El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, se refirió a la iniciativa del Poder Ejecutivo de aprobar un decreto para que los entes públicos implementen lo dispuesto en la reforma del régimen de certificaciones médicas para funcionarios del Estado.

“El Gobierno plantea buscar fondos a través de las licencias médicas. Creemos que no se va a llegar a recaudar fondos con esto y de la manera que se plantea”, sostuvo Pereira en entrevista con En perspectiva, en referencia a que el Ejecutivo busca redistribuir fondos que se ahorren cortando abusos de licencias médicas.

En octubre del año pasado, el Parlamento aprobó la reforma del régimen de certificaciones médicas para los funcionarios del Estado, en el marco de lo que se establecía ya en la Ley de Rendición de Cuentas de 2021. Allí se fijó, como máximo, nueve días al año de licencia médica y, a partir del décimo, un subsidio por enfermedad del 75% del salario, con excepciones en los casos de embarazo, enfermedades crónicas o internación.

En cuanto a posibles abusos de funcionarios con las licencias, Pereira afirmó que “no es por una avivada contra el Estado”, sino que se trata de “una avivada contra su propio compañero, que queda en una situación de vulnerabilidad”.

“Existe un pequeño grupo de trabajadores que abusan de la certificación médica, con la que hemos sido tajantes: no deberían tener lugar en el Estado”, sentenció, y comentó que, dentro del sindicato, el tema “está arriba de la mesa y se trabaja en asambleas”.

“Hay muchas previsiones que no se han hecho por parte del Ejecutivo para poder aplicar las correcciones en las licencias, que entendemos va a ser muy difícil con su afán recaudatorio y no por corregir los abusos”, consideró.

Por ejemplo, en 2021, el gasto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por suplencias totalizó 154 millones de dólares, 4% superior al de 2020, lo que se vinculó a la mayor presencialidad en el sistema educativo en comparación con el primer año de la pandemia por covid-19. El presupuesto de la ANEP destinado a suplencias en 2022 fue equivalente a 1.225 millones de dólares, 9% de su presupuesto.

El sindicalista aludió a las cifras que se manejan oficialmente y expresó dudas con respecto a su gravedad.

“A veces los números no son tan alarmantes como se plantean. Si se saca al Ministerio del Interior, el sector público está al mismo nivel que el sector privado en certificaciones, dentro de la media de Uruguay”, explicó el presidente de COFE. A su vez, agregó que la cartera “dispara todos los números porque tiene 5.000 efectivos y un sistema de certificación propio”.

Además, manejó la idea de llevar un grado de vigilancia de los médicos responsables de la certificaciones, ya que “cada licencia tiene una firma profesional”.

“No es acusar a los médicos de corrupción ni mucho menos, pero igualmente se han dado certificaciones incorrectamente. Si un doctor es responsable del 80% de las certificaciones, vayamos a ver esa situación”, opinó.