Al final de la interpelación de este martes al ministro del Interior Nicolás Martinelli, la Comisión Permanente aprobó una moción, impulsada por el oficialismo, que respaldó la gestión del jerarca. Allí también consideró satisfactorias sus explicaciones, aunque aconsejó una serie de medidas a aplicar en el sistema carcelario.

En esos puntos, que también fueron apoyados por el Frente Amplio, se pidió la incorporación de “más cantidad de funcionarios y técnicos especializados”, “mejorar el equipamiento de los trabajadores civiles y policiales” y “medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras y personal”. También se planteó la “creación de un grupo interinstitucional que cree un protocolo de visitas para menores”.

La otra moción, presentada por la oposición, y que no prosperó, incluía la declaración de emergencia carcelaria y la conformación de un grupo interinstitucional para implementar acciones de urgencia sobre el sistema.

Martinelli fue llamado a sala a raíz del asesinato de seis reclusos en un incendio intencional ocurrido el mes pasado en la cárcel de Santiago Vázquez y por las denuncias públicas sobre visitas de menores de edad a agresores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles.

El foco de debate, sin embargo, fue ampliándose conforme avanzaba la sesión, que comenzó poco antes del mediodía y que se extendió hasta la noche.

Este martes, en En Perspectiva, Gabriela Rodríguez, presidenta de la asociación Familias Presentes, realizó la evaluación de esta sesión parlamentaria y también expuso sobre las falencias del sistema penitenciario.

Familias Presentes se creó en agosto de 2022 y, según Rodríguez, surgió por las “pésimas condiciones edilicias de los establecimientos, la escasez de alimentos y actividades que permitan el cumplimiento de las cárceles en Uruguay, cuyo objetivo es reeducar y no castigar”.

“Hoy, las cárceles nuestras no están sirviendo para lo que fueron creadas”, enunció Rodríguez en la entrevista con En Perspectiva. 

La organización comunitaria tiene un diálogo “permanente” con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y se ha comunicado con el Ministerio del Interior, incluido el ministro interpelado. 

Rodríguez detalló que, en enero de este año, la asociación se reunió con Martinelli a raíz de los acontecimientos del 27 de diciembre, donde fallecieron seis personas en un homicidio a causa de un incendio de “similares características” a lo ocurrido el 25 de setiembre.

“Intercambiamos y dejamos por escrito una serie de propuestas sobre cómo resolver los problemas a la interna de los organismos públicos ante la falta de reforzamiento de recursos materiales”, afirmó. 

A modo de ejemplo de estas propuestas, la presidenta de la organización sugirió que las condiciones edilicias consiguieran aportes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de acuerdos y convenios, o en lo que tiene que ver con la educación, ampliar la cobertura educativa en la cárcel, y otros organismos públicos que pudieran aportar al mejoramiento de las cárceles.

En referencia a dichas propuestas, estas estaban pensadas para los módulos 2, 3 y 4, a los que refirió como “módulos abandonados”. Al respecto, Rodríguez dijo que “el ministro escuchó”, pero no recibieron “una devolución”. 

Ante los hechos del mes de setiembre, Rodríguez confirmó haber tenido contacto con “algunos de los familiares de las personas fallecidas”. “Nuestro rol ahí estuvo en acompañar en el proceso de duelo y entendimos que cuando las personas estén en condiciones de hablar de eso, lo harán y en los ámbitos correspondientes”, añadió.