La decisión que se tomó el pasado 28 de abril de cerrar aquellas oficinas públicas no imprescindibles hasta el 16 de mayo implicó que muchos trámites que necesitan de la intervención del Estado estén trancados o con importantes demoras.

La definición tomada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afectó a muchos profesionales, que dependen de la presencialidad en las oficinas públicas para realizar sus gestiones de forma diaria.

Para conversar sobre la magnitud de esta decisión, en la mañana de este lunes el conductor de En Perspectiva, Emiliano Cotelo, conversó con el presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Diego Stirling.

En diálogo con En Perspectiva, Stirling señaló que "en casi todas las oficinas hay un enlentecimiento en la obtención de los distintos certificados".

"Comercialmente estamos viendo que los negocios cierran a una velocidad mucho más rápida, que la que se llegan a concretar jurídicamente. Ahí notamos un enlentecimiento", explicó.

El profesional puso como ejemplo que, sea para el caso de un mueble o un inmueble, una compraventa depende de un sinnúmero de trámites, que pasan por la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social, la intendencia, Primaria, entre otros organismos públicos.

"En todas las oficinas están trabajando con agenda (vía remota) y todos esos trámites que suelen salir en 48 o 72 horas, hoy pueden llegar a demorar entre una semana y media o dos semanas. Hoy si me preguntas si los escribanos estamos trabajando, la respuesta es sí. Mal, pero estamos trabajando", relató el profesional.

Agregó que el problema más notorio para los escribanos en particular se está produciendo en la Dirección General de Registros(DGR), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

"Es lo más visible siempre, el talón de Aquiles. En esa dirección se inscriben todos los documentos registrables. Llámese compraventa de autos o inmuebles, reservas de prioridad, promesas, leasing, sesiones, reglamentos, hipotecas. Ahí se constituyen las SRL (Sociedades de Responsabilidad Limitada) y las SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) que están de moda. Todo el movimiento comercial y jurídico de Uruguay se inscribe y pasa por esa oficina", resumió el dirigente gremial.

Con respecto al avance del gobierno electrónico como potencial solución a la problemática, Stirling indicó que hay dos facetas a considerar. Aclaró que la parte de "registración registral" (certificado de una casa o un auto) está informatizado, por lo que lo que se puede acceder a la información en menos de 24 horas.

"Esa información en menos de 24 horas se está informando. Lo que no está digitalizado es el volcado de la información. Cuando se hace una compraventa y se tiene que inscribir esa primera copia en el registro. Ese volcado del registro de una operación se sigue haciendo de forma manual. Ahí es dónde está ahora el cuello de botella", explicó.

Stirling sostuvo que ante el gran flujo de documentos que sigue entrando en la DGR los "calificadores están desbordados.

"Están trabajando con parte de sus funcionarios por la pandemia y esto provoca que un documento que en tiempos normales puede demorar 30 días, hoy está demorando de 60 a 90 días, y si tiene alguna observación hasta 140 días", apuntó.

En este sentido, Stirling insistió en la relevancia para su profesión y para los negocios del país en general de la Dirección Nacional de Registros, debido a que en caso de que un documento registrado no quede calificado en 150 días "puede hacer caer una compraventa".

Falta de Recursos Humanos

Sobre la DNG, Stirling reconoció el profesionalismo con que está trabajando su directora (Daniella Pena) y los funcionarios, pero alertó por la falta de recursos humanos.

"Esto no se arregla con tecnificación e informatización. Tiene dos patas. Una es el llenado de vacantes y el otro es hacer un proyecto en serio para digitalizar y formalizar el registro", dijo Stirling, que agregó que en condiciones normales también hay carencia en los recursos humanos, en particular en oficinas de la DGR en el interior.

Con respecto al movimiento comercial que hay en el país por la pandemia, Stirling sostuvo que "hay muy buen ritmo" y están entrando a la DGR más documentos que el año pasado.

Finalmente, concluyó que las demoras son parte de un proceso más largo que empezó a partir de marzo de 2020, pero que se ha incrementado en los últimos meses, sobre todo a partir del 28 de abril.

"En el proceso de la pandemia hemos tenido idas y vueltas, pero a nivel de la Dirección de Registro el problema se viene agravando y estamos en el peor momento", resumió.

A su vez, otra oficina que mencionó con demoras fue la Dirección General Impositiva (DGI), entre otras. En el caso de la DGI dijo que para el pago del Impuesto a Primaria de todo el año se están teniendo demoras extras de varios días, no solo para concretar el pago, sino también para obtener la constancia de que se está al día.