El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidió al Ministerio del Interior (MI) que disponga una investigación administrativa de urgencia para saber por qué los antecedentes penales del exjefe de su custodia personal, Alejandro Artesiano, no aparecieron en dos informes que le fueron elevados al mandatario en los años 2020 y 2021.

Además, se solicitó el legajo de todos los funcionarios que hoy se desempeñan en seguridad presidencial. 

La jornada de la víspera estuvo particularmente cargada de novedades, sobre todo de novedades acerca del historial de Astesiano, quien fue formalizado el martes por su presunta participación en una organización criminal que se dedicaba a falsificar documentos que permitían obtener luego pasaportes nacionales. 

En marzo de 2013, Astesiano fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. Aquellas actuaciones estuvieron a cargo del juzgado de 4º Turno de Maldonado, mientras que la reclusión, que duró cuatro meses, se cumplió en la Unidad 13º Las Rosas.

En 2014, fue condenado definitivamente por ese delito a una pena de 18 meses de prisión, pero no volvió a la cárcel por el descuento de la preventiva y por otras medidas cautelares. 

A partir de esto, ayer en la noche el MI emitió un comunicado, donde aseguró que en 2020 y 2021, informó oportunamente al presidente que la ficha personal de Astesiano carecía de antecedentes penales, pero, “sorpresivamente”, en la ficha personal actual sí figura el antecedente penal por la causa del año 2013.

Frente a esa inconsistencia, el ministro Luis Alberto Heber dispuso una investigación en la Dirección Nacional de Policía Científica para saber quién o quiénes alteraron la información.

Poco después, en la noche, El Observador publicó que Astesiano también fue indagado por la Policía, en enero de este año, por aprovechamiento de la falsificación, algo que hasta ahora era ignorado, en particular por el Gobierno. 

Al respecto, el senador frenteamplista Mario Bergara conversó con En perspectiva.

El senador opositor dijo estar “azorado” y calificó de “inaudita y muy preocupante” esta situación que involucra “ni más ni menos que a la custodia del presidente de la República”. “Cada dos, tres horas, tenemos una perlita nueva”, indicó.

Por su parte, destacó la “relevancia institucional” del tema. “Estamos hablando de la seguridad del presidente; hablamos del presidente como figura institucional”, dijo, y condenó: “Es un tema muy grave”.

Asimismo, en relación al accionar del MI, señaló: “Parece cantinflesco, difícil de creer o de absorber que el Ministerio del Interior diga ‘había un expediente y ahora de la nada aparecieron más datos en un expediente’. Realmente es muy preocupante la situación en un tema tan delicado”.

“Si son necesarias explicaciones en otros temas que no hemos tenido, imagínese en este tema todo lo que hay para que el Gobierno explique”, opinó, y resaltó la necesidad de “esclarecer” el panorama.

“La responsabilidad nuestra es que no se debilite la institucionalidad”, estableció respecto al papel de la oposición, y agregó que los pasaportes uruguayos en el exterior “daban garantías”. “Estas cosas erosionan un poco la cuestión. Ojalá que no tenga mayores repercusiones, pero sin duda que no le hacen bien a la credibilidad y a la confianza del país en el exterior”, consideró.

Según el legislador frenteamplista, hay responsabilidades políticas del Ministerio Interior, del prosecretario de Presidencia y “obviamente” del presidente, “él mismo lo ha planteado”, sostuvo.