A la Asamblea General faltaron los votos de un senador y de dos diputados para levantar el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo a la ley sobre Casa de Galicia.

La norma vetada obligaba al Estado a “integrar” el fondo de insolvencia laboral en el Banco de Previsión Social (BPS) de modo de cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de esa mutualista, que fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública en octubre de 2021, fue a concurso en noviembre de ese año y terminó cerrada por decisión judicial el 31 de marzo de 2022. Los artículos cuestionados por el gobierno implicaban un erogación de US$ 23 millones a cargo del Estado para saldar gran parte de los créditos posconcursales adeudados.

En la fundamentación del veto, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que la ley en cuestión llevaba a que el Tesoro Nacional debiera afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados, y sin que se estableciera con qué fondos serían cubiertas dichas erogaciones. El Poder Ejecutivo busca constituir un fondo aparte por una cifra mucho menor, US$ 8 millones.

Para levantar el veto se necesitaba el voto de tres quintos de los senadores y diputados presentes al momento de la definición. Entre los primeros, hubo 17 en 29. Entre los segundos, 56 en 97.

El senador blanco e impulsor de la ley, Sergio Botana, sostuvo que no se generó “ninguna situación excepcional” al ayudar a una empresa privada. “Todas las empresas aportan a un fondo que administra el Banco de Previsión Social y de ese fondo, cuando la empresa quiebra sin capacidad de afrontar los despidos, se le paga a los trabajadores que no hayan podido hacerse de esos créditos laborales”, agregó Botana en diálogo con En perspectiva.

“Después de trabajar 10, 20 y 30 años, nadie se va a ir para su casa con $ 170.000 sin hacer los reclamos correspondientes”, consideró el legislador. “Esto al Estado le va a costar por lo menos US$ 42 millones” en caso de que los extrabajadores ganen los juicios que comenzarán, adelantó.

Ante la consulta de por qué mantiene la discrepancia de posición con el oficialismo, siendo parte de la coalición de gobierno, Botana dijo que “uno no le puede pedir al presidente que sepa todo de todos los temas”. “La mantuve desde el primer momento. Advertí cuál era mi posición en reuniones de la bancada y con el Ministerio de Salud Pública”, subrayó. 

El senador aseguró que “hay muchas cosas” que no entiende. “De verdad que hay muchas cosas que no comprendo y hay muchas de esas cosas que no me cierran”, indicó. “Yo quiero actuar de acuerdo a la ley, no me gusta discriminar a los trabajadores de Casa de Galicia”, afirmó.