El presidente Luis Lacalle Pou se reunió en la noche del jueves y durante tres horas con los intendentes blancos en la residencia de la avenida Suárez.

El tema central fue cómo profundizar las líneas de trabajo en vivienda, específicamente en aquellas construcciones que sin estar en asentamientos se encuentran en situaciones de precariedad.

La intendenta de San José, Ana Bentaberri, que ofició de vocera del encuentro, dijo a El País que “la propuesta de los intendentes fue trabajar en una línea de canastas de materiales, y que apoyemos al Ministerio de Vivienda sumando lo que esté disponible en nuestros presupuestos”.

El objetivo manifiesto de los jefes comunales blancos es “brindar soluciones habitacionales” a quienes viven en viviendas precarias.

Según Bentaberri, Lacalle Pou les respondió que el planteo le parecía “interesante” y que “iba a ver con su equipo, de profundizar estas líneas”.

Para profundizar al respecto, en el programa En Perspectiva, emitido por Radiomundo, se consultó a uno de los asistentes a la reunión: el intendente de Florida, ingeniero Guillermo López.

El floridense contó que la reunión fue “sobre todo para intercambiar acerca de algunos puntos en los que veníamos trabajando en agenda fuertemente, y se precipitan”, asimismo, se buscaba “una charla entre los intendentes con mayor y menor experiencia", grupo este último en el que se incluye López. La idea era “un ida y vuelta fructífero entre los que estamos haciendo nuestras primeras experiencias” y los más fogueados, así como “estar más en sintonía con el gobierno nacional, porque los gobiernos departamentales estamos jugando un rol en esta etapa de la pandemia, que esperamos termine pronto, y en la que se viene más adelante, en la que esperemos que mejore la economía y todos los indicadores asociados a ella”, expresó.

Uno de los temas que estuvieron sobre la mesa fue la Rendición de Cuentas, y en particular un puñado de artículos de esta que generan preocupación en los intendentes de todos los partidos.

"Fue una reunión distendida y de camaradería, pero en cierto momento abordamos esa agenda de la Rendición de Cuentas”. Y en concreto “Había dos o tres artículos que nos preocupaban, el gobierno nacional había recogido en instancias previas de trabajo y en la Comisión esas preocupaciones”.

Así las cosas, la reunión sirvió para “definir también como se dará ene estos días que siguen” el tratamiento del tema, para “arrimar todos los elementos a la Comisión para que la discusión se de en ese sentido”.

“Fuimos escuchados y tenidos en cuenta”, aseveró.

De la ya citada Rendición de Cuentas, a los intendentes todos (no sólo a los del PN) les preocupaba el artículo 207, que contempla la posibilidad que el gobierno nacional pueda sancionar económicamente a una Intendencia por su responsabilidad como policía edilicia, ante la formación de asentamientos.

Además, ese artículo pretende establecer un rápido mecanismo para cobrarse esos castigos: la retención lisa y llana de dinero de las transferencias que se hacen desde el Ejecutivo a los gobiernos comunales.

En cuanto a ese sistema, López recuerda que “allí ya habría cuestiones técnicas constitucionales asociadas”. Sin embargo, la sangre no llegaría al río, dado que “ya se está trabajando sobre un artículo sustitutivo”.

 “Los gobiernos departamentales, desde la Ley de Ordenamiento Territorial, reconocemos nuestro rol de policía territorial, pero asociarlo directamente a una sanción por un incumplimiento donde la responsabilidad puede ser compartida, incluso con un protocolo de actuación que incluye a la Justicia” es otra cosa. Por ello, acerca de “asociarlo a la retención de una partida había un desacuerdo completo".

Entonces, “sacando el artículo por completo o corrigiendo fuertemente” ese punto “se corrige o subsana nuestra disconformidad inicial”.

López adelantó que la nueva versión del artículo prevé en primer término el diseño de “un protocolo explícito y claro ante ciertas actuaciones de policía territorial, para que queden claras las responsabilidades. En lugar de las “fulminantes” retenciones, la nueva redacción corregida abriría la puerta a juicios por parte del gobierno a las intendencias, precedidos de “instancias de conciliación en la Comisión Sectorial de Descentralización, que la integran el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes”, detalló.

En la reunión también se abordaron políticas de vivienda, y las maneras de articularlas entre gobierno nacional e intendencias.

“Manifestamos la intención de fortalecer o aportar desde los gobiernos departamentales, con la misma lógica que se usó en el tema de los jornales solidarios”, y entre esos asuntos en los que aportar “estuvo sobre la mesa el tema de la vivienda en todas sus formas”, dijo el gobernante floridense.

“La idea es generar una sinergia para fortalecer esas políticas”, afirmó, recordando que el ya año y medio largo de pandemia “acortó el período de gobierno” y se nos acercan en los plazos para cumplir los objetivos”. Entre estos, la vivienda “es un tema que está en lo alto de tabla de las cuestiones pendientes”.

Interrogado al respecto, López aclaró que, más allá de que la reunión fuera sólo con intendentes blancos, las soluciones procuradas son para todas las comunas, más allá de los partidos que gobiernen, ya que todo pasaría por el Congreso de Intendentes.