En este 20 de mayo, una jornada marcada por el reclamo de verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, En perspectiva conversó con Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, e hija de Otermín Montes de Oca, desaparecido en 1975.

Otermín Montes de Oca estaba afiliado al Partido Comunista, tenía 45 años. Graciela tenía 11 años cuando lo vio por última vez.

“Cada día que pasa me doy cuenta el cambio que podría haber sido que hubiese seguido vivo. Yo era una niña de 11 años”, empezó la mujer, quien recuerda que cuando detuvieron a su padre en su casa ella estaba presente. 

Era un 17 de diciembre. Graciela rememora “esa alegría de niña” porque se aproximaban las fiestas. “Fue algo que me marcó de por vida”, expresó.

Lo último que recuerda es ver a su padre vistiéndose a los pies de la cama, en su casa ubicada en el barrio La Teja, donde hasta hoy vive su madre. Lo único que pudo hacer fue darle un beso. Después de eso se lo llevaron.

“A la una y media de la mañana entraron personas vestidas de particulares con armas largas, tanto por el frente como por el fondo de la casa”, lanzó, para dar pie al relato cronológico de los hechos de aquella triste madrugada.

Ella y sus tres hermanos debieron levantarse de sus camas, donde estaban durmiendo. “Nos llevaron al cuarto de mis padres, y a él se lo llevaron para el fondo de la casa”, narró, y agregó: “Nosotros quedamos custodiados por personas que tenían armas largas”.

Lo que sucedía en el fondo, de acuerdo con Graciela, ella y sus hermanos no lo podían saber. 

“No lo pudimos ver más hasta que lo trajeron a vestirse a ese dormitorio”, detalló. Mientras tanto, estas personas buscaban armas “en toda la casa”: “Rompieron pisos, paredes, destrozaron muebles, amenazaron con quemar la casa si no les daban la información, e hicieron pozos por todos lados”. 

Todos esos destrozos los llegaron a ver recién tres días después, ya que, tras llevarse a su padre, instalaron una “ratonera” en su casa, es decir, quedó un grupo de militares vestidos de civiles viviendo allí durante algunos días. 

“Uno podía salir, pero ellos estaban a la espera de que llegara alguien, abrir la puerta y detenerlo”, contó.

Desde que se desarmó la “ratonera” en su casa, su familia comenzó a recorrer cuarteles y dejaban listas con los nombres de los desaparecidos. 

“Nunca apareció hasta el día de hoy, nadie lo vio”. Un tiempo después de que desapareciera su padre, “una persona de grado”, a quien Graciela, pese a la corta edad que tenía, dice que lo recuerda “muy bien”, fue a su casa y le hizo firmar un documento a su madre, “como que habíamos sido tratados todos bien”. 

“A partir de ahí, recién con el presidente Jorge Batlle (2000-2005), cuando se conforma la Comisión por la Paz, se reconoce que acá existen detenidos desaparecidos y es donde, por lo menos, podemos tener el avance de que nos den las partidas de nacimiento de ellos, con un sello donde dice que por tal ley es un detenido desparecido, o sea que su desaparición fue forzada y que no va a existir una partida de defunción hasta que no se encuentre su cuerpo”, manifestó, y sumó: “Eso implica que ese delito se sigue cometiendo hasta el día de hoy, y no va a prescribir hasta que no hallemos sus cuerpos”.

Sobre el informe que elaboró en su momento la mencionada Comisión para la Paz, dijo que la única información que les aportó sobre el caso de su padre fue que el hombre fue llevado al 300 Carlos en el galpón 4 del Servicio de Material y Armamento (SMA), que era donde se torturaba a los presos políticos, en los fondos de Batallón de Infantería número 13, el mismo donde hace dos años se frenaron las excavaciones por la presencia de cables de tensión eléctrica. 

Según lo que obtuvieron de la Comisión, su padre fue llevado al Batallón 14, donde fue sepultado. Luego lo desenterraron, lo quemaron y llevaron sus cenizas hasta Punta de Yegua, donde las esparcieron. “Todo un final romántico que nadie se lo cree”, concluyó.

“Sabemos por la mayoría de los presos políticos las atrocidades que hacían ahí”, agregó. 

La familia de Otermín Montes de Oca fue parte de los denunciantes en la causa contra el dictador Juan María Bordaberry (1973-1976) por asesinato especialmente agravado y desaparición. “Ahora nuevamente pensamos abrir la causa, tratando de que, con los archivos, consiguiendo nueva información, que se ha avanzado, se pueda saber algo de verdad”, contó Graciela.

Con solo 17 años se integró a la recién creada organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en 1983.

“Era muy joven, era la primera vez que podía hablar con alguien sobre lo que era un detenido desaparecido, porque nadie lo entendía cuando yo decía que mi padre no estaba vivo, pero que tampoco estaba muerto”, planteó.

De adolescente, Graciela se negaba a hablar de un “muerto” para referirse a su padre y cuenta que le costó mucho tiempo aceptarlo.

“Me cita Disnarda, que era señora de Óscar Tassino, en la parroquia Zufriátegui, a la cual fui muy temerosa”, recuera, y añade: “Me explica que todas teníamos un tema en común, que era que nos faltaba un familiar”.

Así, se integró como hija en un grupo que básicamente estaba integrado por madres, padres y esposas. Hoy, sin embargo, quedan pocas madres y el grupo está conformado por hermanos, hijos, “y ahora se sumaron los nietos”, acotó. “El colectivo es chico, el que se reúne, pero sabemos que somos muchos. Somos, como quien dice, una familia muy grande, con sus diferencias, pero con un tema y un amor comunes”, explicó, y agregó: “Inconsciente o conscientemente me negué a aceptar de que él estuviera muerto”.

“Hasta el día de hoy se sorprenden en donde trabajo, porque yo no ando diciendo: ‘Soy hija de un desaparecido”’, afirmó, y confesó que todavía le “cuesta ese diálogo”. 

“Por más que lo tenga hoy asumido, y no es porque me avergüence: muy orgullosa y con mucho amor busco a mi padre. Pero soy una ciudadana común. Realmente, como a todos los familiares, nos robaron parte de la vida”, cerró.