La Cámara de Senadores aprobó la semana pasada un nuevo proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, una asignatura pendiente que insumió años de debate en el Parlamento.

El punto más discutido fue la disposición que regula los espacios gratuitos que se ceden a los partidos en televisión para la emisión de propaganda electoral.

Pero el texto trae otras novedades importantes con respecto a la forma en la que los partidos obtienen sus recursos y rinden cuentas de sus gastos. Entre otros cambios, reduce el máximo permitido de donaciones anónimas y también los topes de las contribuciones que los dirigentes políticos pueden hacer a la campaña electoral.

Además, establece que la Corte Electoral deberá auditar los estados contables de los partidos, para lo cual puede recibir asistencia del Tribunal de Cuentas y de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Ahora el proyecto vuelva a la Cámara de Representantes, que lo tratará en los próximos días y sólo podrá votar por sí o por no, sin introducir nuevas modificaciones. En caso de ratificarse, estará vigente para las elecciones generales de octubre.

El politólogo Rafael Piñeiro, que está especializado en financiamiento de los partidos políticos, manifestó a En Perspectiva que la ley actualmente vigente, que data de 2009, es una legislación que “avanza sobre la nada”. 

“No tenía ningún tipo de regulación respecto a ingresos y gastos de los partidos, cosa que, en el contexto internacional era una rareza, porque la mayoría de los países, no solo de la región sino del mundo, habían avanzado en entender que era necesario que los partidos declararan sus ingresos y declararan sus gastos”, describió.

No obstante, si se piensa en “algún tipo de regulación” del financiamiento, sin ser estrictos con que haya una ley específica, Piñeiro destacó que Uruguay es pionero.

En este punto se remontó a los años 20 en el país, cuando surgen los subsidios electorales, es decir, el resarcimiento a los partidos y a los candidatos por sus gatos en campañas. En el caso de Uruguay, este se dio a través de un subsidio por cada voto recibido. 

“Originalmente se pensó como un subsidio para la impresión de hojas de votación y se subsidiaba a cada voto por el valor equivalente a la impresión de 10 hojas de votación”, contó Piñeiro.

Otro antecedente a la ley vigente se encuentra en 1998, cuando se extendió el ciclo electoral para incorporar las elecciones internas y se desdobló de la elección nacional la departamental. “Entonces los partidos entendieron que era razonable restringir la duración de las campañas electorales, en particular en medios de comunicación masiva y en presa”, detalló el experto, que consideró que esto es “una norma de financiamiento” debido a que “reduce el gasto y, por lo tanto, la dependencia de financiamiento privado”.

Sobre este nuevo proyecto opinó que “todavía estamos lejos de llegar a una ley medianamente exigente para los partidos”, pero que “el punto central que se gana con esta ley es regular uno de los aspectos más importantes hasta la actualidad”. Este es, a su entender, “el tema de las transacciones con los canales de televisión”.

“Ese es el ítem más importante de gasto de las campañas y a través de una estrategia comercial puede beneficiar a un partido sobre otro o a un candidato sobre otro”, sostuvo.

A este respecto, detalló que la publicidad en TV y radio es “compleja” porque es “un mercado restringido”, ya que no hay muchos prestadores. “Los que prestan esos servicios de radiodifusión en realidad están severamente controlados por el Estado y ahí hay una relación compleja”, enfatizó.

Con respecto al control de las cuentas de los partidos, Piñeiro manifestó que sí hay “avances” en la nueva normativa, pero que “las debilidades no solo son normativas, sino que muchas veces son problemas de reglamentación y de aplicación de esa ley”.

“Los actores políticos entendieron que había un problema y una necesidad de actualización, lo que no me queda claro es cuánto de esto se va a traducir después en un cambio verdadero, porque estas leyes se juegan sobre todo en la disposición de los actores a cumplirla y de quienes están encargados de exigir el cumplimiento, de hacer su trabajo”, cerró.