La Justicia imputó ayer por homicidio agravado a Gustavo Albín, integrante del clan de los Albín, una de las familias que se disputan el territorio por la venta de droga en el barrio Villa Española, en Montevideo.

Albín, que se había entregado a la justicia el lunes, fue imputado por el asesinato de Ezequiel Suárez, de 21 años, miembro de la banda rival, Los Suárez, ocurrido el pasado 30 de noviembre en Villa Española.

Albín es el padre del niño de 8 años que murió en un ataque a balazos en Malvín Norte el 18 de enero. Ese ataque iba dirigido a él, en venganza por la muerte de Ezequiel Suárez.

¿Qué implica esta decisión judicial para la guerra narco que se vive en Villa Española hace semanas?

Este miércoles los conductores de En Perspectiva Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la fiscal de Homicidios de 3° Turno, Adriana Edelman, para profundizar sobre el enfrentamiento de bandas criminales que hay en Villa Española, que ya lleva cobrándose varias víctimas fatales.

Edelman dijo que las pruebas que se obtuvieron para lograr la imputación de Albín fueron la declaración de tres testigos, con dos de ellos que lo hicieron de manera anticipada en el Juzgado.

“Eso eleva el estándar de prueba porque ya no se va a diligenciar en un futuro juicio. Ya adquiere la calidad de prueba. A esas declaraciones les sumamos elementos objetivos-científicos como las llamadas al 911, que se consideran ‘declaraciones espontaneas’ de los vecinos que informaban lo que estaba sucediendo. También cámaras de seguridad pública en las que se ve la escena”, comenzó la investigadora, quien valoró el rol para la causa de los “testigos de identidad reservada”.

Edelman detalló que, en el marco del pedido de la prisión preventiva, argumentó que “hubo que hacer varios allanamientos a los efectos de ubicar a Gustavo Albín”.

“En una vigilancia previa a un allanamiento la Policía había visto a Albín en el interior de su casa, pero no se podía proceder a la detención cuando una persona está en su domicilio. En ese marco vinieron algunas personas, hombres y mujeres, gritando y amenazando. En ese momento la Policía no podía formalizar la detención. Primero porque estaba en un domicilio y segundo porque el accionar de la Policía tiene que ser proporcional, racional, como lo establece la Ley de Procedimiento Policial”, relató la fiscal.

En este sentido, Edelman dijo que “también hay que preservar la identidad de la gente del barrio en aras de que no pase a mayores”.

“Sobre la presencia de armas hay distintas versiones sobre si había o no, pero sí hubo una resistencia a la detención. El hecho ocurrió en enero, a pocos días de la muerte del hijo de esta persona. O sea, el marco en que se estaba dando toda la situación era particular, porque venían in crescendo las muertes de uno y otro bando. Y en los códigos que se manejan, [el asesinato de un niño] es traspasar un código más. En ese marco es que estaba el ambiente más embravecido que lo normal”, explicó la fiscal.