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Ceretta por Arazatí: “No está asegurada la potabilidad ni ausencia de salinidad” del agua

El abogado aseguró que en el Proyecto Neptuno, paralizado desde junio, existe “una serie de objeciones que no han sido levantadas”.

01.11.2024 12:18

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2024-11-01T12:18:00
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Por En perspectiva

El Proyecto Neptuno pretende instalar una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, para reforzar el sistema metropolitano de OSE tomando agua del Río de la Plata.

El proceso de construcción se encuentra paralizado desde junio, cuando el juez Alejandro Recarey firmó una medida cautelar de no innovar. El magistrado accedió a un pedido presentado por dos organizaciones no gubernamentales. Estos dos actores iniciaron un juicio a OSE, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Ambiente, y sostienen que el proyecto se manejó con mucho “secretismo”.

“El objetivo es lograr discutir con mayor profundidad los pros y los contras de este proyecto. Además, definir si se ajusta a los términos constitucionales o no. Tenemos una serie de objeciones que a nuestro juicio no han sido levantadas y en tanto no sean levantadas nos oponemos al proyecto”, dijo Juan Ceretta, abogado patrocinador de las organizaciones sociales, en entrevista con En perspectiva.

A su vez, afirmó que hubo únicamente una audiencia, que duró 10 horas, en todo el proceso debido a la medida cautelar de paralización de las obras y, sobre esto, confirmó que será el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno el que tendrá “la última palabra”. 

Ceretta adelantó que “probablemente” el expediente esté en camino o ya haya llegado al tribunal, que tendrá 15 días para dictar una resolución, y que en paralelo el juicio continúa. “Se arman dos expedientes separados, para que puedan correr paralelamente. Mientras la Corte estaba estudiando la recusación del tribunal, nosotros estábamos contestando excepciones que oponía el Ministerio [de Ambiente] y que oponía OSE”, aseguró.

Además, Ceretta dijo que en caso de que ganen el juicio no se sabe qué podría pasar con la licitación. El defensor argumenta que “es inconstitucional” y que tener una resolución favorable lograría “detener el suministro de agua contaminada” para el área metropolitana porque “no está asegurada su potabilidad, ni la ausencia de salinidad, ni la ausencia de contaminantes”.