La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada por unanimidad el proyecto de ley en el que viene trabajando la representante del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg hace años, denominado Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.

Es uno de los pocos proyectos de ley que ha generado unanimidad entre oficialismo y oposición en el sistema político, e inclusive consiguió el apoyo del Poder Ejecutivo, tanto del presidente Luis Lacalle Pou como de la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Pero ¿en qué consisten estos cambios? ¿Qué mejoras veremos? De este tema dialogaron en el programa En perspectiva de Radiomundo junto a la diputada frenteamplista, quien destacó en su primera intervención el hecho de generar consensos entre los diferentes partidos políticos, particularmente en un tema que, a su entender, es “invisibilizado”, pero que hace “viable” el país hacia adelante.

Lustemberg dijo que “hay varias lecturas” para entender por qué el proyecto demoró tanto en aprobarse y generar unanimidad, teniendo en cuenta que se presentó en 2017 y en 2019 se archivó sin acuerdo a la interna del FA.

“Primero, es un proyecto de ley que no toca las competencias institucionales, y eso lo hemos revisado con el equipo jurídico, de las instituciones que quiere ordenar, pero sí toca el funcionamiento. Es un ejemplo de reforma del Estado, siendo más eficiente desde las necesidades que tienen las familias con niños y adolescentes, no precisamente solo las iniciativas fragmentadas que pueden tener los sectores de salud, de educación, de políticas sociales y del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]”, indicó.

“Ya eso de por sí en un país que tiene un Estado fuerte, pero que a veces generar cambios con audacia y basado en niveles de eficiencia, de eficacia, de transversalidad, de resolver problemas desde las necesidades de la gente, genera un poco de resistencias”, agregó.

La diputada frenteamplista contó que en el período pasado tuvieron “dificultades” internas en cuanto al diseño del proyecto, pero destacó que eso también le sirvió para entender que este tipo de proyectos en años electorales generan “dificultades”.

“Preferimos esperar cuando se archivó y lo retomamos, tomamos mucho de las observaciones de técnicos de instituciones que nos hicieron con el proyecto anterior, que estaba muy enfocado en primera infancia”, señaló.

“Porque son las tres etapas de la vida más importantes, que cada una tiene sus características y no pueden ir separadas unas de otras. En la primera infancia desde el embarazo es donde se consolida el 80% de muchas de las cosas, pero la adolescencia es otra etapa importante, la infancia es otra etapa importante, entonces, al tener más tiempo, logramos este diseño de organización, que no es menor”, añadió.

En esta línea, la representante explicó que todos los políticos dicen que les importa la primera infancia, pero que a la hora de asignar recursos y de hacer cambios estructurales que pongan este asunto en el eje de prioridades aparecen las “dificultades”.

“Esta vez creo que las superamos y vamos en camino de ello al tener un diálogo con el presidente de la República, con el expresidente Julio María Sanguinetti, con el Partido Nacional, con el PERI, con el Partido de la Gente, con el Partido Independiente, es decir, logramos el acuerdo de todo el sistema político”, indicó.

Consultada sobre por qué llegó hasta el presidente de la República, contestó: “Porque nosotros creemos que esto debe ser una política de Estado. Los poderes en nuestro país tienen independencia, pero entendemos que esto debe ir al máximo nivel de decisión. La ley lo que hace es que no crea institucionalidad nueva, pero ordena y crea un gabinete que debe ser presidido por el presidente”.

“Por eso para nosotros era importante hablar con el presidente actual, presidente que tuvo la mayor escucha cuando le mostramos las dificultades que hay en la ejecución de los recursos. Hemos apoyado los 50 millones al fondo de primera infancia que ahora en la Rendición de Cuentas vamos a revisar y por qué lo que falla es el modelo de diseño de la política pública”, explicó.

Finalmente, consideró que el país tiene un problema de “diseño estructural” que hace que el Estado quede compartimentado y con mucha burocracia y que la persona migre entre organismos sin llegar a una solución completa.

“Uruguay precisa invertir cuatro veces más, que es lo que invierten los países más desarrollados que han resuelto de forma estructural los temas de infancia y adolescencia, porque los niños no son el futuro: son el presente hoy. Entonces, de verdad necesitamos muchos más recursos. Ahora lo primero que requiere esta ley es que Uruguay dilapide recursos, asignados a partidas que deben impactar donde hay niños y adolescentes y hay una fragmentación de recursos”, concluyó.