El sobreendeudamiento de miles de uruguayos ha estado en la agenda política durante los últimos años. En el Parlamento se presentaron varios proyectos de ley que buscan atacar este problema, ninguno de los cuales llegó a aprobarse. También se conocieron investigaciones académicas que propusieron otras alternativas.

Ante el bloqueo en el Poder Legislativo, Cabildo Abierto, que fue el partido que puso el tema arriba de la mesa, optó por intentar una reforma constitucional en la que, entre otras cosas, se limita las tasas de interés de los créditos personales. Esa iniciativa ya recogió la cantidad de firmas necesarias para ser sometida a plebiscito.

Con ese telón de fondo, varias instituciones financieras anunciaron ayer un “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”.

A través de esta iniciativa se busca facilitar la regularización de la situación crediticia de las personas que figuraban como deudores incobrables ante el Banco Central del Uruguay en mayo de 2022 (cese de la emergencia sanitaria).

En el caso de aquellos con un saldo de capital menor a $ 5.000, las instituciones que forman parte del acuerdo renuncian al derecho de ejercer el cobro de estas, sin que sea necesaria la realización de ningún trámite por el deudor.

Por otro lado, las deudas de capital por hasta $ 100.000 se podrán refinanciar con la institución correspondiente hasta en 36 cuotas sin ninguna actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos.

Este procedimiento estará disponible por cuatro meses exclusivamente para personas físicas (no para empresas).

El programa tiene el apoyo del Banco Central y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, que colaboraron en la articulación de esta propuesta surgida en la industria financiera.

¿Cómo se llegó a la presentación de este camino? ¿Qué impacto tendrá?

Este miércoles, el conductor de En perspectiva Emiliano Cotelo conversó con Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, impulsora de este planteo, y Mariela Espino, gerenta general del Banco República, que adhiere al mecanismo.

Sobre las razones para plantear este programa, Grasso señaló que “en el momento de la pandemia hubo una caída muy importante del empleo y del salario, y la morosidad aumentó de forma significativa”.

“Lo que se trata es de contemplar a esos deudores y se incorpora a los que tenían categoría 5 (incobrables), para hacerlo más amplio”, resumió.

Consultado sobre si influyó el debate político sobre este tema, en particular el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto para la reestructuración de deudas, Grasso destacó que no.

“Eso resulta muy importante destacarlo. Fue un trabajo técnico que se elaboró con todas esas instituciones. Fue un trabajo institucional entre la actividad privada, de la industria del crédito al consumo”, afirmó Grasso.

Por su parte, Espino remarcó que la importancia de la iniciativa, al ser voluntaria, es que se mantiene “la defensa de los contratos y su cumplimiento”.

“Preservar la defensa de los contratos a través de la voluntariedad es una característica bien importante. Además, creemos que esto tiene que ir acompañado de forma muy fuerte por educación financiera. Los clientes tienen que entender que mantener un historial crediticio es muy importante para las personas. Un buen historial crediticio nos va a permitir, en distintos momentos de nuestra vida, satisfacer necesidades a través de un endeudamiento sano”, añadió Espino.

Con respecto a las fechas pautadas, Grasso explicó que la fecha fijada de mayo de 2022 fue cuando cesó la emergencia sanitaria.

“Ante un hecho excepcional como fue el de la pandemia, se pensó en una solución excepcional para esa categoría de deudores. Esto no es un ‘perdona tutti’. No es una amnistía general para todos los deudores, sino que se consideró la importancia de esa situación excepcional que pasó el país. Por lo tanto, ante un período excepcional que vivió el país, tenemos esta solución excepcional”, afirmó.