El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas abrió un nuevo debate sobre el rumbo económico del país. Uno de los planteamientos es el Plan Nacional de Obras en rutas nacionales, presentado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. En este marco, el Gobierno invertirá US$ 905 millones en infraestructura solo en 2022. La mayor cifra si se compara a lo destinado en este periodo cuando se invirtió US$ 303 millones en 2020 y US$ 500 millones en 2021.

Por su parte, el director de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dialógo con En Perspectiva sobre el cambio de contratos que implica este nuevo plan. En este sentido, se minimizará la cantidad que proviene de la Ley de Participación Público Privada (PPP), para así implementar los contratos Cremaf. 

Alfie dijo que "hay muchos cambios de contrato" y "lo que se hizo fue analizar esctrictamente". La esencia de este cambio es que la empresas que "asumen la obra" lo hagan también con "el riesgo del mantenimiento". Los contratos Cremaf proponen un cambio en lo que respecta a plazos entre la firma del contrato de la adjusicación, con la modalidad anterior, las empresas tenían de hasta seis meses renovables que se extendían, ahora serán de dos. 

Además, con Cremaf los contratos de hacen "más chicos", así como también "puede entrar más gente", porque "el que viene lo hace con la garantía", indicó el director de la OPP.

Lo que diferencia a los contratos, según Alfie, es que mediante PPP "eran grandes". Esto implica que, a partir de allí, "se empezaba todo un proceso para buscar en los financiadores y hacer los cierres financieros", lo que hacía que tarde más. Por ejemplo, el "promedio terminó siendo 30 meses". Por otro lado, en Cremaf, "en 60 días tiene que empezar" y "con capital propio" y las empresas deben "reconocer la obra" cada 60 días.

El procedimiento implica dar cuenta de los kilómetros realizados y se "emite" un certificado irrevocable por "el 70 % del valor el costo capital". Lo termina siendo una deuda del Estado y no de las empresas como tales. Por ejemplo, como cuando las empresas "descuentan sus créditos en el Estado" o "facturas con plazo de vencimiento". 

Asimismo, el mantenimiento queda "sujeto a disponibilidad", o sea, a la "disponibilidad de las rutas". Es un sistema que "no tiene granes cambios con lo anterior" y es "lo suficientemente alto" como para que "las empresas tomen sus recaudos y hagan las cosas bien".