España está viviendo una situación política convulsionada por estos días, que incluye una ardua negociación por una ley de amnistía, elecciones regionales adelantadas, acusaciones cruzadas de corrupción con la compra de tapabocas en la pandemia, y hasta intentos por vincular a los principales partidos políticos con el narcotráfico y la prostitución.

Sobre todo esto habló con En perspectiva el periodista uruguayo Homero Fernández desde Barcelona.

“Es un circo a varias pistas, podría decirse. Algunos dicen que es la democracia viva”, comenzó apuntando.

El jueves 14 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó, con 178 votos a favor y 172 en contra, el proyecto de ley destinado a amnistiar a los independentistas catalanes condenados o procesados por el intento de secesión de esa región en 2017.

La medida beneficiaría a unas cuatrocientas personas que cometieron diversos delitos, considerados por distintos jueces, desde desorden público hasta terrorismo.

Entre estas personas se encuentra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en 2017 se radicó en Bélgica para esquivar a la Justicia española.

El socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno, había aceptado legislar sobre la amnistía durante la negociación con dos partidos independentistas catalanes —Juntos por Cataluña (Junts) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC)—, que finalmente le otorgaron los votos que él necesitaba para asumir un segundo período como mandatario.

“Hay que recordar que dos o tres semanas antes de la aprobación en Diputados, la ley había sido rechazada justamente por uno de los impulsores: Junts, porque pensaban que no abarcaba o protegía demasiado a los supuestos beneficiados por la ley”, matizó Fernández, y agregó: “Después se volvieron a reunir, y finalmente se aprobó este texto mucho más amplio y con los requisitos que solicitaba la formación catalana”.

Un año atrás, Sánchez se oponía a una ley de este tipo, pero en los últimos meses la justificó apelando a la necesidad de “reconciliación” en el país. Ese argumento no es compartido por los partidos opositores de derecha, el Partido Popular (PP) y Vox, que critican drásticamente la norma.

Pero cuando parecía que el panorama comenzaba a aclararse con la aprobación del texto, en el gobierno de Catalunya se cayó la negociación por los presupuestos y el presidente regional llamó a elecciones anticipadas en esa comunidad.

“Hay una batalla que es política y una batalla que es jurídica”, explicó el periodista.

Desde el lado político, Fernández puso sobre la mesa que ahora el proyecto se dirigirá al Senado, en donde el PP tiene amplia mayoría.

“Se supone que va a dilatar la aprobación durante dos meses, o incluso modificarla. Pero lo cierto es que, transcurrido el plazo que tenga el Senado, volverá de nuevo a la Cámara baja o al Congreso en sí mismo para que se apruebe por los mismos números que hemos visto”, relató.

Desde este punto de vista, el PP y Vox no podrían vetar la ley de amnistía, por eso, podría estar aprobada “a finales de mayo o principios de junio”. “Si no ocurre alguna sorpresa”, acotó.

“El Partido Popular ha intentado llevar esto al Parlamento europeo para que se discuta, se censure o se critique esta decisión”, detalló el reportero. 

Sin embargo, la comisión de Venecia, que fue donde se discutió el tema, es un órgano consultivo y “no tiene más que una influencia moral, ética o, en algún caso, técnica, pero que no necesariamente implica una obligación para ninguno de los gobiernos”, expresó.

De hecho, “lo que observa es que una ley de amnistía debe admitirse como tal por los Estados, por más que no esté explícita en la Constitución”.

Esta postura es contraria al planteo del PP, Vox y los opositores a la amnistía de que el documento legal es inconstitucional.

En España hay un antecedente de una ley de amnistía, que fue la que se implementó para la reconciliación del país tras el franquismo.

Si se logra sancionar esta nueva ley de amnistía, los independentistas van a buscar que se ejecute un referéndum autorizado para la independencia efectiva en Catalunya, algo que se intentó en octubre de 2017 cuando se llevó adelante una votación que dio como ganadora a la independización, pero que había sido expresamente prohibida por el gobierno español.

El PP y, sobre todo, Vox han expresado en varias oportunidades la necesidad de prohibir la existencia de partidos independentistas en España.

Pero la respuesta jurídica-política es que los independentistas tienen derecho a tener su lugar en la política española.

“Que alguien exista como partido independentista, que defienda una independencia de su región, como puede ser en Catalunya, en el País Vasco, en las Islas Canarias, o en Galicia, no es considerado un delito, sino es considerado un derecho”, manifestó Fernández, y sumó que “se considera un derecho el luchar o defender la independencia de tu región, siempre y cuando sea en el marco correspondiente”.

Sánchez se jacta de que los indultos y amnistías que han tenido lugar por parte de su gobierno han “calmado las aguas” en Catalunya, y han llevado a que se reduzca el apoyo a los independentistas en las urnas.

En las últimas elecciones, el Partido Socialista catalán fue el que tuvo más votos en las elecciones, “aunque no pudo hacer gobierno por no tener la mayoría suficiente en el Parlament como para erigir a su candidato, Salvador Illa”, acotó.

El panorama político intrincado incluye otros temas, en especial las denuncias de corrupción que se cruzan entre oficialismo y oposición, con un caso que llega a manchar al entorno del presidente Sánchez y otro que toca a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales voces de la derecha.

“Son golpes duros, al mentón, diríamos”, consideró Fernández, y agregó: “Se puede escribir una novela de varios capítulos”.

El caso de Sánchez involucra “indirecta o directamente, no se sabe”, al diputado (antes Socialista, ahora miembro de un grupo mixto) y exministro de Transporte José Luis Ábalos, quien fue la mano derecha de Sánchez para erigirse como el líder del Partido Socialista.

La trama tiene como protagonistas a un guardaespaldas de Ábalos y un empresario mexicano, quienes crearon una empresa de la nada durante la pandemia y, por sus contactos, lograron venderle tapabocas al ministro de Transporte y Fomento por concepto de 25 millones de euros.

La respuesta a esta acusación es volver a traer a la luz un caso de fraude fiscal por parte de la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La presidenta madrileña se defendió diciendo que él era inocente y que “ella no era responsable por algo que había pasado incluso antes de su noviazgo”. Pero, al otro día, se conoció que el abogado de González Amador había respondido a Hacienda, admitiendo que había cometido un delito fiscal, “para ver cómo hacían para ponerse de acuerdo y no tratar de arreglar esta situación”, detalló el periodista uruguayo.

“Esto, para la presidenta fue como desmentirla e incluso exhibirla, porque ella salió a decir que no era y su propio compañero, a través de su abogado, había admitido de que había faltado a la ley”, agregó.