La larga historia de disputas entre los dos principales operadores privados del Puerto de Montevideo tuvo la semana pasada un nuevo capítulo.

Presidencia de la República publicó el miércoles el texto del acuerdo entre el Estado y la compañía belga Katoen Natie que dejó sin efecto la intención de esa empresa de iniciar un litigio internacional contra el Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares.

En el documento se prolonga por 50 años la concesión que Katoen Natie obtuvo en 2001 para gestionar, junto a la ANP, la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo.

El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, defendió el resultado de la negociación la semana pasada cuando compareció en la Comisión de Transporte del Senado. Allí sostuvo que "es un logro para el Uruguay tanto desde el punto de vista político, como económico y social", ya que Katoen Natie va invertir 450 millones de dólares a lo largo de todo el período por el que se extiende su concesión y además se compromete a la rebaja de las tarifas.

Sin embargo, Montecon, que desarrolla su actividad en los muelles públicos del puerto de Montevideo y es el principal competidor de Katoen Natie por la operación de carga que llega en contenedores, denunció que el nuevo escenario conduce a un monopolio a favor de Katoen Natie que perjudicará gravemente su actividad.

¿Qué puede pasar de ahora en más? ¿Qué consecuencias tiene este acuerdo entre el Estado y Katoen Natie? En la mañana de este lunes Emiliano Cotelo, conductor de En Perspectiva (Radiomundo) dialogó con Juan Olascoaga, gerente general de Montecon.

Olascoaga contó que la empresa trabaja desde el año 2000 en el puerto y que emplea a unas 700 personas de forma directa. Además, aseguró que "en los últimos años" realiza la operativa de "entre el 50 y 60%" de los contenedores que llegan y se van del puerto.

La semana pasada Heber dijo que desde 2008 la operativa de Montecon con contenedores era una situación "ilegal", y que eso es lo que terminó derivando en el reclamo del accionista mayoritario de Terminal Cuenca del Plata (TCP), Katoen Natie.

Heber se basó en lo que establece la ley de Puertos de 1992, especialmente el artículo 72 del decreto que reglamentó la ley en 1994. Según el ministro, durante los gobiernos del FA se le concedió a Montecon desde 2008 "permisos precarios para operación con contenedores. Permisos que se renovaban cada 90 días, 48 permisos en total".

"Montecon no tiene concesión y actúa en los muelles públicos, con permisos precarios, compitiendo desaleanmente con precios más bajos, frente a Terminal Cuenca del Plata. Ante esta situación, creíamos que estabamos muy mal parados para enfrentar un juicio y el mejor camino era acordar. Hasta ahora ningún jurista me ha dicho lo contrario", dijo Heber a la comisión de Transporte del Senado.

"No entiendo por qué el ministro Heber habla a partir del 2008 si Montecon actuó siempre igual desde el año 2000. En 2008 no hubo ningún punto de inflexión por lo que si actuó mal, lo hizo en toda la historia. Montecon actuó bajo régimen estrictamente legal desde octubre de 2000. Se usa precario como algo peyorativo, precario es porque caduca cada 90 días y se puede renovar", comenzó su respuesta el entrevistado.

Con respecto al tema de fondo, Olascoaga dijo que "hay que tener en cuenta la ley con la cual se hizo la concesión a TCP", donde, según relata, se garantiza que se iba a competir libremente y no iba a ser un monopolio.

La norma mencionada asgura que habrá "igualdad de condiciones para todos los que soliciten" operar, y que "no se comprometerá restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo".

Además, según el entrevistado a Montecon lo ampara la ley de Puertos y la de Defensa a la competencia: "El régimen legal es sumamente claro para dejar un espacio para la libre competencia".

"Cuando Heber habla tan injustamente de Montecon, diciendo que es irregular, que usa zonas precarias, que no aporta y que no invierte, está faltando a la verdad", dijo el gerente general de Montecon.

"Hemos dado la pelea libre y genuinamente y somos una opción para muchos clientes. Esa falacia de que quien invirtió tiene derecho a monopolio y privilegios para que el mercado, desde el gobierno, sea dirigido hacia ellos, no me parece una buena señal ni correcto. (...) Si el Estado hoy quiere dirigir la carga y la quiere concentrar en base a decretos con un solo operador, me parece que es una situación preocupante, no solo para Montecon, sino para el arrocero, el frigorífico, el productor en general", agregó.

Un acuerdo "casi que redactado" por TCP

Consultado sobre el acuerdo que se hizo público, Olascoaga dijo que "casi que estuvo redactado por TCP", y criticó tres puntos que "preocupan mucho a la empresa y al sector de comercio exterior".

"Primero asegura de que hasta el año 2081 no habrá otra terminal especializada. Segundo, se incorporan reglas de gestión de las áreas y muelles públicos al contrato de TCP. Quiere decir que si el día de mañana la ANP quiere cambiar un reglamento de atraque, le va tener que pedir permiso a TCP", indicó.

En tercer lugar, y el punto "más crítico", es que "obliga a las navieras, a los barcos, a operar en TCP".

"A los efectos de la correcta aplicación de la ley de Puertos y su decreto reglamentario, la ANP decretará el atraque de los buques que lleguen al puerto de Montevideo según su carga, y en caso de que sean contenedores se hará hacia la terminal especializada de TCP. En caso de que esté ocupada y no pueda garantizar el atraque en 24 horas, la carga se derivará a los muelles generales", señala el texto.

"Esto lisa y llanamente es obligar a los armadores a hacer contratos con TCP o sino irse del puerto de Montevideo. Este decreto va a hacer que las líneas navieras tengan que negociar obligadamente nuevos contratos con TCP para operar. Algunas están muy molestas con el tema y analizan la posibilidad de irse del puerto de Montevideo, lo que sería muy grave para el puerto", aseguró Olascoaga.

Consultado sobre la afectación para Montecon, el gerente general dijo que "este contrato puede significar la desaparición de Montecon. El cierre. Montecon no tiene sentido de existir si no tiene una regularidad de servicios de contenedores que justifiquen su existencia".

Según dijo, el negocio de contenedores es más del 90% de la facturación de Montecon y del negocio, "y es la única carga regular que permite tener una visibilidad del negocio".

Tarifas

En el contrato también se establece una reducción de 20% de las tarifas de TCP para los operadores.

"TCP tiene capacidad, tiene muy buenos resultados, tiene un margen y una capacidad como para manejar sus tarifas y podía haberlas bajado sin que el Estado les regale el 100% del mercado. Si no lo hizo es porque no lo habrá querido hacer", dijo Olascoaga sobre el tema.

Además, aseguró que este anuncio "no es más ni menos que TCP poniéndose a la par de las tarifas de Montecon". "La verdad que no es una gran cosa y me consta que hay una gran decepción respecto al porcentaje anunciado", declaró.

Juicio que se van y que vienen

Olascoaga se refirió también al juicio que anunciaba TCP, y aseguró que "muchos juristas interpretan que su argumento no tenía ninguna validez".

"TCP durante años amenazó con juicio y nunca lo llevó a cabo. Si el estado hubiera enfrentado el juicio lo hubiera ganado dicen muchos juristas. El gobierno anterior así lo entendía. Muchos juristas que nos asesoraron nos decían que había espacio para ganar el litigio que no tenía ninguna base y sustento", dijo.

Cotelo le replicó que el riesgo de perder implicaba un gasto de 1.500 millones de dólares para el Estado, y el entrevistado aseguró que esa cifra "desacreditaba el litigio".

"Esa plata no es un lucro cesante de ningún negocio por más excelente que sea. La cifra, que la puede poner cualquiera, era el principal factor que desacreditaban el litigio. Era poco serio francamente", dijo.

Consultado por Cotelo entonces si desde Montecon se evaluaba comenzar un litigio, Olascoaga dijo que "obviamente sí".

"El estilo de la empresa es dialogar, no amenazar. Estamos abiertos a una negociación que hasta el momento no hemos tenido oportunidad. Desde el gobierno se nos ha desconocido. En ningún momento fuimos parte de esta salida. No pretendemos ser parte del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, pero si nos hubiera gustado ser parte de una salida más dialogada", dijo.

"Estamos abiertos a encontrar soluciones, si es que la hay. Yo la veo muy difícil en este nuevo escenario. No vamos a dejar de usar ningún recurso legal, tanto local como internacional, en defensa de los intereses de los accionistas, como de las fuentes de trabajo de Montecon", sentenció.