Una serie de fallos del Poder Judicial tensaron la cuerda entre la justicia y la política. Es que el pasado 5 de mayo el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno confirmó la tercera sentencia que obliga al Estado, precisamente, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a otorgar una solución habitacional a familias del asentamiento Nuevo Comienzo.

La decisión desestimó la apelación del Ministerio de Vivienda y condena a dar solución habitacional a otra familia, informó Juan Ceretta, abogado de la familia y docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía de la Universidad de la República.

Ceretta dialogó este martes por la mañana con el programa En Perspectiva, conducido por Emiliano Cotelo, donde profundizar sobre los últimos resultados obtenidos y donde el magistrado destacó la importancia del contralor del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo.

En primer lugar, el periodista le consultó sobre la diferencia entre el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República y la Clínica de Litigio Estratégico. El abogado explicó que generalmente se confunde cuál es cuál porque él es docente de ambas cosas, sin embargo, aseguró que la diferencia fundamental es que el consultorio está previsto para atender demandas de la población y en la clínica se atienden problemáticas que los alumnos eligen.

"(En la clínica) no atendemos demandas, sino que vamos hasta el lugar donde están los casos e intentamos ver si lo podemos trabajar desde el litigio estratégico, que además incluye no solo lo judicial, sino que toda una actividad de preparación del caso que tiene que ver con la difusión, objetivos propuestos, y se acompaña con una estrategia de comunicación, con un mapeo de los actores públicos y privados involucrados en el tema. Una serie de trabajos que se hace en alianza con otros actores sociales", explicó.

"Siempre nos planteamos un objetivo a alcanzar en el tema que deseamos alcanzar. El momento, el estado de ese tema determina el alcance de los objetivos que nos planteamos y también la clínica implica aliarse con otros actores sociales importantes, por ejemplo, en el tema penitenciario nuestro gran aliado fue el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario con quien hemos trabajado en todas las acciones que refieren a las cárceles y así lo hemos hecho con otros actores sociales en las que hemos trabajado. A los estudiantes se los defino con una máxima que es: en el consultorio ganar es ganar y perder es perder y en la clínica perder puede ser ganar", agregó. 

Sobre los trabajos en la clínica, Ceretta aseguró que "no son neutrales" ya que "toman partido por las causas": "Estamos contaminados por la causa que elegimos, por eso es muy importante elegir la causa. Intentamos que no sea político partidario y que las causas refieran a los derechos humanos porque la clínica solo se dedica a derechos humanos. En materia de derechos humanos puede haber cuestiones opinables, pero, en general, son más opinables las estrategias y no tanto la tutela de los derechos humanos, pero seguramente hay posiciones distintas en el ámbito de la facultad y de la universidad en su conjunto", indicó.

"Venimos dando una lucha porque estuvimos acostumbrados durante varios años, sobre todo en los casos de medicamentos de alto costo, que la discusión sobre el impacto que tienen en el gasto público era algo que estaba bastante obviado o que aparecía por detrás, pero que no se transparentaba esa discusión sobre el costo de esto derechos que nosotros reclamábamos. Ahora creo que se está empezando a ver un poco más y se está dando esa discusión sobre cómo se debe construir el gasto y cómo pueden los ciudadanos ser actores decisivos en el control del gasto y en exigir que muchos de los gastos que se disponen, incluso en el Parlamento, lleguen a sus destinatarios", añadió.

Sobre el asentamiento Nuevo Comienzo

Los fallos de la Justicia que obligaron a dar vivienda a los ciudadanos que estaban en el asentamiento generó críticas desde la política. Uno de los que criticó fue el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, (casado con la ministra de Vivienda).  

Aseguró que no estaba de acuerdo "con que se produzcan desalojos", pero creía que "en este caso la Justicia se está extralimitando al disponer que se le entregue una vivienda a gente que está ocupando un predio supuestamente en forma ilegal". "El problema más grande es que al disponerse eso el Ministerio de Vivienda para cumplir con el fallo tiene que no darle la vivienda a otra familia que durante meses cumplió con todos los procedimientos, requisitos y en el momento que iba a recibir su vivienda no la puede recibir", dijo el líder cabildante.

Respecto a las críticas de Manini, Ceretta dijo que la clínica intenta hacer llegar la voz de muchos ciudadanos que no tienen la posibilidad de hacerse escuchar y que "esa voz llega a través de la Justicia cuando les da la razón". "No creo que sea ni más ni menos que eso. Creo que, por lo menos, deberían considerar esa voz a la hora de rediseñar las políticas públicas que vienen ejecutando", indicó.

Para Ceretta, el "equilibrio" entre los poderes implica controles recíprocos y, en este caso, el Poder Judicial está ejerciendo ese rol de contralor de las políticas públicas ejecutadas por el Poder Ejecutivo cuando, en el ejercicio de esas políticas públicas, "se vulneran derechos fundamentales".

"Para mi uno de los controles más sanos que tiene una democracia es que el Poder Judicial intervenga. A veces se tiende a pensar que las políticas públicas se ejecutan solo en el Poder Ejecutivo. Se ejecutan preponderantemente, pero el Poder Judicial ejecuta políticas públicas constantemente y en cuanto al gasto cada decisión del Poder Judicial está interfiriendo en los presupuestos de los ministerios", señaló. 

"Cuando nosotros iniciamos las acciones por los medicamentos también se hablaba de esto a argumentos apocalípticos de la sustentabilidad del sistema de salud y los montos de las condenas y qué pasaría si en lugar de 12 amparos en un año pasamos a tener cientos de amparos. Bueno, en 2019 tuvimos 500 amparos, en el 2020, 400 amparos por medicamentos y no pasó nada. Lo que sí pasó fue que el Ministerio de Salud Pública tuvo que poner 30 millones de dólares más para dar satisfacción a los ciudadanos que reclamaban y la justicia le dio la razón", opinó. 

Consultado por Cotelo sobre la alarma que generan los fallos judiciales que se emprenden desde la Clínica de Litigio Estratégico, el abogado dijo que "está convencido" de que, a los derechos humanos de categoría económicos, sociales y culturales, "se les hace un examen de impacto presupuestal que no se le hace a ningún otro derecho humano".

"A nadie se le ocurriría suspender las elecciones porque tienen un costo monstruoso o cerrar el Poder Judicial porque sale carísimo o a reducir el plantel de la Policía porque la seguridad sale cara. A nadie se le ocurre eso porque estamos hablando de derechos civiles y políticos y está bien que así sea porque ese es el valor de la democracia, pero llama la atención que, cuando hablamos de derechos humanos de la segunda categoría, como la salud y la vivienda, se empiecen a pasar una serie de exámenes presupuestales o de análisis de costo efectividad para recién tutelarlos", criticó. 

"Es parte de la historia, no solamente una cuestión uruguaya, es parte de la historia de la humanidad de los últimos tiempos. Estos avances han permitido ver que los derechos humanos de esta categoría son derechos. Es decir, hay todavía políticos que entienden que cuando facilitan un crédito para una vivienda son una especie de dádivas de los gobernantes", agregó.

Finalmente, sobre la polémica que se generó tras la decisión del Ministerio de Vivienda de sacarle una vivienda que iba a ser entregada a otros para dársela a las familias de Nuevo Comienzo, Ceretta aclaró que eso "nunca lo reclamaron", sino que fue una decisión de la cartera.

"A tal punto es así que, en el primer caso, se le asignó una vivienda y a los otros dos se le asignó un subsidio de alquiler. Por otro lado, lo que está demostrando el Poder Judicial es que hay políticas publicas cuya consecuencia es dejar a gente sin lo más mínimo. Estamos hablando de familias que viven en casas de cartón o de chapa, que se llueven y no tienen baño. Condiciones infrahumanas que Uruguay no merece. Lo que se demostró en los juicios es que el Ministerio de Vivienda no tiene ninguna propuesta que ampare a estas familias. Tiene un montón de planes, ninguno para este tipo de personas. Este tipo de familias no cuadran en ninguno de los planes del ministerio de vivienda", finalizó.