La semana pasada comenzó a discutirse en Comisión del Senado un proyecto de ley que regula prisión domiciliaria y habilita, entre otros, a que reclusos de edad avanzada obtengan el beneficio. El tema viene generando diferencias entre oficialismo y oposición, pero también en la interna de la coalición.

Esta iniciativa surgió en mayo de 2021 por parte de Cabildo Abierto, partido que presentó el proyecto. En su momento, el Frente Amplio criticó el documento y aseguró que buscaba beneficiar a los presos políticos que están en Domingo Arena.

El Partido Nacional elaboró otro proyecto, y es el que está siendo tratado por la Comisión de la Cámara alta. Si bien el texto tiene varios cambios con respecto al original, el Frente Amplio sigue insistiendo en su oposición. 

La senadora nacionalista y redactora, Carmen Asiaín, sostuvo que el nuevo documento “es integral”, y apuntó que cuando los cabildantes presentaron el anterior, “tenía nombre y apellido”. “El legislador no debe legislar con nombre y apellido”, agregó en entrevista con En perspectiva.

El texto original, insistió Asiaín, era un “traje a medida”. Esto último a la senadora no le parecía correcto y fue algo que intentaron cambiar en la redacción del nuevo texto. “La idea ahora es tratar de hacer un abordaje justo e integral, dentro de los márgenes que establecen los tratados internacionales en derechos humanos”, explicó.

El proyecto establece que será potestad del juez si otorga el beneficio a mayores de 65 años pero siempre y cuando no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran la tortura y la trata de personas. Antes de que la Justicia tome la decisión, se deberán hacer informes de peritos.

En el caso de los mayores de 70, el beneficio se “impondrá de oficio”, es decir que se procesa automáticamente. “De igual forma, se aplican todas las excepciones anteriores. Muchos de los represores más renombrados han cumplido gran parte de su prisión en su domicilio, y algunos han fallecido en sus domicilios”, puso como ejemplo Asiaín.