José Pereira, representante del sector empresarial en el Banco de Previsión Social (BPS), viene denunciando hace varios meses la situación que se está viviendo en muchos complejos habitacionales de ese organismo. Dijo que se trata de hechos “calamitosos” y “lamentables”, y definió que esos edificios son “cementerios de gente viva”.

Estas afirmaciones se realizaron en el marco de una presentación ante la Cámara Empresarial de Maldonado, en la que señaló que hay cerca de 400 viviendas del BPS sin habitar y que otras 350 sí están habitadas, pero por intrusos o “malvivientes”.

Para profundizar en el tema, el programa En perspectiva de Radiomundo se comunicó con el jerarca del organismo estatal.

En primer lugar, el director expresó que son soluciones habitacionales o complejos que buscan dar una ayuda a personas que en realidad no tendrían la posibilidad de acceder a una vivienda si no fuera por este tipo de políticas públicas. El problema es, según dijo, qué pasa una vez que son entregadas.

Las personas que acceden a ellas, según explicó, pasan por varias etapas donde se tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, topes salariales, ingresos económicos, entre otros, y una vez cumplidos se puede acceder a esta prestación. Aclaró que no pagan ningún tipo de alquiler, pero tampoco son propietarios, sino que son usuarios hasta el momento que fallezcan.

Según dijo, tampoco pagan por servicios. Allí lo que funciona es una empresa administradora que eventualmente se encarga del cuidado del lugar donde están, pero que en realidad no se paga por nada más.

“Pienso, por ejemplo, en el servicio de cuidado”, le preguntó uno de los periodistas, pero Pereira respondió que no se paga por eso y que es uno de los temas que generan las situaciones denunciadas porque se ven situaciones de indigencia.

“Nos ha pasado de llegar a algún complejo de visita y encontrarnos con gente que no se da cuenta de que puede estar sola o solo. En este caso estoy recordando un caso particular, donde ingresamos a la vivienda y llevaba varios meses sin luz y sin agua”, comentó, y agregó que son cosas que uno ve en los lugares donde se encuentra esta gente.

“El olor a abandono sale de la propia vivienda, uno ya se da cuenta. O llegar a un complejo y que vecinos del complejo te dicen: ‘No, hace tiempo que no sabemos nada [del morador]’. Bueno, tener que golpear, llamar, movilizar un poco la situación. Es, de alguna manera, una coyuntura que nos vamos encontrando en cada una de las de las recorridas”, añadió.

“Mostramos en esta charla imágenes de los complejos y claramente uno ve el abandono, la humedad y la humedad techo. Gente que no mostraba los recibos de jubilación y de repente están en 4.000 pesos por préstamos para poder arreglar a veces o solucionar temas directamente vinculados a la vivienda”, expresó.

Pereira reconoció que este es un tema que se viene arrastrando y que son datos que se vienen manejando en la interna del Banco de hace mucho tiempo. “Nosotros tratamos de estar por un tema de compromiso los lunes, martes y miércoles por temas de gestión en Montevideo y después tratamos de salir a recorrer y tener un mano a mano con cada una de las situaciones. Era algo que veíamos de afuera, una situación de un organismo enorme y bastante anárquica donde no se estaba directamente relacionado el tema”, comentó.

Finalmente, ejemplificó que en el norte, precisamente en Artigas, un complejo donde existen 118 complejos habitacionales, “ciento y algo ya no pertenecían” a las personas que les había otorgado el BPS y que en muchos casos vivían “intrusos o malvivientes” que estaban vinculados a “cosas no santas”.

Contó que el tema se habló a la interna del organismo, pero que la solución que encontraron fue traspasarlas al Ministerio de Vivienda, algo que consideró que no soluciona el problema, sino que lo traslada de un lado a otro. Al mismo tiempo, reconoció que la actitud del directorio del banco en ese momento fue “pasiva”.