El pasado viernes el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio del Interior enviaron un proyecto de ley al Parlamento que permite a las autoridades hospitalizar sin su consentimiento a personas “cuya capacidad de juicio se encuentre afectada por una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de drogas”.

Este proyecto modifica la ley 18.787 que fue aprobada en 2011 durante el gobierno del expresidente José Mujica. Esa ley establece que el Estado está obligado a prestarle asistencia a las personas en situación de calle, advirtiendo que las personas con riesgos de muerte y graves enfermedades podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidos. Esta ley fue reglamentada por este gobierno y se la utilizó durante el Plan Invierno para internar a personas que no querían ser asistidas.

Entrevistada por En Perspectiva (Radiomundo 1170 AM), Fernanda Auersperg, directora nacional de Protección Social del Mides, habló sobre qué alcance tiene esta normativa y cómo se aplicará en caso de aprobarse.

En primer lugar, Auersperg dijo que la reglamentación de la ley aprobada en 2011 “permitió salvar vidas”. “Tenemos casos concretos, relatos de situaciones, de las cuales no de haber mediado esta ley seguramente personas hubiesen fallecido por hipotermia y otras situaciones. Vivir en la calle es muy duro y genera un deterioro importante de la salud física y mental”, aseguró.

“Los equipos de trabajo, que están día a día lidiando con estas situaciones, se sintieron muy respaldados por esta ley y por otra batería de medidas que tomamos en el Plan Invierno, como fue que ASSE pusiera a disposición dos ambulancias”, agregó. Auersperg dijo que con la reglamentación se “definió un protocolo claro de actuación” para que las partes involucradas supieran cómo accionar ante estas situaciones.

La directora del Mides señaló que el reciente proyecto enviado al Parlamento busca “reforzar las respuestas sociosanitarias para esta población, para optimizar la asistencia obligatoria que tenemos por parte del Estado”. “El objetivo es contar con una herramienta más para atender a la población, hemos estado trabajando todo este tiempo en diversificar herramientas, generar, porque entendemos que en esta población conviven distintas subpoblaciones en las cuales tenemos que poner el centro en la persona e ir buscando herramientas que atiendan sus necesidades”, agregó.

Auersperg expresó que “el 86% de las personas que están en la intemperie tienen un uso problemático de sustancias” y “un 30% de esas personas tienen un problema de salud mental”. “Si no atacamos de fondo este problema es muy difícil”, acotó.

La jerarca del Mides comentó que se busca “tener un abordaje oportuno e inmediato” y “no tener que esperar a ese espiral de deterioro que generan estas situaciones de llegar al punto en que la persona esté en riesgo de muerte”. Auersperg dijo que “lo que pretende esta ley es” actuar “en cuadros de intoxicación aguda o descompensación de la patología psiquiátrica que representen un riesgo para sí o para terceros” porque “hay situaciones donde la comunidad está en riesgo”.

Además, explicó que “los equipos de calle del Mides están preparados para hacer un abordaje social, pero no son profesionales de la salud”. Por lo que “ante la presunción de que es una de estas situaciones ellos contactarían a ASSE y ASSE pondría a disposición a un psiquiatra”. “El psiquiatra haría un informe y nosotros le pediríamos al Ministerio del Interior que nos acompañe en el traslado y hasta ahí va la hospitalización involuntaria. El ministerio acompaña, a veces no es necesario que vaya un patrullero y que sea trasladado por el Ministerio del Interior, es para dar más garantía a los equipos del Mides”, explicó.