Fue el gran tema de debate político de esta semana. La bancada de senadores de Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, reinstala la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aquella que se aprobó en el año 1986.

El, texto que tiene siete artículos, establece también que la única fuente de derecho penal de nuestro país son las leyes uruguayas, lo que implicaría que el Estado no se viera obligado a cumplir sentencias de organismos internacionales, entre ellas las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuáles son los fundamentos de Cabildo Abierto, qué responde a las críticas que han surgido desde distintos ámbitos? El senador Guillermo Domenech, de CA, dialogó al respecto con el periodista Emiliano Cotelo en su programa En Perspectiva, emitido por Radiomundo.

"Lo presentamos ahora porque en nuestra breve experiencia como legislador, hemos observado que el país se encuentra detenido en temas que no son de una importancia central para el futuro del acontecer nacional", expresó el legislador.

Entre los temas que Domenech sí considera centrales se encuentran algunos como "abaratar el costo de la energía para la producción, el tema de la navegabilidad del río Uruguay, que es un tema que sí ha mencionado el presidente, pero sobre el que, por lo menos a nivel parlamentario, poco se ha podido trabajar".

El legislador también destacó temas como "el de la Ruta 14, que atravesaría transversalmente del Uruguay y permitiría que nosotros participáramos de las operaciones de exportación de las provincias mediterráneas argentinas y de su Mesopotamia", o la debatida reforma de la previsión social, "tema que se cierne sobre el Uruguay como algo complicado".

Según Domenech, "todos esos temas están postergados por una especie de reverberamiento de los problemas generados por los alzamientos guerrilleros de la década del 60 y comienzos del 70 y el gobierno militar, la dictadura militar del 73 al 84".

"El país tiene que hacer un esfuerzo por superar esos hechos", opinó.

Además, el legislador entiende que en los últimos tiempos se ha producido "una especie de avasallamiento de la legislación nacional, de las de las normas constitucionales, con una cadena de procesamientos de personas que nosotros, en muchos casos, entendemos inocentes, como es el ya icónico caso del del soldado Vidal, en función de pronunciamientos judiciales o pseudo judiciales, efectuados por organismos internacionales en los que el Uruguay no tiene prácticamente incidencia".

Posteriormente, el reportero señalo que existen voces que señalan a Cabildo Abierto como responsable de hacer aquello que denuncia: Al cuestionar fallos judiciales y leyes ya votadas, estaría poniendo sobre el tapete el mismo tema que recomienda superar.

"Si usted observa durante los últimos quince años de gobierno del Frente Amplio prácticamente no hubo procesamientos por hechos ocurridos durante la dictadura militar. Sin embargo, no bien comenzó este Gobierno, y particularmente desde la Fiscalía General de la Nación, organismo que nosotros hemos criticado por su posición institucional y por la forma de actuar de su jerarca, se ha desencadenado una especie de catarata de juicios contra presuntos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en esos años", fue la respuesta de Domenech.

Sobre ese punto, Cotelo le recordó Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, le manifestó su preocupación por eses hechos al entonces presidente Tabaré Vázquez a comienzos del año 2019, por lo que la situación descrita dataría al menos de ese momento. A ese respecto, Domenech reconoció que sí se dieron "pero muy aisladas. En cambio, en este momento nosotros estamos observando que prácticamente semanalmente hay citaciones a los juzgados competentes. Como que hubiera un intento por poner este tema nuevamente en el foco de la discusión política".

Luego, Domenech fue preguntado sobre los fuertes dichos de Cabildo Abierto hacia los jueces, en los que se mencionó la palabra prevaricación. A ese respecto, La Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado donde, sin dejar de reconocer el derecho de todo ciudadano a discrepar con las resoluciones del Poder Judicial, rechaza enfáticamente que las decisiones judiciales aludidas tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función jurisdiccional.

"Nosotros no criticamos fundamentalmente no a los jueces, sino a la Fiscalía General de la Nación, que es la que en este momento tiene, yo diría, el manejo primordial de la Justicia Penal", dijo el senador, asegurando que "en Uruguay se ha producido un desplazamiento de la competencia en materia penal de los juzgados a la Fiscalía General de la Nación", órgano donde "se ha creado esta Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad, que es una fiscalía única, prácticamente se ha instalado en lo que en la Constitución se denominan juicios por comisión. No hay ninguna alternativa de que haya opiniones diferentes a las de los fiscales, porque existe una única Fiscalía, y eso ha contribuido de manera muy importante a que se establezca un criterio que nosotros entendemos que no es acorde a las normas constitucionales vigentes", refirió.

Por todo ello, dijo que su partido discrepa con esos cambios, introducidos con el Nuevo Código de Proceso Penal, entendiendo que dicha modificación, "acompañada por la ley de creación de la Fiscalía General de la Nación, responden a un cambio en la concepción de la Justicia Penal que además fue impuesto precisamente desde el exterior. Se pretende asimilar nuestro proceso penal a los sistemas anglosajones, y se ha desplazado el eje de la Justicia Penal del Poder Judicial, que en nuestro país siempre ha actuado con una mayor independencia, hacia la Fiscalía General de la Nación, que no deja de ser un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo".

Por ello, recordó que tiempo atrás, Cabildo Abierto, entre los temas que sugirió incorporar a la Ley de Urgente Consideración, estaba "la colegiación de la Fiscalía General de la Nación".

La idea de CA era de "un directorio no de tres miembros como prevé el proyecto del diputado Zubía, sino de cinco", detalló el legislador, insistiendo en su "discrepancia con este sistema importado, de darle predominancia a la Fiscalía General de la Nación, que sabemos que ha sido apoyada más por los partidos tradicionales que se dejaron un poco llevar por la moda".

"Sabemos que muchos legisladores están arrepentidos", de haber apoyado ese cambio, expresó, agregando que dicha modificación "supone un quiebre con nuestras tradiciones jurídicas".

"A nivel mundial sucede que se imponen determinadas corrientes. Esto ha venido desde los países de derecho anglosajón, imponiéndose en muchos países de derecho latino", consideró, recordando que en este último, "la instrucción la hace siempre el poder judicial. Quizás lo que podría ser criticable en nuestro derecho era que tanto el sumario como el plenario se hacían en una misma sede, pero hubiera bastado, como sucedió en alguna época en la historia del Uruguay, que se independizara plenario de sumario y se conservará la actividad de instrucción en sede judicial, donde nosotros consideramos que existen muchas mayores garantías". En contrapartida, entiende que "lo que se está dando en la actualidad es que tenemos un proceso penal contraactualizado. La mayoría de los delitos no van a juicio oral y público. Se lleva a los indagados al subsuelo de la Fiscalía General de la Nación. Ahí se les dice que se les va a pedir su formalización por tal o cual delito y se negocian las penas, lo cual es muy peligroso".

"Entendemos que es un proceso penal absolutamente inconveniente y que no se adapta a nuestras tradiciones jurídicas, pero hay una especie de corriente a la que nadie se resiste y por la cual se aceptan directivas que vienen del extranjero", señaló.

El proyecto

Posteriormente, y ya abordando la iniciativa de Cabildo Abierto mencionada al principio de estas líneas, se preguntó al senador acerca del tercer ítem del texto, que establecería que "el Derecho Penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención en el marco de la llamada Justicia Transicional, por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema".

Sobre dicho artículo, Domenech explicó que "en realidad es una norma meramente declarativa, que de alguna forma subraya que entendemos que los delitos que se pretenden perseguir se encuentran prescritos, porque eso es lo que prevé nuestra legislación nacional sobre el tema. El delito más grave, que es el del homicidio, prescribe a los veinte años, y estamos ya cincuenta años de los hechos, así que este están más que vencidos los plazos de prescripción".

"Incluso estamos a más de treinta años de la restauración democrática desde la cual, sin duda las personas estuvieron en condiciones de ejercer las acciones penales" que entendieran pertinentes. "Nos pareció bueno incluir esta norma que subraya, desde el punto de vista legal, que se han cumplido los plazos de prescripción", remarcó.

A ese respecto, el entrevistador recordó que se trata de un tema sumamente discutido, y que hay académicos y jueces que sostienen lo contrario.

En ese sentido, Domenech recordó el Tratado de Roma, de 1998, "que instaló en el derecho internacional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad". Dicho tratado "fue incorporado a nuestra legislación a comienzos del siglo XXI, pero el mismo prevé que sus normas no se aplicarán a hechos sucedidos con anterioridad a la suscripción". Por ello, entiende que "el propio Tratado de Roma, que fue el que consagró a nivel internacional los delitos de lesa humanidad, previó que no se aplicaría a conductas anteriores. Sin embargo, se ha pretendido elaborar pronunciamientos más que nada doctrinarios, en un sentido contrario, para extender estos delitos de lesa humanidad a conductas adoptadas previo a la aprobación y a la ratificación del Tratado de Roma".

Sobre ese punto, Cotelo indico que los delitos de desaparición forzada que están en el centro del debate se continúan cometiendo hoy de acuerdo a la misma jurisprudencia, por lo que no hay prescripción posible.

Según Domenech, "esa es otra posición doctrinaria que ha acogido la doctrina, pero que no tiene un fundamento legal precisó, porque esos delitos fueron también consagrados en el Estatuto de Roma, cuando se adoptaron esas conductas no existía un delito de desaparición forzada. No se puede imputar retroactivamente, los delitos tienen que estar expresamente previstos al momento de su comisión", sostuvo.

"La desaparición podrá continuar hoy, pero el delito no existía al momento de su comisión", añadió

Luego se puso sobre la mesa el artículo cuarto del proyecto, que pretende derogar la ley interpretativa del año 2011, que fue la que dejó sin efecto La Ley de Caducidad.

"Ese yo diría que es el corazón de este proyecto de ley. Restablecer la Ley de Caducidad, que fue considerada en su momento como una amnistía para estos delitos".

Para Domenech, la Ley de Caducidad "extinguió esos delitos , y la caducidad siempre se ha interpretado como que no es reversible. O sea, que una vez que ha caducado un derecho, desde el punto de vista jurídico se entiende que esa caducidad es definitiva y no puede ser subsanada", dijo.

"En este caso, nosotros entendemos que esa ley que pretendió ser interpretativa debe ser derogada, porque la Ley de Caducidad no sólo fue aprobada legítimamente por el Parlamento como una solución para los temas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto, sino que además fue, en dos oportunidades y con una diferencia de veinte años, ratificada por la ciudadanía. Tiene una un estatus muy particular que no lo revisten la mayor parte de las leyes del país", opinó. "Seguramente ninguna ley en el país fue ratificada en dos oportunidades por la voluntad popular, como lo ha sido esta".

A continuación, el entrevistador le indicó que la Ley de Caducidad fue declarada inconstitucional, recordando que la primera vez que ocurriño eso fue en el año 2009, en el marco del caso del asesinato de Nibia Sabalsagary.

"También previamente había recibido fallos de constitucionalidad. Entra dentro de las cosas que se podrían discutir desde el punto de vista jurídico, pero nosotros entendemos que la caducidad operaba y la ley que la que la este que la consagró vale la pena mantenerla". Asimismo, recordó que "las declaraciones de inconstitucionalidad sólo tienen efecto para el caso concreto".

Entrevista adelante, el periodista le señaló al senador la carta publicada esta semana en el semanario Búsqueda por el constitucionalista y ex vicepresidente de la Rpública, Gonzalo Aguirre, quen considera "por completo equivocada la iniciativa del senador Manini Ríos en el sentido de volver a sancionar la Ley de caducidad", señalando que dicha norma fue una solución "para evitar el enfrentamiento con las jerarquías militares de aquella época", dada "la negativa del comandante jefe del Ejército, teniente general Hugo Medina, a dar curso a las peticiones de varios juzgados penales a diversos militares acusados de graves delitos cometidos durante los años de la dictadura". Como tal problema no existe en el presente, Aguirre entiende que "resulta absurdo volver a sancionar la Ley de caducidad".

Para Domenech, esto "no deja de ser una opinión. Es importante que respetamos la del doctor Aguirre, pero entendemos que es bueno restablecer la vigencia de una ley que fue dos veces aprobada por la ciudadanía, y que de forma parte del pacto político que en el año 86 pretendió ponerle fin a estos temas relacionados con el gobierno de facto".

"Nosotros no estamos en contra del Tratado (de Roma), sino en contra del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia, que no puede desconocer la legislación nacional. Entendemos que la legislación nacional tiene que predominar sobre un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Justicia, que no respeta las normas sobre prescripción y caducidad de la pretensión punitiva vigentes en nuestro país. Lo que lo que implica es señalar que la legislación nacional predominara sobre la legislación internacional en aquellos casos en de la legislación internacional choque con las disposiciones constitucionales", aseveró.

En ese sentido, apuntó que Cabildo Abierto ha "observado con preocupación en este y en otros aspectos, que estamos bailando al son de una música que toca una orquesta que es extraña a la soberanía nacional. Estamos siendo sometidos a dictados de organismos internacionales en los que tenemos muy escaso peso, integrados por personas que desconocen nuestra legislación nacional, que responden a orientaciones que no son compatibles con el sentir de nuestra gente este. Y en ese aspecto, en un país pequeño como el Uruguay, es necesario que defendamos la legislación nacional", enfatizó.

Sobre ese punto, el entrevistador recordó voces de juristas que apuntan que desconocer el fallo de la Corte Interamericana quebraría una tradición de nuestro país, que siempre se ha apegado al cumplimiento de los tratados internacionales que suscribe, algo que sobre lo que se ha llamado a atención desde diversos sectores del espectro político.

"Nosotros no estamos en contra del derecho internacional, sino que estamos en contra de la aplicación de directivas de organismos internacionales que contravienen la legislación nacional", insistió Domenech. "Pretendemos que el Uruguay se gobierne, como decía Artigas, respetando la soberanía particular de los pueblos. O sea, no vamos a estar al golpe de los dictados de los organismos internacionales, no vamos a estar siendo gobernados por organismos integrados por personas que no interpretan nuestro sentir nacional, que no tienen conocimiento de las disposiciones constitucionales", volvió a repetir.

Para Domenech, este presunto influjo foráneo ha tenido consecuencias diversas en el país. "Así nos llegó la Fiscalía General de la Nación, así nos llegó el cannabis recreativo, así nos están llegando muchas cosas del exterior impuestas por organismos internacionales y financiadas por poderes económicos muy importantes" y hay "organizaciones en lo nacional que se transforman un poco en furgón de cola de esos intereses".

Volviendo al tema de la Corte Interamericana de derechos Humanos, Cotelo recordó el fallo en el caso Gelman, donde impuso que la Ley de Caducidad no fuera un obstáculo de que se continuará investigando, juzgando y castigando a los culpables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese fallo está basado en la Convención Americana de Derechos Humanos que Uruguay ratificó por unanimidad en 1985, antes de la Ley de Caducidad.

"Una cosa es el Tratado y otra cosa es la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia que, además, me parece increíble que le dé órdenes al Uruguay de cómo debe proceder. Nosotros no vamos a aceptar imposiciones de pretendidas autoridades judiciales, no corresponde", dijo una vez más.

No corresponde, por ejemplo, que está contra Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo, recientemente le haya dicho al Uruguay que debe derogar la LUC, o allá emitido opiniones contrarias a la luz. Está ocurriendo y para nosotros es una violación de la soberanía nacional".

Para el legislador, "el derecho internacional no fue creado para para generar una un gobierno mundial que le baje órdenes al Uruguay de lo que debe hacer en derechos humanos, que es una de nuestras preocupaciones ¿Al Uruguay lo van a gobernar las autoridades elegidas por el pueblo soberano, o lo van a gobernar burócratas internacionales cuyas opiniones no conocemos y que jamás hemos votado?, se preguntó.

En el tema concreto del caso Gelman, Domenech entiende que "Uruguay poco se defendió en el juicio, la defensa fue muy pobre, prácticamente fue a consentir el dictamen de la Corte Interamericana", organismo que -insistió de nuevo "no puede imponerle normas al Uruguay sobre la legislación a adoptar o cómo actuar con la legislación vigente en el país, y aprobada en dos plebiscitos".
"No cuestionamos los tratados, cuestionamos la forma en que se implementan esos tratados", arguyó

Además, "esos tratados se incorporan a la legislación nacional a través de una ley, lo que quiere decir que si esos tratados contuvieran alguna disposición inconstitucional, las normas constitucionales nuestras tendrían que predominar sobre ellos". En caso contrario "nos estamos exponiendo a que se nos gobierne desde afuera, que evidentemente que es una tendencia existente en el mundo, que haya gobiernos supranacionales".

En cuanto a los posibles problemas que ese apartamiento de un fallo internacional podría acarrearle a nuestro país, consideró que "siempre ha existido en el Uruguay y en el mundo, una discusión a nivel jurídica sobre la predominancia del derecho interno del derecho internacional. Nosotros nos vamos a ajustar a las doctrinas y posiciones que entienden que debe predominar el derecho interno, y que el internacional tiene que compatibilizarse con este".

Entrevista adelante, Emiliano Cotelo llamó la atención sobre el hecho de que los demás partidos de la coalición de gobierno no manifestaron respaldo explícito a la iniciativa, y que el propio presidente Lacalle Pou dijo que el tema no estaba en agenda. En ese contexto, quiso saber qué implicaba que Cabildo Abierto igualmente presentara el proyecto.

"Nosotros presentamos este proyecto, como hemos presentado otros, en aras de aportar las soluciones que entendemos convenientes a efectos de resolver problemas muy concretos (. . . ) entendemos que es un aporte a intentar resolver un problema", expresó.

En cuanto a la posibilidad de que esa iniciativa "complique" al Parlamento en un año delicado por diversas razones, Domenech consideró que "el Parlamento está para resolver los asuntos pesados".
"Yo he asistido a largas sesiones (...) y nosotros entendemos que el Parlamento tiene que dedicar tiempo a estos temas que son de fondo, que nos tienen bastante entreverados desde hace muchos años. Y bueno, si no es esta la solución, el Parlamento tendrá que aprobar alguna otra".

"Nosotros simplemente vemos los problemas y tratamos de hacer un aporte a la discusión a efecto de intentar resolverlo no esté. Obviamente nosotros no le marcamos los tiempos a los demás partidos políticos ni los demás partidos políticos pueden marcarnos tiempos a nosotros. Creo que la conducta de cabildo abierto ha sido una conducta más que constructiva, y ha quedado demostrado eso en el trámite de la LUC, a la que hemos hecho aportes importantes y hemos estado permanentemente en la discusión y el tratamiento de los problemas de esa ley, que ha sido la más importante aprobada hasta ahora en este periodo de Gobierno", sostuvo.

"No estamos poniendo ningún obstáculo a ningún tema, sino que hasta ahora la agenda ha sido una que nosotros no hemos establecido, pero eso no obsta que nosotros presentemos nuestros proyectos en el momento en que entendemos oportuno", aseveró.

Finalmente, Cotelo recordó que existe otra lectura posible de la iniciativa, que supone que el partido sabe que no tendrá andamiento, pero lo presenta igualmente como forma de construir espacio político, de generar y consolidar afinidad con una parte de su electorado y jugar a largo plazo, hacia las próximas elecciones.

"Esa crítica tiene la contra crítica de que quizás lo que se pretende es oponerse a las iniciativas del Cabildo abierto para deslegitimarlo, y que Cabildo abierto no sea una opción dentro de cinco años", respondió.

"No quiero entrar en la picardía política de decir que estamos elaborando una candidatura o un proyecto político y pretendiendo beneficiarnos con el circunstancial debate de un tema, porque también podría pensarse lo contrario, que lo que se quiere es que Cabildo Abierto, que como yo he dicho muchas veces, ha comparecido a una fiesta donde no lo invitaron, siga siendo una presencia quizás molesta, porque tenemos puntos de vistas y distintos y esa es un poco la razón de ser de Cabildo Abierto", concluyó.