El Partido Colorado (PC), el Partido Independiente (PI) y el Frente Amplio (FA) habían llegado la semana pasada a un acuerdo para votar el texto de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que se estudia en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, legisladores el Partido Nacional (PN) expusieron el pasado lunes sus discrepancias con el proyecto de ley.

El borrador que aprobaron el PC, PI y FA, entre otros aspectos, establece un límite al aporte de su patrimonio personal que puede hacer el primer candidato de una lista electoral. De esta manera, los candidatos a presidente y vicepresidente podrán aportar un millón de Unidades Indexadas (UI), mientras que los senadores, diputados e intendentes podrán 800.000 UI.

Además, el proyecto topea en 300.000 UI el monto que pueden donar en una campaña electoral las “personas físicas o jurídicas debidamente identificadas que no reciban subsidios o subvenciones del Estado”, aunque hay algunas excepciones. Así, no podrán efectuar donaciones, por ejemplo, empresas que sean concesionarias de obras públicas, tampoco asociaciones civiles, profesionales, gremiales, religiosas o sindicales, con o sin fines de lucro.

El proyecto establece, además, regular cuál será el tiempo destinado en la televisión uruguaya para la emisión gratuita de publicidad electoral: el tiempo que hoy está establecido en 15 minutos para las tandas en horario central pasaría a ser de 20; la mitad del espacio debe cederse de forma gratuita a los partidos políticos, e indica que fuera de ese horario los contratos con los actores del sistema político deben ser “igualitarios”.

Ante las críticas, que lo tomaron con “sorpresa”, el colorado Conrado Rodríguez, presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para estudiar el financiamiento de la democracia, profundizó sobre el tema con En perspectiva.

El legislador destacó que los mecanismos de contralor que propone el proyecto son “lo principal”, ya que “están bastante ausentes en la legislación vigente y ahora establecen otros bastante exigentes, e incluso una potestad sancionatoria a favor de la Corte Electoral”.

Así, Rodríguez desatacó que “uno de los grandes avances del proyecto de ley es que se le otorga potestades sancionatorias a la Corte: tendrá la posibilidad de multar”. “Son multas bastante gravosas, que están divididas en lo que son sanciones leves, graves y muy graves, en las que se establece una gradualidad con un mínimo hasta un máximo”, agregó.

El diputado también contó que otro de los cambios del proyecto es la participación del Tribunal de Cuentas, que actuará “como una especie de auxiliar de la Corte Electoral, donde va a auditar los fondos que reciben los partidos políticos, y también las rendiciones de cuentas de los partidos políticos para informarle a la corte sobre los estados contables, las rendiciones de cuenta”.

El parlamentario recordó que el sistema político está hablando de este proyecto desde hace seis años. “Se ha dado el tiempo suficiente, nosotros presentamos con el PI un documento hace más de un mes, el 11 de octubre. El FA había hecho lo mismo una semana antes, y más de un mes después recibimos ahora la devolución del PN. Siempre es bueno que todos los partidos puedan aportar”.

Así, expresó que están “abiertos a posibilidades de modificaciones, de cambios”. “¿Hay cosas para mejorar? Sí. Pero creo que en la sustancia deberíamos de estar todos de acuerdo: si queremos la transparencia y la cristalinidad dentro de los procesos electorales; si queremos que la gente pueda tener una mayor credibilidad sobre el sistema político, porque este proyecto de ley tiene como objetivo el fortalecimiento de los partidos políticos y del fortalecimiento de la democracia. Creo que tenemos que aggiornar la legislación de 2009, que tiene muchos vacíos”, expresó.