Luego de dos años de relativa calma, en los últimos meses el Ministerio del Interior volvió a estar en el centro de la polémica. El primer semestre del año arrojó un aumento marcado en las cifras de homicidios, hubo 39% más que en el mismo período de 2021. Y el inicio del segundo semestre no dio mucha tregua. Julio cerró con 37 homicidios, 21 más que en junio y 12 más que en julio del año pasado.

En los últimos días, además, se sumó el caso de Sebastián Marset, un uruguayo señalado como narcotraficante que estaba preso en Dubái y a quien el Gobierno de nuestro país le expidió el año pasado un pasaporte que le permitió evitar la deportación.

El trámite se realizó por medio de Cancillería y el Ministerio del Interior. El pasaporte se aprobó el 28 de octubre de 2021 y, con él en la mano, Marset obtuvo la libertad en enero de este año.

En marzo, Interpol libraba orden de captura internacional contra Marset con una alerta código rojo a solicitud de Paraguay, donde se había desbaratado su organización en la mayor operación contra el narcotráfico realizada en ese país y, más recientemente, en Colombia se acusó a Marset como uno de los responsables del asesinato en ese territorio del fiscal paraguayo que indagaba a grupos del crimen organizado.

Si bien el Gobierno ha respondido que a Marset se le entregó el pasaporte porque cumplía con los requisitos legales vigentes, y que además están preparando modificaciones a la norma para evitar situaciones similares en el futuro, la discusión no se apaga, al punto de que el lunes próximo tendrá lugar una interpelación por este tema.

Sobre estos asuntos, En perspectiva conversó con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

En primer lugar el ministro remarcó que por respeto al Parlamento y “a su función de fiscalización”, no le parecía justo responder las dudas de la oposición desde la radio, cuando el lunes se va a dar “una instancia de varias horas”, por lo que advirtió que en “muchos de los temas que seguramente se está preguntando la población” no iba a profundizar. “Tengo que profundizar en el Parlamento”, dijo.

El jerarca dijo que la primera reflexión que le surge ante el caso Marset es que le “resulta raro” que Colombia, país del que su presidente, Gustavo Petro, se expresó en Twitter en referencia al tema, “no haya subido una alerta roja en Interpol” si “tiene esas pruebas” de las que hablaba el mandatario colombiano.

“Lo primero que deberíamos estar pensando es que hay una alerta roja del señor Marset en Paraguay desde el 3 de marzo de este año, y sabiendo que puede ser uno de los ideólogos [de] la muerte del fiscal paraguayo, Colombia no haya subido un requerimiento en Interpol con línea roja o azul, que es de alguna manera la posibilidad de tener este requerimiento para investigación. Ninguna de las dos están en Interpol”, sostuvo.

Manifestó que, a su entender, “es lo que se debe hacer” y que en Uruguay, si hay pruebas sobre algún delito a nivel internacional, lo primero que se hace es poner alerta roja y avisar a Interpol a nivel mundial que esa persona está requerida.

“Es un dato extraño. Nosotros en los análisis que hacemos, es extraño que Colombia, que Interpol Colombia, no haya subido el requerimiento cuando hay pruebas, a no ser que no las haya”, aseveró.

“A no ser que no haya elementos como para hacer el requerimiento a nivel internacional y simplemente sea un trascendido de prensa, no lo sabemos. Puede ser, nosotros hacemos nuestras propias investigaciones y, por lo tanto, cuando tenemos elementos de prueba, hacemos el requerimiento internacional que corresponde”, añadió Heber.

Sobre la publicación de Petro, dijo que “es un trascendido de prensa que ha generado un retuit del señor presidente y que no está en el mundo formal de las investigaciones policiales”.

De pasaportes y decretos

Heber dijo que desde su cartera se respondieron los pedidos de informes que se han solicitado por parte de algunos legisladores y que en ellos se ha dicho “muy claramente” que el ministerio se encontró con “las disposiciones establecidas en el decreto del 2014 del presidente [José] Mujica, [que] lleva a que en los requisitos para poder otorgar un pasaporte que no esté contemplado la situación de que esté preso o tenga antecedentes en el exterior, solamente si es por causas abiertas en nuestro país”.

Heber recalcó que en la norma del 2014 “se saca lo que establecía el decreto anterior, que era del año 1993”.

“Hasta que no sucedió esto no pudimos percatar estos cambios, en donde expresamente en el decreto del año 93 se solicitaban antecedentes del país en donde se está residiendo, donde se esta solicitando. Si hubiera estado vigente el decreto del 93, no se podía dar el pasaporte al señor Marset”, afirmó.

“Se puede dar el pasaporte al señor Marset, producto de que está vigente el 2014, que no exige antecedentes en el país donde se está solicitando. Si estuviera vigente el del 93, no se le podía otorgar porque el señor está preso. Entonces no solamente tiene antecedentes, sino que está preso por una falsificación”, recalcó.

Heber advirtió que “había otra instancia que existe en nuestra legislación, que es la posibilidad de dar un pasaporte, para no indocumentar a una persona uruguaya en el exterior, que es un pasaporte de un viaje, que es simplemente para poder volver a su país”.

Sin embargo, explicó que “no se fue por ese camino” porque no se solicitó de esa manera.