El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, afirmó ayer que en Uruguay la Justicia “es igual para todos”.

Esto ocurrió como respuesta a los dichos de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA). La fuerza política de izquierda presentó esta semana 50 denuncias por casos de abuso policial, a partir de una denuncia previa de la Asociación de Defensores de Oficio.

“¿Saben por qué estas denuncias no saltan con más fuerza? Porque son hijos de pobres”, sentenció Pereira. 

En una conferencia de prensa ayer miércoles, el doctor John Pérez reaccionó y sostuvo que con dichos como los de Pereira, se estaba construyendo una “barrera cultural”.

Entrevistado por En Perspectiva el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Joaquín Gamba, aseguró que, desde el punto de vista del acceso a la Justicia, comparte la idea de que “hay una Justicia para pobres y una Justicia para ricos”.

Según apuntó, es un reclamo que viene “desde hace tiempo” porque están teniendo “dificultades serias” para poder abarcar todas las situaciones donde se requieren defensores públicos. En este sentido, indicó que Uruguay incumple tratados internacionales.

Consultado por la conductora, Romina Andrioli, sobre cuántas personas tienen que recurrir a los servicios de Adepu, Gamba dijo que entre el 80% y el 85% de los casos a nivel judicial, sobre todo en materia penal, requieren asistencia de un defensor público. Se trata de 300 mil personas al año, que deben ser atendidas por 291 funcionarios, de acuerdo a estadísticas de 2019-2020.

En esta línea, sostuvo que hay defensorías que están en una situación “mucho más compleja” que otras. “Familias especializadas: un defensor hace un promedio de doce, quince, audiencias”, ejemplificó y agregó: “Trabajamos más de ocho horas, en Penal lo mismo. Hay defensorías del interior que están trabajando en materia penal, son dos defensores y doce fiscales”.

En tanto, valoró que la situación en cuanto a poder enfrentar con una “buena calidad técnica” las distintas situaciones que se plantean  es “muy compleja”. A su vez, señaló que “muchas” de las denuncias de las que habla el presidente del Frente Amplio, “no se continuaron investigando”.

“Al día de hoy, de acuerdo a lo que informa la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, fiscalía no había dado respuesta de qué sucedió con todas esas denuncias”, constató y añadió que el Ministerio del Interior “ha negado absurdamente” que se han hecho denuncias específicas. 

“Los que investigan son los fiscales con el auxilio de la policía; la Fiscalía es la que tiene que dar respuesta”, reclamó.

Gamba entiende que hay dos visiones distintas que se plantean: por un lado, el seguimiento a las situaciones de vulneración a los Derechos Humanos, y por otro, si a la hora de tomar una decisión judicial por parte de un magistrado se tiene en cuenta la condición de pobre o no.

Por último, contó que van a continuar  “en la misma línea” reclamando en las instancias presupuestales y dijo que evalúan la posibilidad de hacer una denuncia ante organismos internacionales por “falta de defensores públicos”. 

Montevideo Portal