Hace más de dos años que el Senado debate varias iniciativas para otorgarle prisión domiciliaria a personas de edad avanzada. Todo comenzó en 2021, cuando Cabildo Abierto presentó el proyecto en el Parlamento. 

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, estuvo en la Comisión y hubo un giro en la discusión. “Si lo que importa es la persona, lo que hay que evaluar es la situación de dignidad o no de esa persona más allá del delito que cometió, más allá si fue grave, aberrante o nauseabundo. Ver si la situación de la persona en la cárcel es o no digna”, indicó el jerarca en entrevista con En perspectiva.

“La norma apunta a situaciones en las que cualquier persona tenga una circunstancia biopsicosocial donde la aplicación de la prisión sea mala para ella”, agregó Petit, e hizo hincapié: “Si es una norma humanitaria es humanitaria, le hace bien al derecho uruguayo tener las normas humanitarias que tiene. Esto, bien regulado, es un avance, pero mal regulado puede generar suspicacias que lo pueden contaminar y hacer muy mal”. 

“Cuando uno regula un mecanismo de sanción penal, que debe estar imbuido de las normas de derechos humanos, y que si creemos en ellos deben ser conectados a todas las personas, aún aquellos que no los respetaron”, sostuvo.