A fines de mayo UTE firmó un contrato de suministro y construcción de la obra de cierre del anillo de transmisión del norte del país. Una línea de alta tensión de 500 kilovolts que unirá Tacuarembó con Salto. Los trabajos estarán a cargo de la empresa China Machinery Engineering Corporation, que pertenece al Estado chino.

El proyecto -que quedará operativo en 2025- se desarrolla a través de un fideicomiso financiero constituido por UTE, con República Afisa como entidad fiduciaria, y tiene un costo de U$S 191 millones. La adjudicación se realizó a fines del año pasado tras una licitación internacional, informó el diario El Observador.

La Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) expresó su disconformidad con esta adjudicación y enviaro una carta dirigida al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, al titular de Trabajo, Pablo Mieres, y a la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.

El ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, fue el entrevistado central este lunes en el programa En Perspectiva, emitido por Radiomundo y conducido por Emiliano Cotelo, donde manifestó su preocupación por el contrato entre UTE y esta empresa china.

O'Neill sostuvo que la cámara "no tiene ninguna objeción con el trabajo de empresas extranjeras", pero "esta es una situación distinta por el proceso que se ha cumplido". "Hicimos la nota frente a la firma del contrato, pero ya habíamos hecho gestiones tanto con el Ministerio de Industria y autoridades de UTE al respecto oportunamente", aseguró.

El ingeniero comentó que este llamado se hizo en el gobierno anterior, donde "nace mal porque se incluyó una exigencia, que las empresas tenían que tener grado inversor, cosa que ninguna empresa nacional tiene. Se trata de una obra tradicional en la que el país hay capacidad instalada y experiencia para ejecutarla. No era una obra que no se pudiera hacer a través de empresas nacionales", agregó.

En ese sentido, cree que "esa exigencia que se planteó dejó fuera de competencia a todas las empresas nacionales" lo que califican como "un error grave". O'Neill dijo que mandaron nota a las autoridades involucradas "dejando constancia de la preocupación en lo que esto puede implicar en este momento".

O'Neill señaló que "en este momento particular" donde "el problema número uno que tiene el país es el empleo, la posibilidad de que esta obra genere puestos de trabajo y no vayan a ser ocupados por uruguayos, sino por extranjeros, es una preocupación".

"Es una situación que hay que estar atentos y velar por el estricto cumplimiento de los convenios, que los trabajadores perciban los salarios que corresponden según las leyes para nuestro país para la seguridad y tranquilidad de todos", añadió.

Además, O'Neill sostuvo que "el precio con el que gana la licitación esta empresa es llamativamente menor en el componente mano de obra".

El ingeniero cree que "más allá de que este caso particular es un fideicomiso entendemos que deben regir los mismos principios y cuidados que para una inversión con fondos públicos". "Este es un tema más de Estado que de las administraciones", agregó.

El presidente de la CCU sostuvo que la carta que enviaron "no espera una respuesta" sino dejar constancia de que "el estado uruguayo va a ser celoso custodio del cumplimiento de la normativa".

"Ojalá todo marche bien y la subcontratación sea con empresas nacionales, que las hay con expertiz en este tema, y con trabajadores locales. Eso es lo que todos deseamos", concluyó.