Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y funcionaria del Banco de Previsión Social (BPS), se refirió este viernes a la reforma constitucional de la seguridad social impulsada por el Pit-Cnt.

“El origen principal radica en el año 1999 cuando, ya en el momento que las AFAP son ley en 1995, la ATSS impulsa también un plebiscito para eliminarlas, sin tener mayores argumentos sólidos como tenemos hoy, pero a sabiendas de que no era la solución para el trabajador, sino que era la privatización del dinero de los trabajadores”, aseguró en entrevista con En perspectiva.

La propuesta de la central sindical promoverá, entre otros puntos, que la jubilación mínima se equipare al salario mínimo, que la edad para jubilarse sea 60 años en vez de 65, y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), así como toda forma de ahorro previsional individual.

La sindicalista señaló que “sería poco inteligente ir en contra de una ley que tiene algunas cosas que son positivas”, en referencia a la Ley de Seguridad Social de 1996 (Ley 16.713). “Lo que está bien, queremos que quede”, indicó.

“La Ley 20.130 vino a profundizar la privatización del dinero de los trabajadores y a favorecer a las AFAP, y a perjudicar a los trabajadores”, dijo, en alusión a la reforma de la seguridad social realizada por el actual gobierno. “Nosotros como movimiento sindical y popular, y como trabajadores organizados, no le debemos nada a los partidos políticos”, afirmó.

“Ninguno de ellos ha logrado resolver el problema de las jubilaciones. Una persona no puede vivir con 17.000 pesos por mes, no puede”, sostuvo, y agregó que “los que toman las decisiones cobran 400 o 500 mil pesos”.

Con respecto al cambio en la edad jubilatoria, dijo que “cinco años más de trabajo no puede ser la única variable para sostener el sistema de jubilaciones y pensiones”. “Había que buscar otros puntos de financiamiento y no se hizo”, comentó.

Sosa aseguró que las personas que “promocionan como un desastre o un cataclismo económico” la situación financiera de la seguridad social, “seguramente estén ganando muchísimo más de 236 mil pesos, que es el precio que tiene la solidaridad en nuestro país”.

“Todas esas personas que se expresan en contra de trabajadores pobres y de jubilados pobres son personas que, por encima de 236 mil pesos, pagan cero pesos de aportes a la seguridad social, desde que se instaló el sistema mixto, en 1996”, afirmó.

En ese sentido, rechazó la categoría “déficit” para referirse al balance fiscal del BPS y las cajas previsionales. “No es un déficit, la seguridad social es un derecho humano, como la salud y la educación, y no veo a nadie discutir que hay que pagar menos en salud y educación”, dijo.

“Es muy valorable la opinión técnica, pero cuando se trata de derechos humanos, no hay que pensar tanto en términos económicos sino en términos sociales”, sostuvo Sosa. “Después de la jubilación está la muerte. Para nosotros no es gasto, es una inversión”, agregó.