La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay remitió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 12 de julio una carta en la que se narran situaciones de abuso policial como: allanamientos sin orden judicial y con violencia, apremios físicos a detenidos y operativos con uso "desmedido" de la fuerza.

Luego de conocida la carta, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pidió que se presenten pruebas ante Fiscalía para poder investigar presuntos abusos.

Sin embargo, los defensores de oficio señalaron que se "enfrentan a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencias de ello".

A nivel político, estas denuncias llegan en el momento en que el gobierno destaca mejoras en la seguridad pública, mientras que el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscan derogar varias de las normas de la Ley de Urgente Consideración vinculadas a la temática.

Los defensores señalaron además que es "llamativo" que la Policía tenga cámaras para filmar los operativos y no las utilice, "cuando son una garantía" incluso para los propios funcionarios.

Este miércoles el conductor de En Perspectiva (Radiomundo) Emiliano Cotelo conversó con el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, para profundizar sobre las advertencias que la organización de abogados ha realizado.

Gamba dijo que en el orden penal los defensores de oficio asisten a más del 90% de los imputados aproximadamente y son alrededor de 270 los profesionales dedicados al rubro.

Consideró que, dadas esas circunstancias, el número es muy bajo con respecto a la cantidad de defensores que debería haber.

Gamba, con respecto al informe, dijo que cada defensor sabe "como actuar en cada vulneración que se está viendo", pero lo que "preocupa mucho es que no tienen herramientas para enfrentar esas situaciones que se están dando y son preocupantes".

"En el informe lo que le solicitamos a la SCJ es que tienda los puentes con las distintas instituciones para evitar estas vulneraciones que se están dando, que son vulneraciones a los derechos humanos", expresó el profesional.

Sobre este punto, Gamba detalló por ejemplo que se utiliza "la llamada inspección voluntaria y se hace firmar al jefe de hogar un formulario con el consentimiento para entrar a la finca, después de que se ingresó a la fuerza".

Además, Gamba señaló que las cámaras Gopro con las que cuenta el Ministerio del Interior "no se están usando" en los operativos policiales, en particular en el interior del país.

"Se han hecho las denuncias. El tema que nos enfrentamos a la falta de evidencia porque no se están usando las cámaras. Y muchas veces cuando se firma por parte de los imputados los allanamientos se les saca la filmación como ya hemos visto que ha sucedido", insistió Gamba.

El defensor dijo que hubo un incremento de situaciones desde hace un año, pero "la LUC no habilita a hacer estos tipos de allanamientos".

"No puedo decir que sea como consecuencia de la LUC, pero sí hemos visto un aumento en este último año de esas situaciones y de otras más. El único derecho que tiene el detenido es que se le dé lectura de los derechos que tiene. Esa es la única defensa y no se está cumpliendo. Se le debe mencionar que tiene el derecho a no declarar y a contar con un defensor. Eso sí es generalizado", dijo Gamba, que aclaró que no es un problema nuevo pero sí ha visto un incremento.

En esta línea, dijo que hubo un incremento porque "la LUC le dio una autonomía a la policía para investigar por cuatro horas sin informar al fiscal y hemos constatado muchas coacciones psicológicas como gritos e insultos".

"El objetivo de este informe es encontrar soluciones. Por supuesto que esto sucedía antes sí (abusos policiales), pero se agravó este año, a partir de la LUC. También hemos tenido inconvenientes porque se le ha dicho al detenido que no se haga caso al defensor que lo va a asistir. Hemos constatado también un montón de situaciones de este tipo. Esto no sucede ni una ni dos veces y en el interior se da mucho", relató Gamba.

El profesional además agregó que este tipo de situaciones se "han puesto en conocimiento de Fiscalía y no se investiga".

"Hemos visto que hay fiscalías que investigan con más énfasis cuando hay agravio a la autoridad policial, que cuando se dan estas denuncias que expresamos los defensores", criticó el abogado defensor.

Gamba afirmó que otra situación generalizada es que "no se están haciendo los exámenes médicos como se deben hacer a los detenidos".

"Prueba de ello es que muchas veces el certificado médico dice sin lesiones y cuando nos relatan que están lastimados se les vuelve a pedir el examen médico y se constatan lesiones. Tenemos el caso de un hombre que fue golpeado por un funcionario y producto del golpe había perdido la audición, tenía un zumbido. Al consultar con la fiscal, se le realizó una nueva evaluación médica y se constató que tenía una perforación del tímpano. Así como esta situación hay otras", sostuvo.

Agregó además que "hay hospitales que tienen la orden insólita de que no atienden a determinadas horas a los detenidos".

"No se los examina, es un disparate. Esto no son situaciones aisladas, es algo generalizado", dijo Gamba.