, que es la vereda, pero no termina ahí. Luego de la vereda viene la calzada, y luego otra vereda. Y a veces hay un jardín o un parque. El patrimonio cuidado es toda esa franja que no es uniforme a lo largo de los 18 kilómetros, va variando”, dijo.

Sin embargo, Rey señaló que efectivamente la Intendencia de Montevideo había enviado un proyecto a la Comisión, “pero el problema es que el que envió no es lo que se iba a hacer”.

“Se envía un proyecto bicisenda entre las canteras del Parque Rodó, que fue aprobado. Después se habló de una ciclovía entre la calle Morales y la escollera Sarandí que operaba sobre la calzada, no sobre la vereda. Como esa información no había llegado, se reclamó. Se reclamó tres veces. Además, se agregó un cambio. Lo que iba a ser mitad ciclovía, mitad bicisenda, ahora es todo ciclovía en la Rambla Sur. Ese cambio no había sido informado”, afirmó Rey.

Según el arquitecto, eso fue lo que generó la polémica y “un diálogo de sordos” con la IM.

“Además, la obra arrancó y eso generó una mayor dimensión mediática mayor de confrontación. Pero hay que evitar una confrontación tan grande entre dos instituciones y llegar a un acuerdo. De todas formas, la Comisión de Patrimonio no puede ni debe dejar pasar las áreas de su competencia. Ocurrió, por ejemplo, en administraciones anteriores con consecuencias muy malas, como fue el caso de la plaza Zabala. Hubo una inversión enorme de parte de la IM (de casi US$ 500.000) y nunca consultó a la Comisión. La gente fue la que finalmente se movilizó contra eso. Finalmente, se puso y se sacó. Pero creo que ahí la Comisión estuvo ausente”, afirmó.