El expresidente José Mujica planteó días atrás en una entrevista con En Perspectiva que la Justicia “debería tener una actitud benemérita” frente a casos de militares de edad avanzada que revelan datos sobre delitos cometidos en la dictadura.
Mujica se detuvo en particular en la situación del coronel retirado Luis Agosto, que tiene 84 años y padece alzheimer, y que a fines de noviembre fue procesado con prisión en la cárcel de Domingo Arena en una causa que investigaba violaciones a derechos humanos contra militantes del Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros. Entre las pruebas usadas en su contra estuvieron dichos del propio Agosto en libros y programas periodísticos, donde reconoció haber incurrido en malos tratos a presos políticos y aportó información sobre violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto.
“Pienso que la Justicia jurídicamente le debería de dar otro encuadre, porque ante el reconocimiento de que arrimó información, una cosa rarísima, que resultó útil... y entonces si a todos los tratamos igual, la respuesta va a ser siempre la misma. Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todos por igual”, afirmó el expresidente.
Según el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, “no hay una normativa porque nunca estuvo pensado”. “Lo que está contemplado es la confesión como un atenuante de la pena, eso significa que al momento de que vaya a imponerse la pena, si la persona confesó el delito, en ese caso se impone una pena menor a la de aquel que no haya confesado el hecho”, explicó el funcionario en entrevista con En Perspectiva, y sostuvo que con respecto a la idea que plantea Mujica, se necesitaría una ley para reformar la normativa vigente.
Por otro lado, el fiscal destacó la importancia de que la ley sea compatible con la normativa internacional, cuyos organismos “no verían con muy buenos ojos una ley de esa naturaleza”. De acuerdo con esto, Perciballe explicó que, en materia de derecho internacional, el Estado uruguayo tiene una “obligación” con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que “ven con muy malos ojos cualquier tipo de beneficio que se otorgue a aquellos represores de crímenes de lesa humanidad”.
“Esto se vio en forma muy patente en el año 2021, cuando cinco relatores de Naciones Unidas le enviaron una nota al canciller Bustillo mientras aquí se estaba tratando el tema de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años”, comentó el fiscal. “Ahí dijeron expresamente que distintas normas internacionales, —y ni que hablar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, inhabilitan todo tipo de beneficios para criminales de la humanidad, porque eso supone una suerte de impunidad”, agregó.
Perciballe sostuvo que de existir una ley como la que propone Mujica, “habría que ver si se compatibiliza con la normativa internacional y si no compromete al país desde ese punto de vista”. “Uruguay, como un país pequeño, hoy está discutiendo todo ese tema de cómo se inserta y el rol que puede cumplir en el ámbito internacional, y yo creo que, de asumir conductas o normas contrarias al derecho internacional en esta materia, no sería muy bien visto”, concluyó.