La interpelación al canciller Francisco Bustillo y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) generó este miércoles las primeras repercusiones.

El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que el gobierno va a actuar “en consecuencia” ante el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, que solicitó con el apoyo de todos los partidos que cesen los contratos de los funcionarios que ingresaron de forma “discrecional”, en particular los ediles de la Junta Departamental de Salto.

El diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano fue uno de los oficialistas que se mostró en contra del modo de contratación llevado adelante por el expresidente de Salto Grande Carlos Albisu. “Me parece que nosotros teníamos que mirar para adentro”, cuestionó Viviano, y aseguró que hay que “quitarle la responsabilidad de los ministros” porque CTM tiene suficiente grado de autonomía. 

“Los problemas están en la discrecionalidad, los desvíos y en decisiones que hacen mucho ruido. Diez ediles nos parecen un exceso, porque me aparece que acá se nos terminó yendo la mano”, agregó Viviano en entrevista con En perspectiva.

El diputado blanco consideró que “faltaba algo más” que las propuestas que hizo Bustillo para cambiar la designación de cargos en Salto Grande. Viviano aseguró que ese “algo más” está en la moción aprobada por la Cámara baja que establece que la delegación uruguaya debe tomar cartas en el asunto. 

Viviano contó que el diputado del Partido Independiente Iván Posada le alcanzó un borrador que los “conformó”, por lo que de ahí surgió la moción que fue votada también por Cabildo Abierto y el Frente Amplio. El texto que entregó el frenteamplista ya estaba avalado por los cabildantes.