La propuesta de Cabildo Abierto para incluir en la Rendición de Cuentas un artículo que topea el valor máximo de las multas que pueden cobrarse por exceso de velocidad generó rechazo en los gobiernos departamentales.

Un informe jurídico en poder del Congreso de Intendentes señala que esa iniciativa sería inconstitucional.

Allí se indica que el texto propuesto por los diputados implica que el Poder Legislativo establezca un límite máximo al ejercicio de la potestad de Policía de Tránsito respecto de una multa en especial.

Eso es “lesivo” de la autonomía departamental y supone un “ejercicio indebido de la Policía de Tránsito”, señala el informe. También sostiene que, eventualmente, retacea de manera indebida recursos a los gobiernos departamentales.

Según se anticipa, si esa disposición se aprueba, las intendencias recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia.

¿Cuál es el origen? Un planteo del diputado cabildante Álvaro Perrone que viene cuestionando en particular al Ministerio de Transporte de Obras Públicas por la instalación de más de 100 radares en rutas nacionales, una medida que, a su juicio, solo tiene un afán recaudatorio.

Perrone había propuesto topear las multas de tránsito en cuatro Unidades Reajustables (UR) y que, además, estas prescribieran a los tres años de su aplicación. Sin embargo, los legisladores del oficialismo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda introdujeron algunos cambios y aprobaron un artículo que lo que establece es un tope de cinco UR y solo para multas por exceso de velocidad.

Para profundizar sobre este tema, los conductores de En perspectiva Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el presidente del Congreso de Intendentes, Fernando Echeverría.

El intendente de Flores insistió en que la iniciativa de Diputados es “inconstitucional y viola las autonomías de las intendencias”.

“Hay una lectura diferente de cómo corregir una situación. Con esta propuesta de [Álvaro] Perrone, lo que se está haciendo es promocionar la multa y nosotros queremos evitarlas. Partimos de una interpretación diferente de hacia dónde queremos ir”, afirmó Echeverría.

En esta línea, el jerarca departamental justificó que se promocionan porque en el fondo lo que se dice es “que con la baja ahora sí se pueden pagar”.

“Nosotros queremos que no se cometan infracciones. Del 100% de las personas que conducen, el 80% no ha tenido multas de tránsito en los últimos tres años. De ese 20%, la mitad aproximadamente ha tenido al menos una multa. Es un número menor de infractores y queremos corregirlo. Cuando miramos las estadísticas de los siniestros de tránsito, es un disparate. Un país chico, como Uruguay, con tres millones de habitantes, tiene más de 430 muertos por año y más de 25.000 lesionados. Y con esto lo que hacemos es promocionar que anden rápido porque no va a pasar nada: la multa es accesible. Queremos evitar eso y las multas son evitables”, dijo.

Por otra parte, Echeverría señaló que las multas de tránsito “para la Intendencia de Flores” no implica una incidencia significativa en el ingreso de recursos y “no tiene un fin recaudatorio”.

“De los radares que hoy están instalados muchos los pedimos los intendentes. Yo pedí, lo digo y lo reafirmó. Pedí porque tenemos situaciones al ingreso de Trinidad y la propia sociedad del departamento me pedía que haga algo porque ‘nos van a matar a todos’. Entonces, hicimos gestiones frente al Ministerio [de Transporte y Obras Públicas] para eso. Pero no con un fin recaudatorio, es con el fin de corregir y de proteger la vida de los uruguayos. Esto es una promoción a la multa. Cuando uno baja de forma considerable los precios, es cuando quiere vender más. Nosotros no queremos vender más, queremos que la gente no cometa infracciones de tránsito”, afirmó Echeverría, que recordó que todos los intendentes coinciden en esa posición.