En el proyecto de ley de Presupuesto que ya ingresó al Parlamento se incluye un aumento de sueldo para los presidentes de las empresas públicas. Sobre este y varios otros temas, en la mañana de este miércoles Emiliano Cotelo, conductor de En Perspectiva en Radiomundo, entrevistó al doctor en Ciencias Políticas Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Ramos explicó que "la idea es profesionalizar la gestión pública" por medio de este aumento.

"Yo fui uno de los impulsores de que los (sueldos de) cargos de ministros y viceministros se equiparara al legislativo. Cobraba $40.000 como subdirector de la OPP (2007-2010). Me criticaron, artículos en la prensa decían 'si querés hacer dinero en la función pública andate a otro lado'. De lo contrario se está incentivando y premiando a los militantes políticos, que lo hacen por vocación. La idea es tener profesionales, sobre todo en el sector de las empresas públicas", expresó.

El jerarca señaló que el aumento será de los $120.000 nominales que perciben actualmente a un sueldo similar a los $230.000 nominales. "Es similar al sueldo de un viceministro, el 75% del sueldo de un ministro", señaló.

Reestructura del Estado

El presupuesto genera algo parecido a una reforma de la estructura del Estado, que derivará en cargos y funciones excedentes. El artículo 8 establece que a partir de las bases que elaborará el Poder Ejecutivo, los ministerios y otras reparticiones del estado deberán elaborar proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo.

Con respecto al tema, Ramos dijo que se busca "una fuerte reestructura del aparato estatal y modernización de la gestión pública" en la "estructura más nuclear" que es la administración central y los servicios descentralizados.

"Es una mejora de la eficiencia que va a producir una reducción del gasto pero no es una reducción del gasto per se. La filosofía de esto es mejorar la gestión pública de manera de que cada inciso, cada organismo público, pueda dedicarse mejor a sacar lo mejor de las competencias que le han sido asignadas. Hay que elevar las capacidades estatales para el diseño de políticas públicas", argumentó el jerarca.

"Si uno no quiere cortar con una tijera, lo que hay que hacer es una profunda revisión de las organizaciones y ver si están adecuadas", señaló.

Los ministerios y demás instituciones tendrán 18 meses desde la aprobación de las bases para plantear sus reformas, que serán "obviamente negociadas con los sindicatos".

La plantilla del Estado se achicará mediante la declaración de excedencia que seleccionará cada repartición. "No hay un número a priori de achicamiento de plantilla, por que no es el objetivo principal. Es un objetivo secundario. El principal es reforzar el diseño de la política".

Un aliado que tendrá esta reducción de plantilla será la cantidad de funcionarios que se retirarán en los próximos cinco años. Según dijo Ramos, los funcionarios públicos se retiran en un promedio de 63 años.

"Tenemos calculado que en el quinquenio en la administración central se estaría retirando más del 30% de los funcionarios y en la administración descentralizada se estaría retirando un 25%. Por un proceso de decantación se estaría reduciendo la plantilla", explicó, en referencia a la disposición de no reponer la totalidad de las vacantes.

Para las personas cuyos puestos sean catalogados como excedentes habrá tres caminos posibles: "Redistribución, jubilación o recapacitación". El trabajador entra en la "nómina de redistribución" y en caso que tenga causal jubilatoria se le dará un incentivo para el retiro. Otra posibilidad es que sea reasignado en otra dependencia que lo requiera.

Por último, la persona que no es reasignada en sus tareas ni se jubila recibirá un incentivo económico durante un año mientras es recapacitada para cumplir otras funciones en el Estado. En caso de no aprobar el curso de recapacitación dos veces consecutivamente o no asistir a la capacitación será destituido. Una persona cuya puesto fue calificado de excedente podrá estar hasta dos años en esa situación antes de quedar fuera del Estado, explicó Ramos.

Inamovilidad de los funcionarios públicos

Ramos también fue consultado si la inamovilidad de los funcionarios públicos sufrirá variantes en esta nueva administración. El jerarca indicó que actualmente la inamovilidad "es muy relativa" y está ligada a la evaluación.

"Hoy existe un estatuto, que ahora estamos derogando, que dice que con dos calificaciones negativas consecutivas anuales puede dar lugar a destitución de funcionario. El problema son las evaluaciones", dijo, y agregó que se debe trabajar "en pararelo" entre las evaluaciones de "competencias blandas" y los resultados obtenidos.

"Evaluando solamente competencias blandas de funcionarios es muy difícil", expresó, y agregó que cuando termine el quinquenio habrá un "sistema de evaluación de desempeño".