La Justicia accedió el miércoles al pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, y dispuso el cierre de fronteras para el fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral.

El próximo lunes habrá una audiencia judicial en la que se discutirán estas medidas y se fijará el plazo de su vigencia.

Rodríguez analiza más de 20 denuncias presentadas por inversores damnificados por la situación de Conexión Ganadera.

El juez de Concurso de Primer Turno, Leonardo Méndez, definió la intervención de tres empresas vinculadas a Conexión Ganadera: Etranil SA, Del Terruño SRL y Bamidal SA.

Según informó El País, la intervención de estas empresas implica un incremento del embargo contra Conexión Ganadera, que pasó de US$ 1,8 millones a US$ 10 millones.

En entrevista con En Perspectiva, Nicolás Hornes, abogado que representa a “aproximadamente 80 clientes damnificados por Conexión Ganadera”, dijo que su estrategia apunta primeramente a “conocer el patrimonio” de la empresa.

“La apuesta, en nuestro caso, no es por el proceso penal, sino que el vehículo será mediante acciones de recupero de ganado, que son las acciones que estamos realizando en este momento”, contestó.

“Salvo que el fiscal realice un acuerdo reparatorio, que sería la única forma de poder recuperar las inversiones por parte de los inversores —lo cual sería algo masivo y poco probable—, no sería el proceso penal el camino adecuado para recuperar el dinero, que es lo que entendemos que es la finalidad principal”, añadió el representante legal.

Hornes explicó que actualmente hay una “problemática falta de información”, tanto a nivel de patrimonio, como de cantidad y ubicación de los animales, además de su estado sanitario. 

“Ese debe ser el primer paso. Y el interventor asignado, con buen criterio, declaró que va a realizar inspecciones en los campos para identificar cuánto ganado hay y dónde está ubicado, y justamente cuál es el estado sanitario mismo. Nosotros en paralelo, en representación de nuestros clientes, estamos realizando la misma medida. Decidimos eso en su momento con República Ganadera y es la misma estrategia con este caso”, comentó Hornes.

El abogado dijo que solicitó acciones judiciales para la realización de inspecciones con colaboración de la Brigada Departamental Rural en paralelo a las del interventor, lo cual indicó lleva una “logística y complejidad importante” debido a que el ganado está ubicado en diferentes departamentos del país. 

“A pesar de la labor, consideramos que es importante identificar el ganado y el estado sanitario al mismo tiempo para que aquellos inversores que son propietarios de su ganado puedan retirarlos, efectivamente”, opinó Hornes.

A su vez, el representante legal de estos damnificados detalló que hay “información preocupante” respecto al proceso, ya que “se están realizando ventas en pantalla de ganado” cuando aún no se sabe si es ganado propio la empresa o ganado de los inversores.

“Por eso, de aquí la urgencia de ir concretando estas medidas que están en pleno proceso”, concluyó Hornes.