Los bonos de impacto social son instrumentos financieros diseñados para canalizar fondos privados hacia proyectos que abordan problemas sociales o ambientales. En el mundo se utilizan hace más de una década, y ahora están llegando a Uruguay.

El gobierno presentó este martes el primer “bono de impacto social”, aplicado en el ámbito de la educación.

En este caso, calificado como piloto, se crea un fideicomiso de US$ 600 mil dólares para financiar los estudios de 50 jóvenes de contexto socioeconómico vulnerable, que cursarán el bachillerato tecnológico en el centro educativo Ánima.

El fideicomiso está integrado por aportes de empresas privadas y del Estado. Si Ánima cumple con una serie de metas educativas, el Estado devolverá a los inversores el dinero que volcaron.

Este miércoles, el conductor de En perspectiva Emiliano Cotelo conversó con el economista Antonio Manzi, director de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), uno de los principales impulsores de este bono desde el Estado; y a Ximena Sommer, directora Ejecutiva y cofundadora de Ánima.

En principio, Sommer explicó que Ánima apuesta a “una formación dual, que implica una modalidad educativa que buscar reconocer un espacio de aprendizaje complementario”.

En esta línea, indicó que la dualidad significa que los espacios de aprendizaje se desarrollen lo más posible, para “que los jóvenes pueden desarrollar las competencias”, intercalando “horas en aulas y en empresas formadoras” que suelen ser socias de la organización social.

Por su parte, Manzi dijo que las metas que se buscan con dicho acuerdo es lograr resultados concretos, o sea, de las personas que pasaron por la intervención cuántas lograron algún resultado de impacto medible o verificable.

“Si se alcanzan las metas acordadas, el Estado le reembolsa a los inversores privados los fondos que pusieron. Implica un cambio de paradigma en cómo se financian hoy en día muchos de los temas sociales, cuando el Estado pone de antemano los fondos y luego se podrá hacer una evaluación o no sobre el impacto. Pero el desembolso ya se hizo. Esto cambia la lógica para que el Estado ponga los recursos solamente cuando se verificaron esos resultados”, opinó Manzi.