En medio de una situación sanitaria muy compleja y mientras avanza el plan de vacunación, el Poder Ejecutivo anunció esta semana un nuevo paquete destinado a atenuar los impactos económicos y sociales de la pandemia de covid-19.

En una conferencia de prensa a la que asistió el presidente de la República, los ministros de Economía, Industria, Trabajo, Desarrollo Social y Turismo presentaron este martes una serie de medidas que, por un lado, mantienen el foco de otras anteriores para los hogares de menores ingresos y en las empresas más pequeñas, y, por otro, suman un énfasis particular en empresas y trabajadores de los sectores que se han visto más afectados, por ejemplo hoteles y turismo en general, organización de eventos, deporte y actividades culturales, servicios que dependen de las clases presenciales en la educación.

Al mismo tiempo se informó que el monto asignado al Fondo Coronavirus para este año sube a 900 millones de dólares, en lugar de los 540 millones anunciados inicialmente.

Tanto desde la oposición política como de las organizaciones empresariales y sindicales se consideró que las medidas van en la dirección correcta, aunque varias voces que se expresaron sostuvieron que resultaban insuficientes.

¿Qué se buscó con estas medidas? ¿Cuál es el margen que hay para una asistencia mayor? Para saberlo, en el programa En Perspectiva, conducido por el periodista Emiliano Cotelo y emitido por Radiomundo, se entrevistó a a la economista Azucena Arbeleche, titular de la cartera de Economía y Finanzas.

Durante el reportaje, la ministra fue consultada acerca de las diferentes miradas que pueden hacerse acerca de la situación de la pandemia y respuesta estatal. Dichas visiones pueden teñirse de subjetividad política, y mientras para algunos se puede estar haciendo mucho en materia de apoyo económico, otros pueden considerar que se escatima.

"Yo diría que una concepción política es cómo se están manejando responsablemente loso fondos de todos los uruguayos, porque siempre se puede dar más y es razonable que los distintos sectores pidan más apoyo en esta situación compleja", expresó.

Pese a ello, "como hacedor de políticas y responsable de la decisiones del gobierno, uno tiene que ser muy cuidadoso en que los apoyos sean los apropiados, que lleguen a las personas a las que tienen que llegar, y que se puedan sostener en el tiempo".

Posteriormente, la jerarca recordó que el divulgado esta semana "no es el primer conjunto de medidas que se anuncia" y que, por el contrario, "desde el comienzo de la pandemia se están anunciando constantemente apoyos para ir ayudando personas en situación vulnerable y a las empresas, en particular la más pequeñas. En esos anuncios tiene un capítulo destacado los rubros sanitarios, algo que "está en el primer lugar".

"Más allá de un tema de justicia en cómo se reparten los recursos, hay esto tiene que ser consistente en el tiempo, y si bien estamos satisfechos sobre cómo va el proceso de vacunación, todavía no sabemos cuándo termina esto, y la situación era aún más incierta el año pasado", explicó.

Posteriormente, se le consultó acerca de cómo se podía defender la idea de que el gasto se ha venido haciendo de forma adecuada, si se tiene delante situaciones como la divulgada la semana pasada en un informe de la Asociación Civil TECHO. En dicho reporte se enumeran carencias importantes entre las personas que residen en asentamientos. Por ejemplo, la mayoría de esas personas dicen a la fecha tener dificultades para comer tres veces al día.

A ese respecto, Arbeleche defendió lo actuado, aunque reconoció carencias como las de los asentamientos, y dijo que hay un permanente trabajo de focalización desde varios organismos para optimizar la asignación de recursos.

Asimismo, dijo que "no es cuestión de dar una renta básica universal para 300.000 personas, como pidió el Frente Amplio en marzo de 2020", una renta que preveían "básicamente para personas en la informalidad laboral o cuentapropistas". Según la ministra, concretar esa renta habría tenido "un costo cercano a 100 millones de dólares por mes, y recordemos que eso se planteó junta a la propuesta de una cuarentena general. Si hubiéramos tomado ese camino ese dinero quizá hubiera llegado a casos como el mencionado (el de TECHO) y quizá también a otros que no necesariamente lo precisaban".

Para Arbeleche "lo que tenemos que hacer es ver en esas 300.000 personas que están informales, quiénes están recibiendo algunos ingresos que no se están reportando, y quiénes no". Por eso "estamos trabando con el Mides y la OPP en que los recursos se focalicen y que lleguen a esas familias. Es un trabajo que no es sencillo y habrá casos en lo que no se esté llegando. Por eso, conforme avanza la pandemia, se va reforzando", dijo.

Por eso "hay distintas medidas" implementadas por el Mides. Lo importante es que se llegue a quien se tiene que llegar, porque si damos algo al barrer le va a tocar al que quizá no le sea tan necesario y dejamos de cubrir a aquel para el que ese apoyo sí es fundamental. cubrir al que si es fundamental, y le hace la diferencia para llegar a fin de mes", detalló.

"Además de estas medidas que yo llamaría paliativas, está el trabajo en lo estructural, el de ver cómo resolvemos esto de raíz". Y para lograrlo "tenemos que trabajar para tener más empleos que ofrecer, que es lo que en definitiva debería haber" y también en asuntos de fondo "en el sector educativo".

En cuanto a las medidas a corto plazo, mencionó también "el planteo a nivel de intendentes de Trabajo Solidario", que permitiría a personas necesitadas "tener un trabajo por un tiempo y que se apoye así los ingresos de los hogares", expresó.

"Estamos hablando de transitar lo que quede de la pandemia con el horizonte de que venimos bien con la vacunación, y que poner la mirada en la recuperación económica" posterior, una recuperación que, entiende, "ya la estamos empezando a ver, en sectores como el agro y la construcción". Pese a ello, reconoce que otros sectores, "como el turismo y el comercio", fueron muy castigados en el primer trimestre de este año y que "los indicadores nos muestran que la situación es aún incierta".

Con ese panorama hoy y mirando a mediano y largo plazo, la titular del MEF enfatizó que "los apoyos a los sectores más vulnerables tienen que continuar incluso luego de que se reactive la economía, porque no es algo automático que de inmediato se genere más empleo y los ingresos lleguen a las personas". Por eso, se espera que ese tipo de apoyo continúe en el segundo semestre.

Respecto a las inversiones para dinamizar la economía a corto plazo, Arbeleche dijo que habrá inversión pública y también un estímulo e impulso importante a la inversión privada.

En este segundo caso, se trata de emprendimientos que "los ejecuta el privado, pero el sector público da beneficios muy géneros para que le lleve a cabo", y razonó que "en esta instancia es preferible dar mayores exoneraciones tributarias para que se hagan las inversiones", especialmente porque "venimos de un período en el que eso estuvo muy caído".

"Hay un apoyo explícito del gobierno para la inversión privada", remarcó.

En cuanto a inversión pública "el monto anual previsto es de 1.200 millones de dólares", divididos en "transporte, vivienda, e infraestructura edilicia del sistema educativo", cuyos pormenores están en manos de los respectivos ministerios.

En cuanto al crecimiento de la economía, la funcionaria se mantiene en su proyección inicial del 3.5%, aunque admite que podría bajar un poco por la baja actividad en el primer trimestre de sectores que suelen gravitar mucho, como el turismo.

En cuanto a los 360 millones de dólares más que tendrá el Fondo Coronavirus este año en comparación con el anterior, que permitirán llegar a la suma de 900 millones, Arbeleche desglosó su uso a grandes rasgos del siguiente modo estimado: aproximadamente un 47 % para la salud, (donde se incluye el plan de vacunación y los test de coronavirus), 14 % para apoyo directo a los sectores más vulnerables y un 39 o 40 % en diferentes vías de ayuda al sector productivo.

Claramente, en el plan de este año se revela que hay "más necesidad de apoyo a la salud que el año pasado, y menos al seguro de paro".

En cuanto al modo de financiar este Fondo, la ministra volvió sobre la idea que expresara en ocasiones anteriores acerca de la "caja chica" del coronavirus y la "caja grande" del gasto estructural. Desde su punto de vista, en esta última es posible encontrar "espacios para el ahorro" que permitan volcar recursos a la primera.

"El año pasado el sector público ahorró 660 millones de dólares, lo que nos permitió volcar recursos hacia los más vulnerables ya las pequeñas empresas que necesitaban apoyo", insistió.

"El fondo se financia desde Rentas Generales, y si bien se mantiene la idea de esperar de ella un ahorro significativo, "el resultado (económico) del gobierno también tiene que tener una mejora", expresó.

"Este enfoque es lo que le transmitimos a las calificadoras de riesgo y a los inversores, que hay un equilibrio entre el apoyo en la pandemia y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cumplimos con todos lo objetivos, hemos empezado a construir esa credibilidad fiscal que faltaba, sostuvo.

Sin embargo, a pesar del ahorro mencionado, afrontar los enormes costos de la pandemia no eximiría a Uruguay de la necesidad de contraer deuda, algo que ha ocurrido en todas partes del planeta.

"La ley de Presupuesto nos habilita a endeudarnos hasta en 2.300 millones de dólares, eso es parte de la nueva regla fiscal", explico la ministra, quien agregó que esa misma regla contempla la posibilidad de , en circunstancias excepcionales (como una pandemia) aumentar en un 30 % ese monto.

"Este año y con estos fuertes apoyos que estamos dando con el Fondo Coronavirus, casi que sin duda tendremos que aplicar esa cláusula de excepcionalidad", reconoció.