El fiscal general de la Nación, Juan Gómez —que actualmente actúa como subrogante del exfiscal de Corte Jorge Díaz—, se refirió este lunes al acuerdo que llegó la fiscal Gabriela Fossati con el excustodio presidencial Alejandro Astesiano y a los recursos con los que contó la integrante del Ministerio Público en el caso.
En diálogo con En perspectiva de Radiomundo, Gómez aseguró que la “escasez” de recursos en la Fiscalía es un “tema permanente”, y acotó que no es algo que suceda solo en la propia Fiscalía, sino también en el Poder Judicial en general. “Uno lucha para la obtención de mejores y mayores recursos”, señaló.
“En el caso concreto relacionado con la investigación que realizaba Fossati, debo manifestar claramente que la Fiscalía General puso a su disposición los escasos recursos que dispone. Entonces, en ese sentido, cuando digo ‘puso a disposición’ queda sujeto a la iniciativa de la fiscal de hacer uso o no de los recursos con que cuenta la Fiscalía”, comentó.
Luego, a modo de síntesis, Gómez contó cuáles fueron esos recursos que quedaron a disposición: lo primero fue la Unidad de Análisis y Contexto, que permite —según Gómez— “ayudar a los fiscales en la consideración de temas complejos con mucho material para ser depurado y analizado”. Además, se puso a disposición la Unidad de Litigación, que es la que se encarga de colaborar con los juicios orales y públicos, y la Unidad de Cooperación Internacional, que, dada la naturaleza del caso, también se puso a consideración.
Finalmente, contó que él mismo como jefe se puso a disposición para brindar apoyo en lo que pudiera y aseguró que no tiene duda de que “cumplió” con todo lo que se le solicitó, “en apoyo a una gestión en un caso de connotación pública”, pero también para todo el resto de los fiscales.
“Algunos [de los recursos] fueron utilizados desde el primer día sin saber de quién se trataba las personas investigadas. Al primer momento y, como corresponde, en el ejercicio de cualquier fiscal, el primer día lo ofrecimos lo que nos pareció que podría ser importante, sin saber de quién se trataba la persona investigada”, contó, y explicó que una de las unidades utilizadas fue la de Análisis y Contexto debido a la cantidad de documentación para tratar que es una de sus especializaciones.
Consultado sobre los dichos de Fossati, quien dijo a El Observador que la complejidad del juicio oral requería otros recursos y otros tiempos que no tenía —por lo que terminó optando por el acuerdo abreviado—, el fiscal de Corte respondió: “Es una apreciación personal y calificada de quien está a cargo de una investigación y es el seguimiento de las vías legales para resolver un conflicto. La doctora adoptó esa postura, ningún comentario desfavorable nos merece la elección de esa vía de solucionar el conflicto, simplemente considero que es una responsabilidad de cada fiscal elegir cuál es la forma que va a resolver el conflicto”.
“Muchas veces —me permito hacer un pequeño comentario— soy partidario de que lo que no debe primar en la sociedad es la impunidad. Cuando se manejan evidencias que puedan ser discutidas en un juicio oral y público la solución del abreviado garantiza a la sociedad que no hay impunidad. En ese sentido, no nos merece otro comentario de que es una resolución de un conflicto adoptado con responsabilidad por una fiscal que trabajó en un caso”, aseguró.
“En función de los delitos imputados, desde luego no puedo abrir ningún tipo de opinión sobre hechos que no conozco, me parece que hasta un muy buen acuerdo logrado por la fiscal y su equipo en este caso. En función de los límites de las penas con que son sancionadas esas conductas delictivas. Estamos hablando un límite máximo de cinco años y una penalidad de 4 años y seis meses es realmente un buen acuerdo para la Fiscalía”, añadió.
Finalmente, Gómez afirmó que el Ministerio Público continúa trabajando “constantemente” para obtener más recursos y soluciones. En ese sentido, contó que desde el punto de vista administrativo se logró incorporar 30 nuevos funcionarios, después de “muchos años” sin hacerlo, a través de un concurso público.
“Desde el punto de vista técnico tenemos 24 venias que están a consideración del Poder Legislativo y luego del Poder Ejecutivo, de nuevos recursos humanos fiscales para el desarrollo de la función y me permito señalar a los legisladores y autoridades del ejecutivo la importancia de llenar esos vacíos que tenemos en falta de personal, no para otra cosa que brindar un mejor servicio a la sociedad”, agregó.
El fiscal general sostuvo que estos nuevos ingresos sumados corresponderían un 8% del total de la plantilla que tiene la Fiscalía actualmente, teniendo en cuenta los datos que correspondían a fines de 2022. “Es decir, que estamos dando un impulso importante para no otra cosa que brindar un mejor servicio”, señaló.
“Estamos seguros y confiamos de que tendremos las respuestas prontas en el caso de las venias y la posterior designación de fiscales adscriptos que nos permiten llenar un montón de lugares en varias Fiscalías de todo el país. Hay muchos lugares que no cuentan con su fiscal natural designado para cumplir la función y al menos 4 o 5 venias para cumplir función en Montevideo que históricamente tienen escalafón superior dentro de la estructura de la Fiscalía”, concluyó.