El proyecto fallido de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, que iba a ser una de las obras más importantes del gobierno de José Mujica, ha sido este mes un tema candente en el debate político.

El punto de partida fue un estudio que realizó la consultora PwC sobre la contabilidad de Gas Sayago SA, la empresa propiedad de UTE y Ancap que estaba a cargo de llevar adelante el proyecto. El trabajo estimó pérdidas por US$ 213 millones y fue remitido por el directorio de UTE a Fiscalía.

Desde entonces, varios jerarcas del gobierno, entre ellos el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, han señalado que la iniciativa era inviable desde el inicio y se han preguntado por qué, de todos modos, las autoridades frenteamplistas decidieron seguir adelante engrosando las pérdidas.

Pero también desde el Frente Amplio se escucharon reproches, por ejemplo el de Danilo Astori, ex vicepresidente y ex ministro de Economía, que señaló que la regasificadora fue un "error importante, grande" de las dos últimas administraciones encabezadas por la izquierda.

En diálogo con En Perspectiva, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla habló por primera vez sobre la auditoría de Gas Sayago y explicó que si bien reconoce fue un proyecto "fallido", apuntó que a partir de los números que se ponen en el informe "se sacan conclusiones equivocadas de las pérdidas"

"El informe (de PwC) lo que hace es poner números, y a partir de eso se sacan conclusiones equivocadas de que la pérdida es de US$ 200 millones y uno tiene que clarificar el panorama a la luz del propio informe. (...)Coincido en que es un proyecto fallido que termina dando pérdida, pero lejos de esos millones de dólares que se habla", sostuvo el exjerarca, que defendió algunas inversiones en zonas que todavía tienen valor como la que se hizo de US$ 20 millones en infraestructura en Punta Sayago.

Dijo que, si se hacen las cuentas y "se le sacan aportes que se hicieron", le da "un negativo de US$ 33 millones".

Dentro de los US$ 213 millones del gasto y dijo que "hay que considerar cuál es la cuenta país al final del día".

"Hay que sacar los US$ 100 millones que puso el consorcio GNLS cuando se ejecutó la garantía, los US$ 8,8 millones de la garantía con OAS. Con los impuestos de esa garantía de US$ 100 millones, que los cobró el Estado (unos US$ 27 millones), se construyeron escuelas. Eso es plata que quedó y está arriba de la mesa. También le dimos US$ 10 millones al puerto por arrendamiento de un lugar que era pasto. Con eso yo puedo decir que construimos el muelle C", defendió.

Señaló además que Uruguay "siempre quiso tener gas" porque es un combustible fósil mejor que el líquido, que tiene ventaja desde el punto de vista logístico y puede tener costos menores.

"Además es más ameno para el medio ambiente y las máquinas se deterioran menos", apuntó.
Casaravilla señaló que el primer directorio de Gas Sayago tuvo participación multipartidaria, que tomó decisiones "en base en base a información objetiva".

"Hubo muchísimos estudios durante muchísimo tiempo de la factibilidad y cuando tomamos la decisión lo hicimos con la mejor información posible", defendió Casaravilla el proyecto.

"Cuando nosotros a fines de 2015 vimos que se había abortado el proceso en el cual estábamos, porque se cayó el contratista y ejecutamos todas las garantías, dijimos ‘¿qué hacemos? ¿seguimos necesitando o siendo interesante tener gas?'. Los estudios de esa época nos informan que en un escenario conservador había un beneficio potencial de US$ 300 millones y si a eso le agregamos Argentina, se iba a 475 millones, y si además de vender energía eléctrica, vendíamos gas", prosiguió.

El expresidente de UTE sostuvo que se tomó una decisión de riesgo, y sobre la perspectiva de que Argentina comprara gas a Uruguay como fundamento de la inversión, dijo que en 2013 era "un proyecto que empataba".

"Si uno ponía los números, daba que se empataba sin Argentina. En caso de desarrollarse Argentina -ese mercado-, ahí era donde explotaban los números y los beneficios serían cuantiosos. Uno toma decisiones de riesgo", insistió.

Sobre el posible proceso judicial en lo penal dijo finalmente: "Estoy tranquilo porque todas las decisiones se tomaron con información fundamentada, en el plano ético y moral estoy tranquilo".

Sobre esta situación, agregó que a su parecer se "está destruyendo la gestión pública".

"Estamos en un sector que tiene que tomar hipótesis para desarrollar inversiones a largo plazo y eso hace que el que esté tomando decisiones tiene que estar elucubrando no tomar la mejor decisión con la mano en el corazón, sino aquella que lo pone a cubierto de eventualmente terminar en un juzgado", finalizó.