La situación de las cárceles en Uruguay vuelve a estar bajo la lupa de Naciones Unidas. Representantes de varias instituciones y organismos se encuentran esta semana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, para rendir cuentas sobre las acciones del Estado destinadas a cumplir con la Convención contra la Tortura. Entre los miembros de la delegación está el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit.

Esta presentación incluye observaciones y conclusiones del último informe anual sobre el sistema carcelario presentado por Petit días atrás. Entre otros puntos, en ese reporte se confirma que el año pasado hubo un récord de muertes en custodia. Además, en el caso de las muertes violentas ocurridas en prisión en el 40 % se detectaron fallas o negligencias con impacto directo en el desenlace.

En Perspectiva conversó con el comisionado parlamentario acerca de los aspectos que se señalan en el informe.

De acuerdo con Petit, una de las grandes convenciones desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial fue la Convención contra la Tortura, que, según explicó nace después de haberse conocido los “horrores” de las torturas en los campos de concentración en el marco del conflicto bélico antes mencionado.

Estos comités están integrados por expertos que observan lo que hacen los países. “El país se presenta para que el comité lo ayude a cumplir con el tratado”, dijo el funcionario y señaló que tiene “la expectativa de que el documento que salga nos marque el camino a seguir”.

Respecto al récord histórico de muertes en cárceles registrado el año pasado en Uruguay, Petit comentó que se preveía que el aumento de la población privada de libertad “iba a generar muchos problemas” junto al contexto de la pandemia "que trajo encierros, suspensión de actividades, dificultad de coordinación médica, ausentismo, falta de contacto con la familia". La cifra, que marcó 86 muertes en 2021, es un máximo registro histórico “muy preocupante”, indicó

En tanto, opinó que el sistema penitenciario se enfrentó “muy bien” a la covid-19. Sin embargo, mencionó que “lo que estaba pasando afuera golpeó muy fuertemente al adentro; tenemos un sistema que tiene muchos agujeros, cuando se lo tensiona, se rompe y cuanta más gente recibe peores cosas pasan”.

“El Estado es responsable por lo daños que le produce indebidamente a las personas que están privadas de libertad. Éstas tienen que cumplir su pena, pero el Estado tiene que ser cuidadoso y no puede añadir otros males: si una persona se enferma, la matan, la hieren o incorpora una patología mental por las malas condiciones de vida, el Estado tiene que responder frente a eso”, expresó.

Políticas sociales y medidas alternativas 

Según se establece en el informe, Uruguay está en el puesto 12 en el mundo que tiene mayor cantidad de presos con relación a la población y esto complica los planes destinados a la rehabilitación.

“Tenemos un diálogo muy intenso y muy transparente con el Ministerio del Interior. Hay un acuerdo en que esto no se arregla solamente construyendo más cárceles y más plazas, hay que ir a un cambio de modelo; los que tienen la palabra son las autoridades públicas y el gobierno legítimamente electo, nosotros hacemos recomendaciones y planteos. El tema de las medidas alternativas es una de las piezas que se han aplicado para evitar que la prisionalización genere más delitos”, explicó el funcionario.

Asimismo, dijo que el país tiene una “franja” de la problemática que no se está resolviendo con políticas sociales desde hace tiempo y valoró como necesaria la creación de nuevas instituciones de políticas social que lleguen “a esos chiquilines que están bollando en el barrio”.

“Allí hay dos bombas de succión, dos aspiradoras: o funciona la aspiradora políticas socioeducativas del Estado o funciona la aspiradora de la ‘narcocultura’ en el narcotráfico. Es una sorda competencia. La bomba succionadora del narco es muy eficiente y lo vemos en la cárcel con cientos y cientos de gurises que se pierden. Pensar en un sistema diferente y en un modelo diferente tiene que ver con estas dos dimensiones: cárceles más eficientes y políticas sociales conectadas en la cárcel en el antes y en el después”, manifestó.

Según el funcionario parlamentario, “hay una cantidad de sanciones penales que son ineficientes, es como matar un mosquito con una bazuca”, valoró y continuó: “Llevar a una persona adicta que robó un cajón de whisky en un supermercado seis meses a la cárcel, es como tirarle una bazuca a un mosquito. Hay que buscar otro tipo de medidas”.

Para Petit, no hay avances sustantivos, mientras que los avances de decisión política “creo que se empiezan a perfilar”. “A mí me han anunciado la instalación de un nuevo local, de nueva infraestructura, de más tecnologías y, probablemente, el concurso de unos 40 cargos para empezar a hacer el seguimiento de esas medidas. Es un inicio”, informó.

Sin perspectiva de género

La cantidad de mujeres recluidas en cárceles aumentó de un año a otro un 30 %, según las proyecciones hoy hay 1020 reclusas, mientras que en los varones el incremento fue de 9 %. Al cierre del año pasado, había 52 mujeres en prisión con sus hijos y 17 cruzaban en prisión su embarazo.

De acuerdo con Petit, esas cifras demuestran que el sistema “tiene que ser repensado: la prisión y el delito femenino no tienen nada que ver con el masculino”.

“Una de cada diez mujeres que están presas, están presas por haber querido ingresar droga a cárceles en pequeñas cantidades. El delito femenino está vinculado a situaciones de explotación, de abuso, de trata, de enorme vulnerabilidad y muchas veces a la manipulación de hombres que utilizan a las mujeres para cometer los delitos. Sin duda que hay que repensar todo el sistema de prisión femenina”, reflexionó.