Mañana viernes 20 de mayo, tendrá lugar una nueva marcha del silencio. Luego de dos años de restricciones debido a la emergencia sanitaria, la movilización volverá a ser presencial. El reclamo del paradero de los detenidos desparecidos durante la dictadura volverá a plantearse con fuerza en la avenida 18 de julio en Montevideo, pero también en otras calles del interior del país.

La consigna de este año será: “¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada es responsabilidad del Estado”. Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reconoció que en el gobierno hay un compromiso de palabra de continuar la búsqueda, pero agregó que no alcanza con pagar excavaciones o realizar excavaciones, sino que hay que saber la verdad.

En Perspectiva conversó con uno de los directos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) Wilder Tayler. Desde 2019 la INDDHH está a cargo de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Tayler, junto con Mariana Mota, son los encargados de esta área de trabajo.

La Inddhh es una institución estatal independiente creada en 2008 con la función de defender, promover, y proteger los derechos humanos de las personas en su relación con el estado.

La Ley 19.822 del año 2019, votada por todos los partidos políticos, le encargó a esta institución la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y el final de la dictadura, el 28 de febrero de 1985. Previo a esa ley, esta búsqueda estaba en manos del grupo Trabajo por Verdad y Justicia que dependía de Presidencia.

Según Tayler, el cambio obedece a “una cuestión de principios” ya que este trabajo “tiene que ser llevado adelante por una entidad independiente que no dependa del partido o del grupo político que está ligado al gobierno en un momento dado”, aclaró.

Construir una “metodología de búsqueda que perdure más allá de los avatares políticos”, sostuvo y agregó que “se entiende que es un problema de la sociedad que tiene que tener un abordaje integral y a largo plazo”.

Asimismo, consideró que uno de los cambios fue el diseño de estrategias “a bastante largo plazo” y la “estabilidad” al personal que trabaja allí.

Al momento, el equipo que trabaja en la causa es “relativamente chico”, menor que el anterior: diez antropólogos, cuatro investigadores —uno de ellos en Buenos Aires—, personal de apoyo y los dos directores a cargo, Tayler y Mota.

Por su parte, remarcó: “Acá hay un solo resultado que importa: el hallazgo”.

En materia de hallazgo, “yo creo que todo el ejercicio de búsqueda en Uruguay ha sido particularmente escaso”, manifestó y agregó: “Tenemos cinco desaparecidos encontrados después de 20 años de búsqueda, es un promedio malo”.

“Acá hay gente que sabe dónde están los desaparecidos o qué fue lo que pasó con ellos: ‘¿Dónde están?, o ¿qué pasó?’, que son las dos preguntas que la ley 19.822 nos manda a contestar, pero no lo dicen, existe este llamado pacto de silencio, esta gente ha pactado no decir y llevarse muchos de ellos ese secreto a la tumba”, sentenció el experto.

“A causa de eso es que se diseñan metodologías para dar respuesta a una situación que se podría solucionar muy rápidamente si esta gente hablara, si aquellos que saben dónde están decidieran aportar esa información”, subrayó.

En cuanto a las dificultades presentes en la búsqueda, informó que están diseñando técnicas de excavación para tratar de “sobrellevarlas”. En esta línea, añadió que “se hacen planteos para llegar a aquellos lugares donde puedan estar las fuentes humanas para proporcionar la información necesaria”. “Buscar para desarmar el andamiaje de la desaparición forzada que efectivamente es muy complejo y a medida que pasa el tiempo se complica más”, reconoció.

“En estos dos años no hemos logrado dar respuesta todavía a lo que es el cometido fundamental de la ley que es encontrar o esclarecer. Lo que no quiere decir que por eso se abandone”, expresó.

Excavaciones en curso

Según dijo el abogado, en este momento la búsqueda se está llevando a cabo en dos lugares. Por un lado, En el Batallón Nº 14, en un área “muy grande” atrás del memorial, “cercano o rodeando el área donde en su momento se dijo que podía estar María Claudia, la nuera del poeta Gelman” y, por otro, en el Servicio de Material y Armamento “donde estamos trabajando en unos polvorines porque hay información y datos de posibles enterramientos debajo de ciertos polvorines”, relató.

A su vez, informó de la llegada de una autorización de cautela para abrir el predio de la Chacra de Pando, lugar a cargo de la Fuerza Aérea, “única fuerza de las tres fuerzas que dijo la verdad, por lo menos parcial”, indicó Tayler y recordó que dijeron que “alguien” estaba allí, “eso fue en el primer gobierno de Vázquez”, detalló.

Por distintas circunstancias, dijo el experto, la excavación fue dejada. “Se hizo muchísimo, pero quedó una parte que no se terminó de hacer, que es lo que vamos a hacer ahora”, aseguró.

De acuerdo con el director de la Innddhh, se cuenta con presupuesto para cinco años de excavaciones y eso da “certeza”. “Antes no había un presupuesto que permitiera planificar a largo plazo. Ha dado cierta certidumbre en medio de toda esta incertidumbre que acarrea este tema”, apuntó.

En marzo pasado, estuvo sobre la mesa el establecimiento de una política de Estado sobre los archivos que pudieran llevar al esclarecimiento de las desapariciones forzadas.

Al respecto, Tayler sostuvo que “no hay que esperar a que alguien se tropiece con una caja llena de documentos porque a la vista está que los documentos están, sino que habría que sentarse, trabajar de manera metódica y que se abran esos archivos”.

“Nosotros sabemos que hay archivos sin revisar y hay unos archivos que nunca han aparecido que son los que podrían llevar a dar las pistas más importantes que son los archivos operacionales, aquellos que dicen quién participó, cuándo, dónde, en qué circunstancia para detener a tal persona”, agregó.

El abogado indicó que el archivo del Servicio de Información de Defensa “podría estar allí, en la calle Monte Caseros” y añadió que dicho archivo “no ha sido revisado sistemáticamente”. “Creo que valdría la pena”, remarcó.

Al ser consultado sobre de quién depende que se genere esa política, Tayler dijo que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa Nacional tienen una función “fundamental”.

“Nos corresponde a nosotros discutir esto con las autoridades. No ha sido el primer archivo al que hemos ingresado. Nos parece que visto el volumen de material que vamos a enfrentar o que se enfrentaría, cuando decimos política de Estado estamos hablando de proactividad en la materia, no esperar encontrarse con algo casi como de casualidad sino salir a buscarlo”, remató.