Las nuevas autoridades del Ministerio del Interior comparecieron el viernes 19 de enero ante la Comisión Permanente del Parlamento para explicar las líneas de trabajo que se llevan adelante en el último año de la actual administración.

El ministro Nicolás Martinelli, que asumió en noviembre en lugar de Luis Alberto Heber, puso énfasis en el “enfoque dual”, que combina la represión con el ataque a las causas del delito. En ese contexto, resaltó la aplicación de una versión local de un programa de prevención del delito llamado Cure Violence.

Martinelli informó el viernes que el gobierno abrió un llamado a las ONG que proveerán los denominados “interruptores”. Dijo, además, que se llamará Barrios sin Violencia y que comenzará a funcionar en marzo próximo.

Las primeras zonas de Montevideo donde se aplicará serán Peñarol, Manga, Casavalle, Las Acacias, Villa Española y Marconi.

En conversación con En perspectiva, el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, el doctor Diego Sanjurjo, explicó que la idea surge de la preocupación del gobierno de que, “pasada la pandemia, las cifras de homicidios volvieron a subir”. “Lamentablemente no pudimos bajar los números de homicidios”, expresó.

“En base a esa preocupación, hace dos años que estamos trabajando en una batería de medidas y cada una de estas intenta atacar los homicidios de manera diferenciada, según el tipo de homicidios al que nos enfrentamos”, describió.

En este punto se refirió a los llamados “ajustes de cuentas”, es decir, los homicidios cometidos entre personas que estás asociadas a otros delitos.

“Siempre asociamos los ajustes de cuentas al narcotráfico, pero no es así. La mayoría de los problemas que entendemos como ajustes de cuentas son por cosas menores: uno le debe al otro 200 pesos; uno le quitó la pareja a otro; uno le faltó el respeto en un boliche; etcétera”, definió.

Para Sanjurjo, “en Uruguay” ese es “el problema más grande” y “lo que viene en aumento desde hace 25 años”. “Los homicidios que se dan a consecuencia de robos o rapiñas están prácticamente en un mínimo histórico”, contrastó.

“Nuestra política de seguridad se quedó en el tiempo”, expresó, y desarrolló hacia quiénes está dirigida la propuesta de Cure Violence.

“Estamos hablando de personas que no van a pedir ayuda, que no quieren a la Policía y que no quieren que la Policía se inmiscuya en lo que ellos hacen porque, justamente, ellos están asociados a otros delitos”, describió el politólogo especializado en políticas públicas de seguridad.

El jerarca del Ministerio del Interior dijo que en otros países ya se implementan “programas de prevención de la violencia y de la violencia homicida, que funcionan de manera comunitaria”.

Estos programas, remarcó, trabajan “con actores comunitarios que ya viven, duermen y se criaron en esos barrios, y que tienen el acceso a estas personas que cometen o que reciben esa violencia”.

Sanjurjo explicó que hace un año que se está llevando adelante un proceso por parte del Ministerio del Interior, en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la ONG internacional Cure Violence, que ha implementado este programa en otros lugares.

Asimismo, el integrante de la cartera desarrolló de qué se trata el llamado para contratar a las ONG que trabajan en los barrios en los que se empezará a trabajar. La solicitud consiste en que estas organizaciones deberán presentar un equipo de alrededor de quince personas, quienes recibirán una capacitación para la “interrupción de la violencia”.

En cuanto a fechas, estimó que en febrero se llevarán adelante las capacitaciones, “para en marzo desplegarlas en el territorio”.

La contratación de estos “interruptores” de la violencia fue un tema conversado “durante el proceso interpartidario que se llevó a cabo entre diciembre y junio del 2023”, contó Sanjurjo.

“En julio, el Frente Amplio y parte de Cabildo Abierto no quisieron acompañar la medida, por lo cual el acuerdo lamentablemente quedó trunco”, dijo, y explicó que, luego de esto, el gobierno consiguió el financiamiento del BID, que le está permitiendo el andamiaje de la iniciativa.

“Cure Violence está trabajando ahora mismo en casi cuarenta países, que van desde Honduras, El Salvador, Irak, Afganistán, y ha mostrado un éxito considerable”, contó Sanjurjo, y agregó que en estos países, “infinitamente más violentos” que Uruguay, se lograron “reducciones del 20, 30, 40 o hasta 50%”, en este tipo de homicidios. “Es un programa que cuenta con una evidencia empírica detrás formidable”, remató.

En setiembre de 2023, Cure Violence envió a algunos de sus representantes a Uruguay para realizar un estudio de prefactibilidad. “El estudio concluyó que Uruguay es un terreno muy fértil para una metodología de este tipo”, mencionó Sanjurjo.

El funcionario técnico manifestó que el país está “en un momento para que las políticas de seguridad” den un “salto de calidad”, que, en su opinión, se debió “haber dado hace muchas décadas”. Y especificó en qué consiste ese “salto”: “Pasar de una seguridad puramente policial y reactiva, a una seguridad preventiva e interinstitucional, que es lo que estamos planteando”.

Destacó también que los denominados “interruptores del delito” cuentan con una “red de contactos” y “llegada” con los vecinos del barrio.

“Son personas que en muchos casos ya estuvieron involucradas con el delito en algún momento y que desde hace tiempo se dedican a lo contrario: sacar a jóvenes de las drogas, ayudar a personas a que salgan de esa situación de violencia o de las bandas”, comentó.

Tras esto, puntualizó las tareas que deberán cumplir estas personas: “El trabajo que tienen que hacer es, justamente, intermediar cuando hay conflictos de cualquier índole, es decir, cuando hay una persona que está amenazada de muerte o, al revés, cuando alguien tiene algún conflicto, pero no quiere que esto termine en un homicidio, puede contactar a estas personas, o los familiares y amigos pueden hacerlo, y ellos tienen que intermediar”.

“Desde la oposición, con mucha mala intención, se intentó instalar la idea de que estos iban a ser buchones o informantes y esto no tiene nada que ver con el programa”, criticó Sanjurjo, y enfatizó en que “no va a haber un pase de información entre estas organizaciones y el Ministerio del Interior”.