En los últimos cinco años, Uruguay atravesó una reforma profunda de su proceso penal, que pasó a ser acusatorio, oral y público, con un rol más preponderante de la víctima y de la Fiscalía, que comenzó a liderar las investigaciones.

Así, los fiscales obtuvieron un protagonismo que no tenían antes. Y eso les trajo nuevos desafíos, importantes.

¿Cómo tienen que desenvolverse los fiscales en público, en especial en sus redes sociales, si las tienen? ¿Cómo manejarse ante los medios? ¿Pueden darse el lujo de guardar silencio?

Además, la alta exposición lleva a mayores roces con el sistema político, con las dificultades consiguientes.

Pero estos desafíos no se dan solo en nuestro país.

Tal es así que [este mes] Uruguay coordinó en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos el desarrollo de una Carta de Principios Éticos que busca marcar lineamientos en varios de estos puntos.

¿Cuáles son? ¿Por qué es necesario un documento de este estilo?

Este miércoles, el conductor de En perspectiva Emiliano Cotelo conversó con Gabriela Aguirre, directora de Cooperación Internacional de Fiscalía.

Aguirre recordó como un punto a reforzar que, cuando los cargos de los que se acusan carecen de méritos, es preferible no formular acusación.

“Uno de los temas más discutidos en la interna fue que el tema de la imparcialidad y la objetividad no son precisamente principios idénticos. Se intentó ir por la vía de lograr un consenso porque muchos tenían en disposiciones constitucionales la imparcialidad de los ministerios públicos. La objetividad es en una primera etapa de indagatoria preliminar, cuando el fiscal decide si va a formalizar o a imputar a una persona por un delito. Otra cuestión es el tema de la parcialidad o la imparcialidad. Ahí hay una discusión, porque desde el momento en que se inicia el proceso, técnicamente el fiscal pasa a ser una parte que acusa frente a la defensa”, explicó Aguirre.

Sobre el actuar de los investigadores, Aguirre recordó que “antes del proceso acusatorio los fiscales no tenían la exposición pública que tienen hoy”.

“También, ese fue uno de los temas importantes, porque ese fue uno de los desafíos concretos que tuvo Uruguay. Tiene que ver con el principio de legalidad y las reservas muchas veces de las investigaciones. Una cuestión es dar transparencia, explicar a la población, informar el fiscal sobre el caso, pero determinada información no corresponde que sea dada para preservar la investigación. Ahí tenemos un balance entre la libertad de expresión y la reserva que fija el marco normativo”, apuntó la fiscal.

Sobre el rol de los medios de comunicación en casos de fuerte repercusión pública, Aguirre señaló que “no se puede desconocer que evidentemente hay en los medios otro proceso”.

“El fiscal tendrá que evaluar en cada caso. Muchas veces se dan discusiones públicas en casos que están en etapa de investigación y en esa etapa formalmente no hay una parte. No hay parte y contraparte hasta que no inicia el proceso. El principio es la reserva en esos casos”, aclaró Aguirre.

Sobre el uso de redes sociales, la profesional dijo que “se van a usar porque es una realidad”.

“Lo vemos no solo a nivel de fiscales, sino también a nivel de sistema político, y se advierte de alguna forma el cuidado especial que se requiere por esa inmediatez que tiene, por esa replicación inmediata, por esa fiabilidad de la gente a muchas cuestiones porque justamente están en las redes. Para cierto perfil le da garantía de que es información fidedigna. Simplemente es advertir esa prudencia que debe tener en el manejo, no quiere decir que no las use, que no las maneje, pero teniendo en cuenta el rol que cumple para la sociedad, la imagen y cómo lo que puede hacer cada fiscal en particular, de alguna forma repercute en la imagen de la institución como Fiscalía”, alertó Aguirre.

Y agregó: “Se trata de evitar recibir las presiones: para acelerar o no acelerar. Para hacer o no hacer. Esos medios son más proclives a que uno pueda ejercer presión, que quizá no la sienta de manera consciente el fiscal. Por lo tanto, esa es la advertencia o el recaudo que se les solicita para tener esa independencia”.