El Senado comenzó el jueves la discusión artículo por artículo del proyecto de Ley de urgente Consideración (LUC)

Uno de los puntos centrales del debate giró en torno a los artículos relacionados con la seguridad pública, que son precisamente los que presentan mayores niveles de discrepancia entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio.

Sobre ese tema, el programa En Perspectiva, conducido por el periodista Emiliano Cotelo y transmitido por Radiomundo, entrevistó al senador Enrique Rubio, perteneciente al sector Vertiente Artiguista (FA).

Para Rubio, el proyecto en principio "venía muy mal, pero sufrió algunas modificaciones" además de ser objeto de "muchas objeciones de fuerte fundamento desde la academia". Ese factor, más la oposición desde el FA y la "comprensión de algunos legisladores oficialistas" llevó a "un conjunto de modificaciones. Hay partes enteras que hemos votado, y partes que nos suscitan firme oposición", expresó.

Para Rubio, uno de los principales problemas de la reforma legal propuesta es que "se insiste en la tesis de que a mayores penas hay menos delitos, algo que viene desde la Ley de Seguridad Ciudadana de 1995".

Pese a ello, Rubio matiza que "eso no quiere decir que no haya que ser selectivos. Una cosa es que esa sea la estrategia general para combatir la inseguridad, y que ha fracaso en todo el mundo, y otra que no haya situaciones puntuales terribles sobre las que haya que poner penas más severas".

A modo de ejemplo, el legislador señala que ese tipo de medidas fueron votadas por el FA "para delitos sexuales y narcotráfico, por ejemplo. Pero en otros casos no".

"En estas cosas se ha encontrado un punto de acuerdo y en otros no, porque discrepamos en esa estrategia general", remarca.

Para Rubio, otro de los inconvenientes del proyecto es que "desconoce la progresividad del sistema carcelario y debilita herramientas de rehabilitación", en el entendido de que , "hará aumentar la reincidencia y esto ejercerá más presión en el tema cárcel", que actualmente ya afronta una fuerte sobrecarga. "La aplicación combinada de aumentos de penas y restricciones de medidas alternativas va a hacer de esto algo indominable", auguró.

Para Rubio, es necesario "buscar un sano equilibro entre el combate al delito y el respeto de los derechos individuales, y en el proyecto original eso no estaba nivelado, dejaba mucho a la discrecionalidad policial y expandía el uso de las armas, además de desmantelar institutos y estrategias que consideramos exitosas, como el PADO y otras".

"Entendíamos que se seguía un camino que no confrontaría a la policía sólo con los delincuentes, sino con la sociedad, estaba mal diseñado". Y como ejemplo de ese diseño defectuoso, señala lo que el proyecto original preveía en materia de expansión del concepto de legítima defensa.

En ese sentido, el proyecto "tiene un área que está justificada, y otra que no tiene bordes desde el punto de vista penal", y ello ocurre quizá "mucho más allá de la intención" que se tuvo al diseñarla.

"Está bien que se extienda a locales comercial y demás, no lo discutimos, pero nos parecía mucho más precisa la figura que venía en el código penal histórico", considera Rubio, para quien esa "falta de bordes" es notoria "en la parte rural", dado que "habilita una protección de las cosas mayor que la de las personas", lo que "genera problemas penales que pueden ser importantes".

Asimismo, considera que el tema de la presunta legítima defensa para policías "está mal planteado". En ese sentido, entiende que "el policía hoy ya está amparado", y recuerda que en los últimos años "hubo más de 40 muertes a raíz de respuestas de funcionarios policiales, y ninguno tuvo problema". Por ello, sostiene que lo planteado en la LUC "es redundante" respecto a lo ya legislado, e insiste en que con la ley vigente "ya es suficiente" y que con la nueva norma "se quiere dar una señal política".

"No lo vamos a votar tal como viene, porque junto a otras disposiciones transmite un mensaje que genera un efecto bumerán. Le transmite al policía el mensaje de que todo está habilitado. Y frente a los jueces no tiene ningún amparo extra respecto a lo que ya está legislado hoy", asegura.

"El problema es que no termina acá. La manera en que están formulados otros artículos nos parece que puede dar lugar a que la protesta social se criminalice", apunta el legislador. "Si hay una sentada en un lugar, donde unas señoras protestan contra la violencia doméstica, pueden ir detenidas y pasar a juez" ejemplifica.

Rubio critica que la nueva normativa dejaría, en materia de intervención de autoridad en protestas sociales "mucho a la ponderación que tenga o no tenga la autoridad policial" que intervenga.

En ese sentido, entiende que "se incorporan a la legislación existente unas normas muy riesgosas desde el punto de vista de la protesta social, y eso afecta los derechos civiles", Además, recordó que en nuestro país ese tipo de protestas "son algo que por lo general se maneja bien por parte de sus propios organizadores".

"El presidente Lacalle estuvo muy bien en apelar a la cátedra para la pandemia, pero no lo hizo para este tipo de cosas. Por ahí se pueden cometer errores muy grandes, nosotros mismos los cometimos en el pasado por esa misma razón", reconoció.