El Instituto Nacional de Colonización (INC) quedó envuelto en una nueva controversia política.

El viernes de la semana el directorio del organismo definió por mayoría, 4 a 1, que ni el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, ni su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ni su suegro, Roque Moreira, revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas.

De haberse confirmado que era colono, Manini Ríos quedaba expuesto a un conflicto de intereses, ya que en 2020 votó un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que determina excepciones a la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en el predio, lo que lo beneficiaría directamente, ya que él y su familia viven en Montevideo.

La decisión saldó una polémica de más de dos años. Sin embargo, el debate no se acalló. El fallo del INC se basó en un informe del abogado Horacio De Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica. Esa consulta fue encargada por el directorio del INC para contar con una opinión jurídica externa luego de que tres informes redactados por técnicos del organismo concluyeran que Manini Ríos sí era colono.

A lo largo de estos meses, Manini Ríos insistió en que los informes internos del INC eran parciales y sesgados, sobre todo por la influencia de Andrés Berterreche, el representante del Frente Amplio (FA) en el directorio del organismo.

Berterreche fue el único director que votó en contra de la resolución de la semana pasada. Este martes en En Perspectiva el director del FA señaló que la contratación de De Brum respondió a presiones políticas para que el diferendo se saldara en favor de Manini Ríos.

¿Qué responden desde el oficialismo? Este miércoles el conductor de En Perspectiva Emiliano Cotelo entrevistó al presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardozo.

El nacionalista dijo que se está hablando de “una problemática que nace en 1969-1970, hace más de 50 años”.

“El senador Manini tenía 10 años en ese momento, era un niño de escuela. En su momento se habría hecho una resolución en base al artículo 127 de la ley que creó el INC. Esa norma dice que, si los campos no son aptos y las personas no tienen perfil de colonos, no se tienen las obligaciones que tienen otros colonos”, dijo Cardozo.

Sobre los tres informes internos de Colonización que sostienen que Manini es colono, el veterinario respondió que “los informes de la asesoría letrada del INC no son vinculantes”, por lo que “no hay obligación de aceptarlo”.

“Nos damos por enterados y pedimos mayor información. En algunos casos no entendíamos algunas explicaciones de la inspectora sobre estos campos y por otro lado el Instituto ya habría optado en otras oportunidades por pedir opiniones externas”, afirmó Cardozo.

En esta línea, Cardozo dijo que hubo “un compromiso con todas las partes para brindar toda la transparencia posible en este caso”.

“No es raro para el Instituto pedir informes externos. Y votamos por eso para darle contundencia a la resolución. Cuando se habla de que son motivos políticos, si lo fueran lo habíamos votado en 2021. Habíamos levantado la mano los cuatro y se había terminado el tema. Se dieron todas las garantías”, afirmó Cardozo.

Sobre la resolución final adoptada por el directorio que determinó por mayoría que Manini ni su familia revisten la calidad de colonos, el jerarca cuestionó la compra original del campo por parte de Colonización.

“Es un campo que se compra en mayo de 1970 y en noviembre lo sacan a la venta. No tenía ninguna condición, es como que estaba haciendo de actor inmobiliario el Instituto y no aplicando el artículo primero de la ley. Me llama la atención como se tomó esa decisión de una oferta directa. Es un campo ubicado en el último puntito allá de Artigas, con más de 1.000 hectáreas de monte, con inundaciones corrientes. Apto para arroz, pero con ciertos riesgos. Pero lo compra igual y como que les quema las manos, porque enseguida lo saca a la venta”, afirmó Cardozo.

El artículo 1° de la ley 11.029 establece que: “Por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”.

Consultado sobre presuntas políticas, Cardozo señaló: “En lo personal no tengo ninguna presión política. Lo que nos pedían era que termináramos el tema de una vez por todas, ya que era molesto el tema. Pero no por presiones políticas. Le pueden preguntar a los otros cuatro directores que integramos la coalición. A nosotros nadie nos llamaba y decía que había que levantar la mano de tal manera. Si fuera por presión política se había votado el año pasado y se terminaba el tema”.

Por Federica Bordaberry
federicaborda