El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, declaró emergencia hídrica y anunció nuevas medidas respecto a la crisis del agua este lunes tras reunirse en Torre Ejecutiva con parte del Gabinete y el presidente de OSE, Raúl Montero, entre otros funcionarios del ente. El mandatario informó que se realizará un embalse y una obra de infraestructura con cañería en el río San José, “para tener una fuente más de agua potable”.

Además, Lacalle Pou adelantó que se exonerará de impuestos el agua embotellada, que en caso del Imesi requiere de un decreto y en el del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene que ser enviada al Parlamento.

El senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini dijo a En perspectiva: “Nos preocupa asegurar que esa rebaja efectivamente llegue a las familias, porque con los instrumentos que vendrían en el proyecto de ley, no está asegurado”. Así, el integrante del Movimiento de Participación Popular recordó que el presidente “habló de una rebaja sensible”, por lo que “hay que considerar que la cara impositiva que tiene el agua embotellada es relativamente alta, casi extraordinaria”.

En cuanto a los posibles mecanismos con los que se puede implementar esta medida, el senador enumeró “devolución electrónica”, voucher o una “definición tarifaria del precio del agua”. “Ninguna de estas cosas está en el proyecto”, agregó.

En esta línea, Sabini sostuvo que el “miedo” del FA se debe a que “existe una alta demanda; no solo hay personas que tienen problemas de salud o niños, no podemos hacer un mate”. “Hay miedo también a consumir el agua de la canilla”, destacó.

Por eso, según el senador, a la oposición le “preocupa” que “el presidente lo soslaya simplemente con la acción de la comisión de defensa del consumidor informando cuál es el precio que [los usuarios] deberían de pagar”. Porque, insistió, “en la desesperación, [las personas] pagan lo que sea”.

Para Sabini, la rebaja es “tardía” porque “se podría haber realizado hace mucho tiempo”.