Pablo Medina Pérez, politólogo ecuatoriano y profesor de ciencia política en la Universidad de San Francisco en Quito, sostuvo en En perspectiva que, en el mecanismo de juicio político, “se busca encontrar responsabilidades políticas del mandatario, lo que en los parlamentarismos europeos se llamaría ‘votos de confianza’”.

Ecuador concentró todas las miradas de la región este miércoles, cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional después del primer día de un juicio político que podría terminar con su destitución por ese cuerpo.

El politólogo explicó que en 2008 se realizó una reforma constitucional, en la que se previeron mecanismos que permiten una salida legal en casos de crisis política. “Uno de ellos es lo que denominamos la ‘muerte cruzada’, es decir, que el presidente pueda cerrar el Parlamento o que el Parlamento destituya al presidente, pero en cualquier caso, se van ambos a elecciones”, subrayó.

“El Parlamento puede destituir al presidente sin la muerte cruzada en tres casos: traición a la patria, delitos de lesa humanidad o delitos contra la administración pública”, contó Medina Pérez, y agregó que los cargos presentados por el Parlamento son por concusión y peculado (malversación de fondos públicos).

“El presidente formalmente no tiene ningún límite para aplicar la muerte cruzada; nuestro sistema no prevé un límite para su uso”, expresó.

También se refirió a la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, la que se ha degenerado progresivamente. “El presidente Lasso llegó con una bancada muy pequeña, y terminó rompiendo lazos electorales con otros partidos y organizaciones políticas. Además, el Parlamento ha tenido al Poder Ejecutivo ‘contra las cuerdas’, con constantes pedidos de información, procesos de fiscalización, etcétera”, manifestó.

“Algo que no fue previsto, es que hay un incentivo para que no haya movilizaciones, que es que se convoque inmediatamente a elecciones”, explicó el politólogo, ya que los partidos políticos y los movimientos sociales vinculados a estos tienen que armar sus campañas en tres meses.

La resolución tomada por Lasso está prevista en la Constitución ecuatoriana, y obliga a que, en un plazo máximo de 90 días, se celebren nuevas elecciones legislativas y presidenciales para completar el período de cuatro años que comenzó en mayo de 2021.

“El presidente se enfrentaba a un escenario en donde él decidía los términos de su salida, su ideal siendo que no lo destituyan”, dijo Medina Pérez, y recordó que la gestión de Lasso “tiene una aprobación del 10% o menos”.

Los militares y la policía respaldaron la decisión del presidente, con el argumento de que está amparada por el marco constitucional. La oposición, por su lado, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la disolución del Parlamento. Sin embargo, hasta ahora, no se verificaron movilizaciones de protesta ni hechos de violencia o desborde institucional.

Crisis nacional

Medina Pérez indicó que la actual crisis política “responde a una crisis social, en la inseguridad y desempleo, además del golpe de la pandemia”. Además, señaló que el problema del narcotráfico es “histórico”, en especial por la característica de Ecuador como país de paso de cocaína.

“El Gobierno empezó a poner mucha presión a las bandas delincuenciales. Ecuador ha llegado a cifras récord de captura de cocaína, eso hace que se exacerbe el conflicto entre ellos y el ajuste de cuentas empezó a ser brutal”, aseguró.

El experto se refirió a los posibles vínculos entre la política y el crimen organizado, y mencionó que, “orgánicamente, no hay evidencia de vínculos entre partidos políticos y narcotráfico, si bien hay políticos acusados y están bajo investigación”.

“El sistema político ecuatoriano se presta con mucha facilidad para una infiltración del narcotráfico. Tenemos un sistema de partidos políticos muy débiles, donde se pueden presentar candidatos de la noche a la mañana, y, en procesos electorales, el narcotráfico podría empezar fácilmente a capturar el sistema político”, afirmó.